Aprobaron proyecto de regularización de tierras en Santo Pipó

Fue aprobado por unanimidad el proyecto de ley de los diputados Cabral Arrechea y Mónica Alustiza, a partir del cual se declara de utilidad pública a varios inmuebles de Colonia La Pequeña, del municipio Santo Pipó, actualmente ocupados por más de 30 familias.

El autor del proyecto expresó que “se tiene como objetivo dar solución a un problema de muchos años que afecta a varias familias de productores agrícolas que se radicaron en los inmuebles descriptos en el proyecto, y a los que a través del tiempo no se les ha dado una solución adecuada”.

“Esto se enmarca dentro de la realidad de miles de productores y familias rurales de toda la provincia que durante varias décadas han explotado y trabajado la tierra sin que pudieran lograr la titularización de las mismas”, sostuvo Arrechea.

El diputado explicó que “esta situación nace a fines del siglo XIX y comienzos del XX cuando en Misiones, siendo territorio nacional y casi inexplorado, se otorgaron decenas de miles de hectáreas de tierra a personas físicas y empresas que residían en otras provincias o fueron adquiridas por esas personas en esa época, con el solo fin de extraer la madera nativa, para luego abandonarlas por completo, transformando en improductivas, antieconómicas y socialmente negativas, cientos de chacras en todo el territorio provincial”.

“Este es el caso de la empresa Laminadora Argentina Sociedad Anónima (L.A.S.A) que en la década del cincuenta se instaló en las trescientas hectáreas que se solicita expropiar, para extraer la madera nativa del monte y que una vez finalizada dicha explotación abandonaron el inmueble alrededor del año 1959, según la declaración de varios vecinos lindantes a dicho predio y que inclusive trabajaron en los obrajes de la empresa”, precisó Cabral Arrechea.

Señaló que “la regularización de los tenedores de la tierra en la provincia, y verdaderos artífices de su explotación y producción económica, tiene no sólo un contenido social, ético y de justicia social, sino además, un claro beneficio económico para el Estado provincial y la sociedad en general, toda vez que dichas tierras al ser trabajadas efectivamente generan, por un lado, un genuino ingreso de dinero al productor, generando asimismo numerosos puestos de trabajo, y por otro, dando al Estado una mayor recaudación impositiva y disminuyendo las erogaciones en asistencia social. Este doble carácter, de justicia social y dignidad para los productores y de beneficio económico para el Estado y la sociedad, torna insoslayable llevar adelante soluciones concretas”, remarcó.

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