La prioridad debería ser la Soberanía Alimentaria

Por Alejandro Rofman


El cultivo de la soja en la Argentina sigue siendo el centro de un debate crucial. Los que propician su creciente expansión aducen que es el principal motor de la dinámica exportadora y que ofrece una variada gama de recursos económico-financieros a las provincias que se favorecen con su cultivo.

Además, alegan que no presenta daños irreparables por el uso de los agroquímicos y omiten toda consideración sobre el perjuicio social y ambiental. Los que critican su presencia en la escena rural argentina hacen referencia a la expulsión de población rural, a las serias denuncias sobre perjuicios a la salud de los pobladores contiguos a las áreas de cultivo, al deterioro del suelo y a los procesos de especulación rentística-financiera. Rara vez se hace mención a que la única forma correcta de evaluar la presencia de la soja debería ser sobre la base de la soberanía alimentaria.
¿En qué consiste este principio? Apunta, en lo esencial, a establecer que la producción agrícola-ganadera nacional debe ajustarse, prioritariamente, a satisfacer las necesidades alimentarias de toda la población antes de reparar en comercializarla para satisfacer necesidades de otros países. Este principio aspira a salvaguardar la calidad de vida de la población del país y no los beneficios de un segmento reducido de agentes económicos altamente concentrados.
Ajustarse a ese principio supone que explotar el recurso tierra debe ser un proyecto compatible con la salud de la población y la preservación del medio ambiente.
Es muy sencillo observar que el requisito de alcanzar la soberanía alimentaria para nuestro modelo productivo agrario no está cumplimentado. Existe todavía entre un 3 y 5 % (según las mediciones) de habitantes en condiciones de indigencia. Este dato luce satisfactorio si se recuerda que tal condición social degradante subía al 27% en 2003. Hoy, tras la aplicación de la Asignación Universal por Hijo se redujo aún más la indigencia, pues sólo entre uno y dos millones de habitantes carecen de suficiente ingreso para alimentarse.
Al mismo tiempo, dado el modelo rentístico-financiero que domina la actividad sojera, se descuida la calidad nutricional del suelo, pues no se producen las necesarias rotaciones en los cultivos. A la vez, la extensión de la frontera agrícola sojera ha reducido seriamente la cantidad de pequeñas explotaciones en manos de productores familiares y ha destruido cientos de miles de hectáreas de bosques y montes en el norte del país.
Por último, la avidez de tierra rural para la producción sojera ha implicado una sustitución de procesos productivos agrarios, perjudicando la ganadería, la actividad tambera y otros cultivos competitivos como el algodón.
¿Cómo afirmar que es factible cumplir con el principio de la soberanía alimentaria sin afectar el nivel productivo total, el de las exportaciones y la macroeconomía en su conjunto? Es preciso avanzar decididamente en un programa de desarrollo integral del sector. En este sentido, hay avances significativos que es necesario ir consolidando y articulando.
En primer lugar, lograr que se concluya y se aplique el Plan Estratégico Agroindustrial y Agroalimentario, ya en plena marcha. Desde el ministerio respectivo se han producido consultas sectoriales, sociales y con universidades, que se deberán profundizar.
Es preciso sancionar una nueva Ley de Arrendamientos que consagre plazos mínimos, promueva la rotación de cultivos y desplace al capital especulativo financiero de la actividad. Iniciativas como la del Chaco, de implantación de experiencias colonizadoras asociativas, así como la profundización de la difusión del microcrédito rural y la Economía Social son de indispensable ampliación.
La soja, como monocultivo basado en la cultura de la especulación financiera y la agricultura de negocios, debe dar paso a una actividad de armónica convivencia con el ambiente social y físico que amplíe la diversificación productiva.

– Investigador Principal del CONICET

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