Afip detectó campamentos precarios de yerbateros en Caraguatay

La Administración Federal de Ingresos Públicos detectó en operativos realizados en dos establecimientos agrarios de Misiones y Corrientes, 24 empleados no declarados, algunos de ellos menores de edad, y que vivían en pésimas condiciones habitacionales, sin los mínimos servicios sanitarios ni de seguridad laboral. Uno de los procedimientos, realizado junto al personal del Ministerio de Trabajo, tuvo lugar en un establecimiento yerbatero de Colonia Caraguatay, donde de los 11 trabajadores, 6 estaban “en negro”. Además, vivían en una casona abandonada de ladrillos y pisos de tierra y en carpas de nylon asentadas en el mismo predio. No contaban con agua ni luz eléctrica, tampoco tenían baños ni botiquín.

Además, no poseían elementos de seguridad para su trabajo.
Estos elementos son: los cascos, guantes, ropa y zapatos de trabajo eran de propiedad de los trabajadores y las herramientas que eran provistas por la contratista, se les descontaban del salario.
Otro operativo de las mismas características se concretó en el paraje Cuatro Bocas, en Corrientes, donde de los 21 trabajadores dedicados a la forestación y al corte de madera, 18 no se encontraban debidamente declarados, de los cuales 3 eran además, menores de edad.
En este caso, los empleados vivían en el mismo predio, en viviendas precarias, fabricadas con madera de descarte, techos y paredes de chapas de cartón, con pisos de tierra, y dormían hacinados en improvisados camastros.
Según declararon los trabajadores, trabajaban 10 horas diarias en promedio y la remuneración de quienes tenían recibo oscilaba entre los $500 y $700, sobre los que la patronal efectúa descuentos por provisión de comida, combustibles, aceite para las sierras y otros elementos de trabajo.
Allí tampoco había agua potable ni baños, ni poseían cascos ni las ropas especiales necesarias para su trabajo y tenían prohibido tanto salir del predio como recibir visitas.
Ambos casos fueron debidamente denunciados penalmente y se solicitó la intervención de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Desarrollo Social.

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