Molineros de Corrientes consiguieron que un juez federal ordenara la suspensión de la limitación de plantaciones de yerba dispuesta por el INYM

De esta manera, la resolución del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) que establece un límite a las nuevas plantaciones sufrió un nuevo revés judicial, de nuevo por parte del juez federal de Paso de los Libres -Corrientes- Gustavo Fresneda, a quien en esa provincia señalan como muy cercano al gobernador radical Gustavo Valdés y al senador del mismo partido, Ricardo Colombi.

El INYM había emitido la Resolución 170 a mediados del año pasado, como respuesta a un pedido histórico de los pequeños y medianos productores y secaderos que exigían una medida que establezca un orden a efectos de evitar las periódicas crisis por sobreoferta de materia prima que tienen efectos nefastos para el sector primario.

limitación de plantaciones de yerba
Qué resolvió el juez federal de Paso de los Libres Gustavo Fresneda con respecto a la Resolución 170 del INYM.

La medida dispuesta por el INYM recibió un respaldo unánime de productores, trabajadores rurales, además de una gran parte de las cooperativas y secaderos, pero fue resistida por la molinería, que usualmente se beneficia cuando la oferta de hoja verde supera a la demanda porque los precios de esta materia prima caen cuando ello ocurre.

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La primera en recurrir a la justicia para frenar la resolución del INYM fue la yerbatera misionera La Cachuera, que comercializa productos de la marca Amanda. Lo hizo a través de un recurso de amparo presentado al juez Fresneda, que hizo lugar al pedido a pesar de que la empresa tiene su sede central en Misiones y que la sede del instituto yerbatero también está en esa provincia.

Por el mismo camino transitaron las empresas nucleadas en la Asociación de Molineros de Corrientes, integrada por Establecimiento Las Marías SACIFA, Navar SA y la Cooperativa Liebig, propietarias de marcas como Taragüi, Primicia y Playadito.

Además, impuso como contracautela, una caución real de dos millones de pesos y estableció como vigencia de la medida cautelar un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación de la misma, pudiendo ser prorrogada por otros seis meses.

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