El gobierno de Javier Milei desafió al Congreso y la Justicia al avanzar con el pase a disponibilidad de más de 280 trabajadores de organismos autárquicos, ignorando una orden judicial y una votación del Senado que derogó el decreto que impulsaba su intervención. Esta decisión, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, ha generado controversia y rechazo entre los trabajadores afectados.
El gobierno de Javier Milei, en una controvertida decisión, desafió la autoridad del Congreso y la Justicia al proceder con el pase a disponibilidad de más de 280 trabajadores de organismos dependientes de la Secretaría de Agricultura, entre ellos el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Esta medida, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, se anunció a pesar de una orden judicial que prohibía cualquier cambio y una votación del Senado que derogó el decreto que impulsaba la intervención de estos organismos.
La resolución de Caputo, publicada en el Boletín Oficial, pasó a disponibilidad a empleados públicos del INTA, así como a integrantes del Instituto Nacional de Semillas (Inase) y del Instituto de Vitivinicultura (INV). Entre los afectados está Ariel Pereda, director nacional del INTA. Pereda y otros 600 trabajadores del INTA habían viajado a la Plaza de los Dos Congresos para presenciar la votación del Senado, que culminó en la derogación del decreto 462/2025, inicialmente impulsado por Milei con el respaldo del ministro Federico Sturzenegger.
El Senado, con una mayoría notoria, rechazó el decreto que buscaba intervenir en organismos autárquicos, una decisión que se alineó con el fallo de la justicia federal de San Martín. Este fallo, resultado de un recurso de amparo presentado por los gremios del INTA, ordenaba al Poder Ejecutivo abstenerse de realizar cambios durante seis meses. Sin embargo, el Poder Ejecutivo ignoró tanto la votación como el fallo judicial al proceder con la resolución.
Contexto y antecedentes
La resolución, fechada el 21 de agosto, se adoptó después del fallo judicial y posiblemente tras la votación del Senado. El documento comienza mencionando el decreto 462, que proponía la disolución de algunos organismos y su reestructuración bajo la Secretaría de Agricultura. Este decreto, junto con otras normas firmadas por Milei y Caputo, había sido ya cuestionado por la Cámara de Diputados, anticipando el rechazo que luego se confirmó en el Senado.
La justicia, tras aceptar un recurso de amparo de los trabajadores, extendió la medida cautelar al INTA, obligando al Ejecutivo a abstenerse de acciones administrativas al amparo del decreto cuestionado. Sin embargo, la resolución de Caputo avanza en la dirección opuesta, iniciando lo que algunos funcionarios afectados consideran como “una clara provocación”.
La resolución especifica que el personal afectado queda en situación de disponibilidad, limitando sus derechos laborales y beneficios. Además, establece restricciones sobre licencias y asignaciones de funciones, impactando directamente en las condiciones laborales de los afectados. Estas decisiones reflejan una intención del gobierno de controlar los organismos autárquicos, aunque no ha detallado públicamente los cambios propuestos.
Documentos filtrados sugieren que el gobierno busca reducir el personal del INTA en un 25%, pasando de 6,000 a 4,500 empleados, y vender campos experimentales. Sin embargo, la falta de transparencia en estos planes ha generado incertidumbre y resistencia entre los trabajadores y el público.
La medida ha desatado un fuerte rechazo entre los trabajadores y sindicatos, quienes ven en esta acción una violación a los derechos laborales y una provocación a las instituciones democráticas. La tensión entre el Poder Ejecutivo y los otros poderes del Estado se ha intensificado, abriendo un debate sobre los límites del poder y el respeto a las decisiones democráticas.
La decisión del gobierno de Milei de avanzar con el pase a disponibilidad de trabajadores de organismos autárquicos, desafiando fallos judiciales y votaciones del Congreso, ha generado controversia y preocupación sobre el respeto a las instituciones y los derechos laborales en Argentina.
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