Productores, tareferos y cooperativas de Misiones presentaron una medida cautelar ante la Justicia Federal para exigir que el Poder Ejecutivo designe un presidente en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Denuncian incumplimiento de deberes, desobediencia judicial y abuso de autoridad por parte del Gobierno nacional.
Productores, tareferos y cooperativas de Misiones avanzaron con una medida judicial que busca frenar lo que definen como un “vaciamiento” del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). El miércoles 24 de septiembre firmaron un documento colectivo solicitando una cautelar innovativa que intime al presidente Javier Milei a designar de manera urgente a la máxima autoridad del organismo.
“Estamos presentando una petición de una medida cautelar a los fines de que el juez nacional en lo criminal y correccional número 2 de Buenos Aires, Dr. Ramos, dicte una intimación al Poder Ejecutivo Nacional para que designe al presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate”, explicó el abogado de la causa, Federico Padolsky.
La presentación, respaldada por productores, tareferos, cooperativas y asociaciones yerbateras, se formalizó frente a la sede del INYM en Posadas, con el acompañamiento del ministro del Agro de Misiones, Facundo López Sartori, y del subsecretario de Asuntos Yerbateros, Julio Petterson. El escrito lleva la firma de referentes del sector como Jorge Skripczuk, Waldemar Schwider, Ana Cubillas, Hugo Sand, Salvador Torres, Julio y Diego Petterson, entre otros.
El reclamo surge en un marco de tensión con el Gobierno nacional tras el Decreto 70/2023, que eliminó facultades clave del INYM, como la fijación de precios para la materia prima. Aunque en enero de 2024 la Justicia Federal de Posadas suspendió los efectos del decreto y restituyó esas funciones, el Poder Ejecutivo no designó a un presidente, lo que mantiene paralizado al organismo.
“Al estar vigente la resolución que suspendió el capítulo yerbatero del decreto 70/2023, el INYM recuperó sus atribuciones. Sin embargo, la falta de designación de su presidente genera un vacío institucional que debilita su funcionamiento”, remarcó Padolsky.
El abogado recordó que en marzo de este año ya se había radicado una denuncia penal contra Milei en Oberá por incumplimiento de los deberes de funcionario público. “Ahora, además de ese delito, nos encontramos con una posible desobediencia judicial y con un abuso de autoridad, porque el decreto en cuestión carece de la necesidad y urgencia que invocó el Poder Ejecutivo”, señaló.
Los fundamentos de la nueva medida cautelar apuntan a que el DNU 70/2023 favoreció al “oligopolio yerbatero” en detrimento de pequeños productores y tareferos. “El año pasado hubo una transferencia de $140.000 millones desde la producción primaria hacia las grandes empresas por el derrumbe de precios de la materia prima. Esto generó un cuadro de indigencia en más de 12.000 productores familiares y 15.000 cosecheros”, detalló Padolsky.
El documento colectivo presentado ante la Justicia sostiene que los funcionarios nacionales habrían incurrido en usurpación de autoridad, abuso de autoridad, desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público. “Son delitos que están provocando graves daños al sector yerbatero y al proyecto de vida de miles de familias agrarias”, afirman los firmantes.
El escrito advierte también sobre un impacto social profundo: pérdida del acceso a la canasta básica, precarización del trabajo tarefero, migraciones forzadas y destrucción del tejido comunitario. “Al privar a las familias de un ingreso digno, el Poder Ejecutivo las coloca en situación de inseguridad alimentaria crónica, comprometiendo su derecho a una vida digna”, se lee en la presentación.
Padolsky subrayó que la reacción del Gobierno nacional frente a esta nueva medida es incierta. “No sabemos cómo puede llegar a reaccionar el Ejecutivo. Lo que pedimos es que la Justicia resuelva si corresponde intimar o no al presidente de la Nación. Si la intimación se dicta y no se cumple, estaríamos frente a un nuevo delito pasible incluso de un juicio político”, expresó.
Con esta iniciativa, productores, tareferos y cooperativas refuerzan la estrategia judicial que vienen impulsando desde inicios de 2024. El sector busca restablecer el pleno funcionamiento del INYM, una institución creada hace más de dos décadas tras históricas movilizaciones, y que consideran clave para la defensa de la producción primaria y de la economía regional yerbatera.
“El INYM es fruto de la lucha social y agraria de Misiones. Hoy vuelve a estar en riesgo por políticas que privilegian a los grandes grupos concentrados. Por eso recurrimos a la Justicia: para que se cumpla la ley y se respete la dignidad de los productores y trabajadores”, concluyó Padolsky.
Yerba mate | El sector se siente “defraudado” por las políticas nacionales y advierte que podría desaparecer la chacra familiarhttps://t.co/soDWumfyUa
— misionesonline.net (@misionesonline) September 25, 2025
