En un giro político y regulatorio de fuerte impacto para el sector agroindustrial del Nordeste argentino, la decisión del gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, de impulsar la modificación de la Ley de Promoción de Bioinsumos para dejar sin efecto la prohibición absoluta del uso del glifosato, ha generado un cerrado respaldo de las principales organizaciones de la producción y la industria. La medida busca desarticular una veda que generaba severas dificultades operativas y comerciales en las economías regionales de la provincia, abriendo una nueva etapa de diálogo técnico y previsibilidad económica.
El debate, que durante años mantuvo en vilo a los productores misioneros, encuentra un punto de inflexión con este proyecto gubernamental. Entidades de la producción primaria, el comercio y la foresto-industria que previamente habían advertido sobre los riesgos de una prohibición sin alternativas viables, manifestaron su apoyo a la decisión oficial. Entre los actores que expresaron su conformidad se destacan la Asociación Forestal Argentina (AFOA), la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones (FARM), la Confederación Económica de Misiones (CEM), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y del Norte de Corrientes (APICOFOM).
El reclamo de las entidades y la búsqueda de alternativas con base científica
La resistencia del sector productivo a la prohibición estricta del glifosato no es nueva. Ya en el año 2025, un amplio arco de actividades nucleado en la CEM había advertido públicamente sobre la necesidad de revisar la normativa. El argumento central de la entidad empresaria radicaba en que, hasta ese momento, no se había desarrollado ni validado un reemplazo biológico que demostrara una eficacia real, escala comercial y accesibilidad económica adecuada para las condiciones agroecológicas y climáticas de la provincia de Misiones.
La tensión regulatoria llegó incluso a los estrados judiciales. La Sociedad Rural Argentina había presentado un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuestionando la constitucionalidad de la prohibición. Tras el anuncio del gobernador Hugo Passalacqua, la entidad celebró la medida por considerar que restituye herramientas clave para el manejo de los cultivos y devuelve certidumbre a las decisiones de inversión a largo plazo.
Por su parte, la FARM remarcó que, si bien la provincia debe transitar hacia esquemas productivos cada vez más sustentables, dicho proceso requiere de un sustento técnico sólido, alternativas de manejo biológico debidamente comprobadas y condiciones que resulten económicamente viables para el productor. La federación recordó que actividades troncales para la economía misionera como la yerba mate, el té, la forestación, la ganadería y la agricultura familiar presentan dinámicas diversas que exigen herramientas adaptadas a la realidad del terreno.
El impacto en la cadena forestal y la necesidad de previsibilidad
El sector foresto-industrial, uno de los principales motores de generación de empleo y divisas en la región, también fundamentó la necesidad de contar con el herbicida. Desde la AFOA se explicó que el glifosato sigue siendo un insumo indispensable para el control de malezas en fases críticas del establecimiento de los macizos forestales. La entidad técnica señaló que, en la actualidad, no existen sustitutos de eficacia equivalente que hayan demostrado resultados comparables bajo las rigurosas condiciones climáticas y de suelo de Misiones.
La CEM sintetizó el aprendizaje de este proceso al sostener que las decisiones que afectan al desarrollo agropecuario, forestal y económico de la provincia deben estructurarse a partir del consenso multisectorial y de la evidencia científica, evitando sesgos ideológicos en la formulación de políticas públicas.
En este sentido, el debate sectorial apunta a superar falsas dicotomías que oponen producción y medio ambiente. El presidente de la Asociación Forestal y Ambiental de Misiones, Nicolás Ocampo, señaló que el verdadero desafío consiste en abandonar posiciones extremas y construir una política que proteja la salud y el ambiente sin destruir la producción, el empleo y la competitividad de quienes trabajan en la provincia.
Hacia una transición productiva gradual y regulada
La derogación de la prohibición no implica el abandono de los objetivos de sustentabilidad ambiental, sino un cambio de estrategia metodológica. Los referentes del sector coinciden en que la adopción de bioinsumos debe promoverse mediante la investigación, el desarrollo tecnológico, la extensión agrícola, incentivos económicos y una fiscalización eficiente en todo el territorio, en lugar de imponerse por vía de prohibiciones directas que pongan en riesgo la viabilidad de las explotaciones.
La adecuación de la normativa abre una agenda de trabajo enfocada en establecer protocolos rigurosos de aplicación de fitosanitarios, capacitación de operarios, trazabilidad de los productos y un rol activo de la ciencia aplicada para determinar cómo, dónde, cuándo y en qué dosis se deben utilizar estas tecnologías químicas para minimizar su impacto ambiental mientras se desarrollan alternativas biológicas competitivas.
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