En una decisión clave para el sostenimiento de la mano de obra en las economías regionales, el Gobierno nacional oficializó la prórroga por un año del Decreto 514/2021, la normativa que establece la compatibilidad entre el empleo rural registrado y la percepción de determinados programas y prestaciones sociales. La extensión de este régimen se concretó tras las intensas gestiones impulsadas por el gobernador de la provincia de Misiones, Hugo Passalacqua, quien formalizó el pedido ante las autoridades centrales para evitar un impacto negativo sobre miles de familias dedicadas a las tareas del campo durante los meses de receso productivo.
La medida fue ratificada mediante la publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina del Decreto 1204/2026. Esta norma dispone que el régimen laboral y social de excepción, junto con todas sus herramientas complementarias y aclaratorias, mantendrá su vigencia por el término de doce meses adicionales, contabilizados de manera retroactiva a partir del 1° de septiembre de 2026. La resolución busca dar certidumbre a la mano de obra estacional en momentos de vulnerabilidad financiera derivados de la estacionalidad propia de los ciclos agrícolas.
Mecanismos del régimen de empleo y protección social
El marco normativo extendido tiene como objetivo central promover la formalización del empleo en el ámbito agropecuario y garantizar la cobertura de la seguridad social para los trabajadores contratados bajo modalidades temporales y eventuales. A través de este mecanismo, los operarios rurales que son contratados en blanco bajo las formas contempladas por la ley conservan la titularidad de sus planes y asistencias estatales, eliminando el desincentivo a la registración que históricamente generaba el temor a perder los beneficios sociales al momento de ingresar a la nómina formal.
Asimismo, el esquema estipula un piso de protección de ingresos para las familias rurales. De acuerdo con las disposiciones vigentes, se garantiza que el monto total percibido en concepto de asignaciones familiares por estos trabajadores registrados no sea, en ningún caso, inferior al equivalente del 100% del valor nominal de la Asignación Universal por Hijo (AUH), bajo los parámetros fijos de la normativa complementaria aplicable al sector.
El impacto en la cadena yerbatera y la intercosecha
El trasfondo de la prórroga responde directamente a una presentación enviada a mediados de agosto por el gobernador Hugo Passalacqua al secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Julio Gabriel Cordero. En dicha misiva, formulada antes del vencimiento original pautado para el 1° de septiembre, el mandatario provincial fundamentó la urgencia del pedido en la estructura socioproductiva regional, señalando enfáticamente la alta dependencia de la cadena de la yerba mate, sector en el cual la jurisdicción misiones ostenta el 87% de la superficie cultivada del país.
En el texto remitido al funcionario nacional, Hugo Passalacqua subrayó la problemática que enfrentan los cosechadores y trabajadores de campo durante la interzafra: “En vistas de ello realizo la presente solicitud, por ser la actividad de la Yerba Mate uno de los principales motores del producto bruto Geográfico de la región, motor de la economía y nace del arduo trabajo de los tareferos, que por problemas estructurales de nuestras economías regionales en los meses de receso (octubre a marzo) de la actividad, esta mano de obra es de difícil inserción laboral”.
Finalmente, se destacó que la provincia de Misiones ya había dispuesto de manera previa la homologación de sus propios programas de empleo locales para que funcionen en simetría con el marco regulatorio de la Nación. Con la ratificación del Decreto 1204/2026, las administraciones nacional y provincial mantienen alineada la articulación entre las políticas de contención social y los esquemas de trabajo registrado, protegiendo los ingresos directos del universo de tareferos y trabajadores rurales estacionales en el territorio.
