Durante una reunión en la Cámara de Diputados de la Nación, referentes del sector yerbatero cuestionaron la desregulación impulsada por el Gobierno nacional, denunciaron la caída del precio de la hoja verde, pagos en cuotas, migración de trabajadores a Brasil y un fuerte deterioro social en las chacras misioneras.
La crisis que atraviesa el sector yerbatero llegó este jueves a la Cámara de Diputados de la Nación, donde productores, cooperativistas, tareferos y representantes de distintas entidades expusieron las consecuencias que, según denunciaron, provocó el DNU 70/23 y la desregulación del mercado de la yerba mate.
La reunión se realizó en el marco de la comisión de Economías y Desarrollo Regional y estuvo atravesada por fuertes críticas hacia el Gobierno nacional, el funcionamiento actual del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y la caída del precio de la hoja verde.
Uno de los primeros en tomar la palabra fue Ángel Ozeñuk, referente yerbatero de la zona norte de Misiones, quien comparó los costos productivos antes y después de la desregulación. “En 2023 un productor necesitaba dos kilos de hoja verde para comprar un litro de gasoil. Hoy necesita 11,5 kilos. ¿Cómo quieren que sobreviva un productor en la chacra con un precio miserable?”, cuestionó.
El productor recordó además que en abril de 2023 la hoja verde se pagaba alrededor de 400 pesos puesta en secadero y pidió “ser racionales y responsables” al momento de tomar decisiones sobre el sector. También describió el proceso productivo de la yerba mate, desde la semilla hasta una planta lista para cosecha, que demanda alrededor de cinco años. “Todo eso tenemos que aguantar para ver si nos pagan un precio justo”, expresó.
Por su parte, Ana Rosa Cubilla, secretaria general del Sindicato Único de Obreros Rurales de Misiones, expuso la situación que atraviesan los tareferos y denunció que las paritarias no se cumplen. “La tonelada debería pagarse 79 mil pesos, pero están pagando 50 o 55 mil”, sostuvo.
Cubilla explicó además que los trabajadores rurales cobran por producción y no por salario fijo, lo que agrava aún más la situación. “Un tarefero no cosecha una tonelada por día. Saca 400 o 500 kilos. Con suerte gana 25 mil pesos”, indicó.
Durante su intervención, también alertó sobre las consecuencias sociales de la crisis. “Nuestros chicos dejaron la secundaria para ir a tarefear”, lamentó. Y agregó: “Se destruye la familia. Tenemos una provincia deshabitada por culpa del bendito DNU”.
La productora Luisa Fleitas también cuestionó las diferencias en los pagos que reciben productores según el destino de la producción y respondió a las declaraciones del presidente del INYM, Rodrigo Correa, quien había asegurado que existen mejores precios vinculados a la calidad de la materia prima.
“No es por calidad. Las cooperativas están pagando 380 pesos, pero al productor común le pagan 220 o 260 pesos y en 30, 60, 90 o hasta 120 días”, sostuvo Fleitas.
Además, rechazó los planteos sobre una posible reconversión productiva. “Es fácil hablar de cambio desde un escritorio. Me gustaría que hagan camino de territorio”, expresó.
En la misma línea, el ingeniero agrónomo y exdirector del INYM, Denis Bocher, cuestionó el rumbo adoptado por Nación y advirtió sobre la falta de herramientas de control en el sector. “Nos preguntamos si están tan mal informados o, más preocupante aún, si lo hacen a propósito”, afirmó.
Entre las propuestas que presentó se encuentran la implementación de estampillas digitales, mayor control de la corresponsabilidad gremial, líneas especiales de crédito para productores y la creación de una “pizarra de precios” que permita transparentar el valor que se paga en las distintas zonas productivas.
Desde APAM, Hugo Sand apuntó directamente contra el Gobierno nacional y reclamó la inconstitucionalidad del DNU 70/23. “¿Dónde están los estudios que hicieron para arrojar a la miseria a todos los productores?”, preguntó.
También hubo cuestionamientos sobre las formas de pago actuales. El productor Luis Andruczyszyn sostuvo que “en dos semanas el precio cayó un 70%” tras la desregulación y definió el decreto como “una emboscada”.
“Este decreto 70/23 fue como una emboscada para nosotros”, afirmó. Además, denunció el crecimiento de los pagos diferidos y recordó que en góndola la yerba mate se paga al contado mientras que al productor le pagan “a 30, 60, 90 o hasta 120 días”.
“Cuando vamos a comprar un paquete de yerba pagamos al contado. ¿Cómo puede ser que a nosotros nos paguen en diferido?”, cuestionó. Y agregó: “Hoy hay productores llenos de cheques sin fondo y no saben qué hacer”.
Durante la jornada también participaron representantes de cooperativas, asociaciones yerbateras y funcionarios vinculados al sector, en una reunión que dejó expuestas dos visiones completamente opuestas sobre el presente y el futuro de la actividad yerbatera en Misiones.
El presidente de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones (FedeCoop), Edgardo Hein, advirtió sobre el impacto social que atraviesa el sector y defendió la necesidad de herramientas de regulación para equilibrar el mercado. “Cuando defendemos al pequeño y mediano productor y a las cooperativas estamos defendiendo nuestro tejido social”, afirmó.
Además, sostuvo que la regulación no debe limitarse únicamente a la fijación de precios. “La regulación es tener mecanismos que permitan ordenar la oferta y la demanda para evitar la sobreoferta”, expresó.
También expuso Susana Cuadra, productora yerbatera de Colonia Itatí, quien puso el foco en el rol invisibilizado de las mujeres dentro de la actividad. “Al lado de cada productor hay una mujer que nadie contó y un hijo que tampoco contaron”, manifestó.
Durante su intervención, además, cuestionó los discursos de algunos funcionarios y representantes industriales presentes en la comisión. “Yo escuchaba a los que hablaban y me preguntaba: ¿será que caminaron en el rosado? ¿Será que caminaron en la tierra colorada?”, lanzó.
Por su parte, Jorge Skripczuk, presidente de la asociación civil Impulso Yerbatero, recordó los indicadores positivos que registraba la actividad durante los años de funcionamiento pleno del INYM y reclamó condiciones mínimas para el sector. “No pedimos mucho, pedimos un precio justo y digno”, sostuvo.
Productores yerbateros expusieron en Diputados la crisis: caída de precios, pagos en cuotas y éxodo por DNU 70/23. Lo califican de "emboscada". 🌿📉https://t.co/bsiRo7H7Ki#Yerbatera #CrisisArgentina #DNU pic.twitter.com/QWukhJuPZB
— misionesonline.net (@misionesonline) May 21, 2026
