En un giro político de relevancia para el sector agroindustrial y el ordenamiento territorial del país, el Gobierno Nacional decidió retirar del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada el capítulo específico que habilitaba la venta de tierras rurales a capitales extranjeros. Según reportaron los medios nacionales La Nación e Infobae, la definición se tomó de urgencia tras una reunión clave que la jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, mantuvo con los bloques de la oposición dialoguista. El objetivo primordial de esta concesión política fue destrabar el debate legislativo y garantizar la realización de la sesión en la Cámara alta.
El recorte del texto original responde de manera directa a la falta de los 37 votos necesarios para sancionar la iniciativa en el Senado, un proyecto de fuerte impronta desreguladora que venía siendo impulsado de forma activa por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El escenario para el oficialismo se tornó inviable durante la mañana del miércoles, cuando dos gobernadores tradicionalmente aliados al Gobierno, el tucumano Osvaldo Jaldo y el neuquino Rolando Figueroa, anunciaron públicamente que sus senadoras —Beatriz Ávila y Julieta Corroza, respectivamente— votarían en contra del capítulo de extranjerización. A estas deserciones críticas se sumó la de la senadora salteña Flavia Royón, legisladora que responde políticamente al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.
La resistencia interna y el escenario en la Cámara alta
El rechazo al proyecto no provino únicamente de los bloques provinciales, sino que caló hondo en los partidos tradicionales de la oposición dialoguista. En el bloque de la Unión Cívica Radical, la resistencia ya se encontraba consolidada por los senadores Maximiliano Abad (Buenos Aires), Daniel Kroneberger (La Pampa) y Flavio Fama (Catamarca). Este último, por motivos de salud que le impidieron viajar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitó formalmente la autorización para emitir su voto de manera virtual. Dicho pedido se encuadró en los mismos términos excepcionales que fueron autorizados para la senadora Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), quien cursa un embarazo de 32 semanas.
La postura del pampeano Kroneberger tuvo un efecto dominó inmediato dentro de la Cámara, repercutiendo de manera directa en el bloque del Pro. Allí, su comprovinciana, la senadora María Victoria Huala, manifestó sus reparos a votar en soledad a favor del cuestionado capítulo, lo que terminó de quebrar la cohesión del espacio en torno a este punto de la ley.
La propuesta que el Gobierno debió retirar mantenía la prohibición de compra de tierras rurales por parte de Estados extranjeros, pero introducía una flexibilización sustancial: permitía la adquisición de parcelas a personas jurídicas con participación estatal extranjera directa o indirecta, siempre y cuando estas contaran con la autorización formal de la provincia donde se ubicara el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional. Con la eliminación de este articulado, el oficialismo busca asegurar el avance del resto del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada para lograr su media sanción y posterior remisión a la Cámara de Diputados.
La grieta gremial: Posturas encontradas en el arco agropecuario
La posibilidad de extranjerizar la tierra rural argentina había despertado profundas diferencias entre las principales entidades gremiales del campo. Por un lado, la Sociedad Rural Argentina se había manifestado a favor del proyecto gubernamental que finalmente fue desechado. Durante el tradicional discurso de apertura de la 138° Exposición Rural, el presidente de la entidad, Nicolás Pino, fijó la postura institucional señalando que se debe respetar la libertad de “cada propietario para decidir el destino y uso de su tierra”.
En su alocución, Nicolás Pino puntualizó de forma técnica que cualquier marco regulatorio que pretenda normar sobre la tenencia de tierras debe, necesariamente, reconocer y contemplar las “diversas realidades productivas, ambientales y geográficas” que caracterizan y diferencian al extenso territorio argentino.
En la vereda opuesta, la Federación Agraria Argentina ratificó su histórica postura de corte nacionalista y proteccionista sobre los recursos naturales. Desde la conducción de la entidad federada expresaron formalmente de cara al debate legislativo: “Ratificamos nuestra posición en defensa de una Ley de Tierras que preserve el control del Estado sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y garantice la protección de los recursos naturales estratégicos de la Nación”.
A través de un comunicado emitido por su Consejo Directivo, la entidad que nuclea a los pequeños y medianos productores resolvió enfatizar: “Desde FAA creemos que la discusión no pasa por la defensa de la propiedad privada, que es un derecho plenamente garantizado por nuestra Constitución Nacional y por el Código Civil. El verdadero debate que se debe plantear es cómo preservamos la soberanía sobre recursos estratégicos como la tierra, el agua y otros bienes naturales esenciales para la producción, el ambiente y el desarrollo de las futuras generaciones”.
