En una sesión clave para el andamiaje económico de la principal economía regional del Nordeste Argentino, la Cámara de Representantes de Misiones aprobó un proyecto de comunicación dirigido a mitigar la pérdida de rentabilidad de los productores de hoja verde. La iniciativa parlamentaria solicita formalmente al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) que reasigne una porción de los recursos recaudados mediante la tasa de fiscalización y la venta de estampillas para compensar los costos de la tarifa sustitutiva derivada del Convenio de Corresponsabilidad Gremial.
El proyecto, que quedó registrado bajo el expediente número D-70.917-2026, fue impulsado por el diputado Héctor “Cacho” Bárbaro y recibió el respaldo de una amplia mayoría del cuerpo legislativo misionero. No obstante, la propuesta no logró la unanimidad, cosechando el rechazo cerrado del bloque de La Libertad Avanza, que se opuso firmemente a la afectación de los fondos del organismo regulador para estos fines.
La brecha de rentabilidad y la asimetría de costos en la zafra
Durante la fundamentación de la propuesta en el recinto, el diputado Héctor “Cacho” Bárbaro expuso con cifras precisas el deterioro financiero que atraviesan los colonos misioneros durante la presente zafra, caracterizada por una retracción en los volúmenes de producción y un incremento desproporcionado de los costos fijos. El legislador del Partido Agrario y Social trazó una comparación histórica para ilustrar la pérdida de sustentabilidad del eslabón primario de la cadena de valor.
“Entonces el productor realmente no quiere más pagar la tarifa sustitutiva porque representa mucho de lo que él gana”, afirmó Héctor “Cacho” Bárbaro. El legislador detalló que, en el año 2023, la tarifa sustitutiva se ubicaba en 13 pesos por kilo de hoja verde, mientras que el precio percibido por el productor por esa misma unidad de materia prima rondaba los 280 pesos, representando un impacto del 4,64% sobre el ingreso bruto del colono. En contraste, el escenario actual muestra una distorsión severa: la tarifa sustitutiva ascendió a 44 pesos por kilo, mientras que el precio de la hoja verde se desplomó a un promedio de 110 pesos, elevando la incidencia del componente gremial a un crítico 40% del ingreso del productor.
Ante este cuadro tarifario, el autor de la iniciativa remarcó la necesidad de revisar los mecanismos de fiscalización del Convenio de Corresponsabilidad Gremial y demandó controles más rigurosos sobre la registración laboral de los tareferos. Asimismo, argumentó que las arcas del instituto yerbatero cuentan con el superávit necesario para intervenir en la emergencia: “Si ellos tienen recursos, los recaudan con la venta de la estampilla y les sobra plata al INYM, que acompañen y ayuden con un poco del costo de la tarifa sustitutiva”, sentenció.
Debate político y visiones encontradas en la Legislatura
La viabilidad técnica de la compensación propuesta encontró un sólido respaldo en el bloque Movimiento por lo que Viene. Su presidente, el diputado y expresidente del INYM Juan José Szychowski, intervino en el debate para recordar el marco jurídico que rige al instituto nacional. Juan José Szychowski argumentó que la propia ley de creación del INYM mandata al organismo a “promover la sustentabilidad de todos los sectores yerbateros” y a buscar un desarrollo equilibrado de la actividad agraria, lo cual justifica plenamente el redireccionamiento de los recursos de la estampilla para sostener a los productores en coyunturas de crisis de precios.
Por su parte, el diputado Martín Arjol, perteneciente al Partido Libertario, optó por acompañar con su voto afirmativo la solicitud al INYM, aunque aprovechó su intervención para confrontar políticamente con el autor del proyecto. Martín Arjol cuestionó las críticas recurrentes de Héctor “Cacho” Bárbaro hacia los votantes de la administración nacional, señalando que no resulta constructivo responsabilizar al electorado por el rumbo macroeconómico actual, destacando que el gobierno del presidente Javier Milei obtuvo una legitimidad de origen incuestionable al haber “ganado dos veces” en las urnas.
Con la aprobación de esta vía de comunicación, la Legislatura provincial traslada formalmente la presión política y sectorial al directorio del INYM, organismo que deberá determinar la factibilidad técnica, presupuestaria y legal de implementar este mecanismo de compensación económica para el sector primario de la provincia de Misiones.
