El proyecto de ley de emergencia yerbatera que los productores de Misiones impulsan en el ámbito político provincial enfrenta un severo cuestionamiento desde las bases laborales del propio sector. La iniciativa, que fue presentada inicialmente ante el gobernador Hugo Passalacqua y posteriormente remitida a la Legislatura provincial para su tratamiento parlamentario, ha tropezado con un enérgico reclamo de los tareferos, quienes sostienen que la crisis de la actividad los golpea con mayor severidad que a los propios propietarios de las explotaciones agrícolas.
Según informó el medio especializado Bichos de Campo, la secretaria general del Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR), Ana Cubilla, expuso la crítica situación que atraviesa el eslabón de los cosecheros. La dirigente gremial señaló que, si bien la agenda pública suele concentrarse en las demandas de los productores por el bajo precio de la hoja verde, el sector de los trabajadores de la cosecha sufre una doble precarización. De acuerdo con sus declaraciones, mientras el valor paritario por tonelada cosechada está fijado en 80.000 pesos, los productores abonan en promedio apenas entre 40.000 y 45.000 pesos, argumentando una falta crónica de recursos financieros para afrontar los costos laborales regulados.
“Acá pareciera que hay una sola víctima, que es el productor, y la realidad es que hay dos. Lo que sucede es que, entre ellas, una es más víctima que la otra. El productor, dentro de todo, tiene su chacra, tiene su chancho para comer. El trabajador no, porque no tiene trabajo y, cuando lo tiene, recibe apenas el 50% de lo que debería ganar según la paritaria”, declaró Ana Cubilla al referirse al desequilibrio socioeconómico que impera en las zonas productoras.
El debate por la corresponsabilidad gremial y el destino de los fondos
El principal punto de discordia que los trabajadores rurales pretenden introducir en la reforma del proyecto de emergencia gira en torno al funcionamiento del convenio de corresponsabilidad gremial. Bajo este esquema técnico de recaudación, actualmente se descuentan 44 pesos por cada kilo de hoja verde producido, fondos que teóricamente deben destinarse a la cobertura de la seguridad social, la obra social y la registración formal de los obreros rurales.
La representante de SUOR cuestionó con dureza la falta de contraprestaciones efectivas que recibe el personal de cosecha a cambio de estas retenciones multimillonarias. “El año pasado la corresponsabilidad representó 41 pesos por kilo de hoja verde. Cosechamos mil millones de kilos, de los cuales 41.000 millones de pesos se fueron a una caja, manejada por UATRE, RENATRE y OSPRERA, para la seguridad social del trabajador. Sin embargo, no vino ni siquiera en un Geniol. En realidad, nunca viene. Es plata que se paga, pero nosotros no recibimos ninguna contraprestación”, denunció Ana Cubilla.
Esta anomalía en el flujo de los recursos de la seguridad social genera situaciones de extrema vulnerabilidad en las chacras misioneras. Según la dirigente, ante la falta de cobertura real de las obras sociales sindicales, los trabajadores terminan recurriendo a la asistencia informal de los empleadores para resolver urgencias de salud básicas, lo que evidencia las fallas estructurales de un sistema que califica de perverso. Asimismo, el sindicato advierte que la crisis de ingresos ha provocado un éxodo de mano de obra calificada, estimando que unos 40.000 trabajadores de la cosecha se han trasladado a Brasil en busca de mejores condiciones de contratación y remuneraciones más competitivas.
La propuesta de reforma salarial y el escenario legislativo
Ante este panorama, la estrategia de las organizaciones sindicales de tareferos apunta a modificar el esquema fiscal del proyecto de emergencia. La propuesta concreta consiste en suspender el cobro del canon de corresponsabilidad gremial y redireccionar esos recursos de manera directa al pago de la tarifa de cosecha. “Lo que salimos a pedir, de cara a ese proyecto que se presentó, es que, en vez de quitarnos esos 44 pesos por kilo para la corresponsabilidad, nos den los 80.000 pesos por tonelada que corresponden, y no ese 50% que hoy recibimos”, detalló la secretaria general de SUOR.
La postura gremial busca evitar que las medidas de auxilio estatal beneficien exclusivamente al sector primario sin derramar beneficios sobre la mano de obra. “No queremos que se cuente una sola campana en esto y por eso las organizaciones sindicales salimos al cruce. Si no entramos ahora en esta discusión, cuando la cosa está caliente, nos quedamos nuevamente afuera. Lo que decimos sobre ese proyecto de ley es que hay que poner eso blanco sobre negro, provincializar los recursos de los productores”, enfatizó Ana Cubilla, concluyendo con una definición contundente sobre la desregulación general del mercado: “Nosotros queremos tocar el sistema. Ya que todo se desregula, estamos planteando que este sector también se pueda tocar”.
El proyecto original de emergencia yerbatera contempla la creación de un régimen de protección extraordinario para productores minifundistas cuyas explotaciones no superen las 50 hectáreas. Entre sus principales lineamientos técnicos, prevé el establecimiento de un precio de sostén para la materia prima y herramientas financieras para evitar el abandono de las chacras familiares. No obstante, el debate parlamentario en la Legislatura de Misiones se encuentra demorado debido a las recientes reconfiguraciones de los bloques políticos dentro del oficialismo provincial, una coyuntura que las organizaciones de tareferos planean aprovechar para forzar la inclusión de sus demandas laborales en el texto final de la ley.
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