El entramado cooperativo y agroindustrial del país se encuentra un paso más cerca de resolver un conflicto regulatorio que se extiende desde hace tres años y que limita severamente su competitividad financiera y fiscal. Un plenario conjunto de las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación dio dictamen favorable al proyecto de ley que busca incorporar de manera expresa a las cooperativas dentro del régimen de la Ley Pyme (N° 24.467). Con esta resolución, la iniciativa queda habilitada para su posterior debate y votación en el recinto de la Cámara Baja.
La problemática se remonta al año 2023, período en el cual un cambio en la normativa de aplicación alteró los requisitos para que las cooperativas agropecuarias, industriales y de servicios pudieran tramitar y mantener activo el certificado Mipyme ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los bancos y otros organismos estatales. A partir de esa modificación, la autoridad de aplicación comenzó a exigir que, para que una cooperativa fuera considerada pequeña o mediana empresa, la totalidad de sus asociados individuales debían estar registrados previamente bajo la condición de pyme. Para entidades de escala asociativa compleja, que agrupan a cientos o miles de productores agropecuarios, trabajadores o usuarios de servicios esenciales en el interior del país, esta exigencia administrativa se constituyó en un obstáculo de imposible cumplimiento práctico, restringiendo de forma sistemática el acceso a los beneficios del régimen.
El impacto de la exclusión y los beneficios en juego
La exclusión de facto del régimen de fomento pyme ha privado a las cooperativas de un conjunto de herramientas financieras y tributarias de carácter crítico para el sostenimiento de sus operaciones corrientes y planes de inversión. Entre los beneficios contemplados por la legislación vigente para las firmas categorizadas como Mipyme se destaca la posibilidad de diferir el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por un plazo de 90 días, una medida de alivio financiero clave para el capital de trabajo de las empresas de la cadena agroindustrial. Asimismo, el marco normativo prevé facilidades tributarias de relevancia, tales como la opción de computar el impuesto a los débitos y créditos bancarios (conocido como impuesto al cheque) a cuenta del Impuesto a las Ganancias, además de tratamientos diferenciales y reducciones en materia de contribuciones patronales y retenciones.
Desde las entidades gremiales del sector señalan que las cooperativas cumplen funciones idénticas a las de cualquier otra figura societaria de carácter comercial: producen materias primas, procesan alimentos, agregan valor en origen, generan empleo registrado y proveen servicios públicos e insumos productivos en las economías regionales. No obstante, debido a su naturaleza jurídica asociativa y no lucrativa en términos comerciales tradicionales, la reglamentación actual las margina de estos incentivos, aun cuando sus niveles de facturación anual, activos totales y dotación de personal encuadren perfectamente dentro de los parámetros estipulados para las pequeñas y medianas empresas nacionales.
Consenso legislativo y el posicionamiento de las entidades gremiales
La iniciativa legislativa que ahora cuenta con dictamen de comisión fue activamente motorizada por las principales organizaciones cúpula del movimiento cooperativo argentino, entre las que se destacan la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), la Confederación de Cooperativas de la República Argentina (Cooperar) y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (Conaice). El objetivo de estas entidades es establecer una reforma de fondo sobre la Ley 24.467 para que la evaluación de las cooperativas se realice en función de sus propias características económicas consolidadas y no de la situación registral individual de cada uno de sus asociados.
Durante el plenario de comisiones, el presidente de Coninagro, Lucas Magnano, participó activamente de las deliberaciones y ponderó el avance del diálogo institucional en el ámbito legislativo. Al respecto, el dirigente cooperativo manifestó: “Ante la demanda del sector cooperativo, trasladada a la casa de las leyes, con algo tan noble y tan profundo como el diálogo, se logran los consensos necesarios”. Asimismo, tras la firma del dictamen, desde la entidad ruralista emitieron un comunicado conjunto expresando que “se ha concretado un paso trascendental en la defensa de los derechos e intereses de nuestras entidades asociadas y del cooperativismo argentino en su conjunto”.
Para la conducción de Coninagro, el avance del proyecto representa un avance hacia la equidad regulatoria en el mercado interno. “Este dictamen representa un reconocimiento imprescindible a la naturaleza económica y social de nuestras entidades, garantizando un tratamiento equitativo frente al resto del tejido pyme nacional”, afirmaron los representantes de la entidad. Finalmente, las organizaciones impulsoras de la reforma expresaron su reconocimiento a la receptividad política del arco legislativo: “Agradecemos profundamente la apertura al diálogo y el compromiso de los legisladores de los diversos bloques políticos, quienes comprendieron el rol estratégico que cumplen las cooperativas como motor productivo, generador de empleo local y prestador de servicios esenciales en cientos de comunidades del interior del país”, concluyeron.
