Las iniciativas buscan restituir herramientas regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate y crear un programa de asistencia para pequeños y medianos productores. La propuesta incluye créditos subsidiados, alivio fiscal y compensaciones para sostener el empleo rural, en medio de la crisis de rentabilidad del sector.
La diputada nacional por Misiones Yamila Ruiz, integrante del bloque Argentina Federal, presentó dos proyectos de ley orientados a atender la crisis yerbatera y mejorar las condiciones de los productores primarios. Las iniciativas proponen declarar la emergencia económica, productiva, financiera y social de la actividad, recuperar facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y establecer herramientas de asistencia para las explotaciones de menor escala.
Uno de los proyectos plantea declarar la emergencia por un año, con posibilidad de prórroga por otro período, y restituir atribuciones del INYM modificadas por el DNU 70/2023 y el Decreto 812/2025. La propuesta busca recuperar instrumentos de regulación y fiscalización que permitan intervenir en el funcionamiento de la cadena yerbatera.
Entre las principales medidas figura la recuperación de la capacidad del organismo para acordar semestralmente los precios de la hoja verde y la yerba mate canchada. Los valores deberían establecerse por unanimidad entre los sectores representados en el Directorio y, si no se alcanza un acuerdo, intervendría la autoridad agraria nacional mediante un laudo vinculante.
El proyecto también contempla restablecer los registros obligatorios de los integrantes de la cadena, fortalecer la fiscalización y el régimen de estampillado, promover el asociativismo y habilitar herramientas para ordenar la producción ante situaciones de sobreoferta. Según los fundamentos de la iniciativa, la pérdida de estas facultades debilitó la capacidad de negociación de los productores primarios frente a los sectores de compra e industrialización.
El segundo proyecto propone crear un Programa Extraordinario de Sostenimiento Yerbatero, destinado a pequeños y medianos productores con hasta 50 hectáreas cultivadas. El esquema contempla cuatro líneas de acción: créditos subsidiados para capital de trabajo, suspensión temporal de ejecuciones fiscales, compensaciones para afrontar costos laborales rurales y mayores controles sanitarios y de origen sobre la yerba mate importada.
En materia financiera, la propuesta prevé una cartera global de créditos por $50.000 millones a través del Banco Nación, con un subsidio de 15 puntos porcentuales sobre la tasa nominal anual y un período de gracia mínimo de un año. El objetivo es facilitar recursos para afrontar los costos de producción y evitar que las dificultades de liquidez comprometan la continuidad de las explotaciones.
El programa también plantea suspender durante un año, con posibilidad de prórroga por otro período, el inicio de juicios de ejecución fiscal y la aplicación de medidas cautelares por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para los productores registrados. La iniciativa aclara que la medida no implica condonar las deudas y que los intereses continuarían devengándose durante la suspensión.
Otro componente apunta a reducir temporalmente el costo de la Tarifa Sustitutiva del Convenio de Corresponsabilidad Gremial para las explotaciones familiares primarias. A esto se suma el refuerzo de los controles sobre la yerba mate importada, con el propósito de verificar el cumplimiento de las normas sanitarias, de calidad y de origen exigidas en el mercado argentino.
El costo fiscal directo del programa fue estimado en $12.800 millones, que se financiarían mediante la reasignación de partidas del Presupuesto General de la Administración Nacional. De ese monto, $7.500 millones corresponderían al subsidio de tasas, $2.100 millones al impacto de la postergación de cobros judiciales y $3.200 millones a las compensaciones por costos laborales rurales.
Las iniciativas se presentan en un escenario de caída de la rentabilidad, aumento de los costos productivos y preocupación por los plazos de pago que afrontan los colonos. Según los fundamentos del proyecto de restitución de facultades del INYM, el precio de la hoja verde llegó a ubicarse hasta un 50% por debajo de la grilla de costos técnicos mínimos elaborada por equipos del propio Instituto. Ambas propuestas deberán atravesar el tratamiento legislativo correspondiente y buscan combinar asistencia financiera inmediata con la recuperación de herramientas institucionales para sostener la producción y el empleo rural.
🚨 #MISIONES | Tras gestiones de Passalacqua, Nación prorrogó la compatibilidad entre el trabajo rural registrado y los programas sociales (Decreto 1204/2026). Medida clave para la contención de miles de tareferos durante el receso yerbatero. https://t.co/4NxDQQ6rM5— misionesonline.net (@misionesonline) October 20, 2026
