En un nuevo capítulo de la tensión generada por las reformas estructurales en el sector agroindustrial, referentes de la producción yerbatera oficializaron este martes la presentación de un exhaustivo informe técnico en la sede del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). El documento, que consta de 110 páginas, analiza en detalle el impacto del proyecto de Ordenamiento Normativo impulsado por el Gobierno nacional y fundamenta la solicitud formal para suspender de manera inmediata el tratamiento de las medidas de desregulación que afectan al organismo rector.
La iniciativa incluye la exigencia de frenar la abrogación de un paquete de normas clave solicitada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, y el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo. Durante la jornada, dirigentes del sector manifestaron su preocupación por el avance de las disposiciones dispuestas mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de la administración central.
Hugo Sand, representante de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), cuestionó severamente el impacto del marco regulatorio del Ejecutivo nacional sobre las competencias institucionales. “Venimos a pedirle al directorio, que no acompañe a esta locura de Javier Milei, la irresponsabilidad de que con su DNU, ha castrado a nuestro instituto”, afirmó el dirigente productivo en la sede de la entidad.
Asimismo, Hugo Sand expuso la falta de canales de diálogo formales con la conducción administrativa del organismo para tratar la crisis del sector: “Hemos pedido muchísimas oportunidades de reuniones, jamas nos dio esa posibilidad. Hoy vinimos al instituto pensando de que podía estar y tampoco fue así, entonces le pedimos al secretario que nos convoque a una próxima reunión ya que necesitamos hablar con él, así como también les pedimos a los directores que no acompañen a esta locura”.
El alcance del documento técnico y las demandas al Directorio
El escrito presentado ante el INYM fue elaborado con el patrocinio del abogado Federico Padolsky y cuenta con el respaldo explícito de una amplia nómina de representantes de la producción primaria y cooperativa. Entre los firmantes figuran Hugo Sand (Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones); Jorge Skripczuk (Asociación Civil Impulso Yerbatero); Antonio Franza (Asociación de Yerbateros del Alto Uruguay); Julio Petterson (Asociación Civil Productores Yerbateros del Norte – ACPYN); Salvador Torres (Movimiento Agrario de Misiones); Luis Andrusyszyn (Cooperativa Agrícola Yerbatera de Apóstoles Limitada), y el productor Juan Carlos Dmitrowicz, proveniente de la localidad de San Vicente.
El paquete de medidas entregado a las autoridades del instituto contempla un análisis pormenorizado sobre el impacto que tendría la derogación de 21 resoluciones históricas operadas por la entidad yerbatera. Junto al estudio de 110 páginas, las organizaciones adjuntaron un anexo que incluye un cuestionario formal dirigido al cuerpo colegiado del organismo. En dicho petitorio, exigen que los doce directores que integran la conducción del INYM justifiquen por escrito sus posiciones y respuestas sobre el futuro regulatorio de la actividad, instando a congelar cualquier resolución hasta que se esclarezca el alcance de las reformas promovidas por los ministerios de Federico Sturzenegger y Luis Caputo.
Articulación política y defensa de la estructura institucional
Desde la entrada en vigencia del DNU y las posteriores iniciativas de desregulación para la actividad yerbatera, los sectores productivos han buscado apoyo institucional para sostener las potestades del organismo. En este contexto, Hugo Sand destacó la posición adoptada por las autoridades provinciales y ciertos actores de la cadena de valor: “Los que nos acompañan son la provincia de Misiones y un sector de la producción representada por Roberto Fereira”.
El dirigente gremial advirtió además sobre el trasfondo de las medidas nacionales al señalar: “A este paso el objetivo político es destruirlo de a poco al INYM. Sabemos que el gobernador pone todo el esfuerzo posible para rescatar el instituto”. De acuerdo con los firmantes del documento, el propósito central de la resistencia normativa radica en “preservar la estructura y la columna vertebral, para poder reconstruir un sistema que sea solidario con los productores, el ambiente y el consumidor”.
Miguel Schiariti, titular de CICCRA, explicó que las sequías e inundaciones de los últimos años mermaron la aparición de terneros. Aunque la inflación no empujó los precios, los salarios bajos desviaron a los consumidores hacia el pollo y el cerdo.
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