Durante la última sesión de la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones, el diputado provincial Héctor “Cacho” Bárbaro denunció públicamente que el Gobierno Nacional mantiene retenidos un total de $46 mil millones correspondientes al Fondo Especial del Tabaco (FET). Estos recursos económicos pendientes corresponden al financiamiento estratégico de las campañas tabacaleras 2025 y 2026, afectando de manera directa el desarrollo socioeconómico de la producción agroindustrial de la región.
Ante este escenario de parálisis presupuestaria, el legislador provincial anunció que interpondrá una denuncia penal formal por presunta retención indebida de recursos contra Marcelo Horacio Reinoso, actual coordinador nacional del Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras (PRAT). Bárbaro sostuvo que el funcionario nacional entorpece de forma deliberada el flujo institucional, demorando el avance de los expedientes administrativos, desatendiendo los reclamos formales del sector y fomentando la fragmentación entre las distintas organizaciones gremiales y productivas que integran la cadena de valor tabacalera.
Impacto operativo en las asociaciones y disputas en los coeficientes distributivos
Las asociaciones tabacaleras del ámbito provincial fundamentan sus reclamos en que han presentado en tiempo y forma los Planes Operativos Anuales (POA) de ambas campañas, dando estricto cumplimiento a los marcos normativos y requisitos exigidos. La parálisis de las partidas afecta áreas operativas clave como la reconversión productiva, la provisión de equipamiento e insumos agronómicos, la asignación de becas de estudio, la reparación edilicia de galpones de curado y la sostenibilidad de la cobertura médica para las familias rurales. Respecto al área sanitaria, el diputado advirtió sobre la gravedad de la situación, destacando que las prestaciones de salud se mantienen operativas exclusivamente gracias al mecanismo de transferencias automáticas: “Menos mal que está la transferencia automática”, expresó Héctor “Cacho” Bárbaro al alertar sobre el impacto social que generaría una eventual interrupción de estos giros.
En el plano normativo e institucional, el legislador cuestionó severamente la conducta del coordinador del PRAT en la gestión pública. “Él viene, arma reuniones por fuera de las instituciones”, afirmó Bárbaro, remarcando además la falta de comunicación oficial: “Le mandamos tres correos por semana institucionalmente y el tipo no responde”. Paralelamente, defendió la idoneidad y transparencia en los procesos de rendición de cuentas ejecutados por la Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones (ACTIM), argumentando que la ejecución de becas cuenta con el debido respaldo de certificados y documentación académica, mientras que los saldos financieros no ejecutados permanecen resguardados e inmovilizados en las cuentas bancarias oficiales de la entidad. “¿Pero cómo no vamos a rendir?”, enfatizó el legislador frente a los cuestionamientos administrativos.
Desfasajes en el reparto del FET y reclamos por infraestructura de curado
Otro de los aspectos técnicos centrales expuestos durante la sesión legislativa radica en la posible pérdida de recursos por distorsiones en la determinación de los coeficientes del FET. Según las estimaciones técnico-económicas presentadas por Héctor “Cacho” Bárbaro, a la provincia de Misiones le corresponde de manera legítima una participación relativa del 31% en la distribución del fondo, en contraposición al 24% determinado en las estimaciones vigentes de la administración central. Esta brecha porcentual se traduce en una merma sustancial: bajo la liquidación cuestionada, Misiones percibiría cerca de $6.000 millones, cuando en rigor técnico le corresponderían aproximadamente $14.000 millones.
Esta divergencia financiera compromete de manera directa la ejecución de proyectos de infraestructura en las chacras, entre los que se destacan las intervenciones previstas para reparar entre 1.600 y 1.700 techos de galpones de curado, indispensables para garantizar la calidad del producto final. Cabe remarcar que, a comienzos de octubre, las representaciones gremiales y gremio-patronales del sector ya habían elevado un reclamo formal para la liberación de más de $15.399 millones orientados a infraestructura productiva y asistencia técnica. Al cerrar su intervención, el diputado ratificó la jurisdicción y el destino de las partidas retenidas: “La plata no es de los porteños, la plata es de los productores de la provincia de Misiones”, concluyó.
Tras señalar la imposición de precios por parte de grandes industrias yerbateras, insisten en que el Gobierno nacional debe devolver al INYM sus facultades regulatorias. Ante la baja de ingresos y la precariedad de los tareferos, el dirigente remarcó la necesidad de recuperar la mesa de concertación para sostener al sector.— misionesonline.net (@misionesonline) October 15, 2026
