En abril, el Gobierno Nacional dispuso la libre importación de maquinaria agrícola usada, eliminando controles y certificados previos. El Decreto 273/25 forma parte del proceso de desregulación económica, pero generó tensiones en la industria local. Diputados de Unión por la Patria solicitaron una sesión especial para, entre otros temas, debatir su derogación.
En abril de 2025, el Gobierno Nacional había oficializado una medida que marcó un giro en la política industrial y comercial del país. A través del Decreto 273/25, se habilitó la importación de maquinaria agrícola usada sin las restricciones que regían desde hace más de treinta años.
La disposición permitió el ingreso de tractores, cosechadoras y otros implementos usados con un arancel máximo del 35%, y simplificó los trámites al derogar las normas que exigían certificados previos. El objetivo oficial fue agilizar el comercio y facilitar el acceso a bienes de capital en el sector agropecuario.
El decreto alcanzó a todos los equipos comprendidos en los Capítulos 84 a 90 de la Nomenclatura Común del Mercosur, lo que incluyó maquinarias agrícolas, hortícolas y silvícolas, aparatos de ordeñe, equipos para la industria lechera y tractores.
Hasta ese momento, la legislación establecía la obligatoriedad de contar con un Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), implementado en 1994 durante la gestión de Domingo Cavallo. Ese certificado condicionaba el ingreso de maquinaria al aval de la autoridad competente y prohibía expresamente algunas posiciones arancelarias.
El Decreto 273/25 eliminó el CIBU y, con él, los controles que habían sido instaurados para proteger la industria nacional. En su espíritu, la medida formó parte del proceso de desregulación económica impulsado por el Gobierno, orientado a reducir trámites y flexibilizar el comercio exterior.
La apertura, sin embargo, generó inquietud entre los fabricantes locales y las empresas con plantas en el país. Desde el sector industrial se advirtió que el ingreso irrestricto de equipos usados podía afectar la competitividad, especialmente frente a maquinarias de bajo costo o con años de uso.
También se plantearon riesgos asociados al dumping, debido a que el mercado internacional de maquinaria agrícola atravesaba una etapa de sobreoferta por la caída de ventas en diversos países. En ese contexto, la falta de controles podría permitir el ingreso de equipos a precios por debajo de su valor real.
Los antecedentes de los años noventa fueron retomados por especialistas y actores del sector, que recordaron que el CIBU se había implementado justamente para mitigar los efectos negativos de una competencia desigual en un contexto de apertura comercial.
El debate sobre el Decreto 273/25 no solo dividió opiniones en el ámbito productivo, sino que también se trasladó al plano político. En los últimos días, Diputados y diputadas de Unión por la Patria, junto a representantes de otros bloques, solicitaron una Sesión Especial para el miércoles 8 de octubre a las 12 horas.
El pedido de sesión incluye un temario amplio, con distintos proyectos vinculados a la agenda económica, entre ellos se encuentra el expediente 5216-D-2025, que propone derogar el Decreto 273/25 mediante el cual se habilitó la importación irrestricta de maquinarias y equipos usados.
El debate, anticipan, pondrá en evidencia dos modelos económicos en pugna: el de la apertura total y el de la protección industrial. La discusión sobre la maquinaria usada vuelve así a ser un espejo de las tensiones entre desregulación y soberanía productiva en la economía argentina.
El Gobierno abre nueva convocatoria para importar autos eléctricos e híbridos con arancel cerohttps://t.co/AQQel4twz9
— misionesonline.net (@misionesonline) October 6, 2025
