La nueva resolución del INASE establece controles sobre las variedades de semillas en puertos y acopios para fortalecer la protección de la propiedad intelectual. Mientras el Gobierno sostiene que la medida favorecerá la llegada de nuevas tecnologías y mejorará la productividad, productores y entidades rurales advierten sobre posibles costos adicionales y cuestionan que el principal problema del sector siga siendo la presión fiscal.
La decisión del Gobierno nacional de implementar un nuevo sistema de control sobre las variedades de semillas comercializadas volvió a abrir un debate histórico dentro del sector agropecuario. La medida, formalizada a través de una resolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE), apunta a reforzar el control sobre el uso de genética vegetal y garantizar el cobro de regalías por parte de las empresas obtentoras de nuevas variedades.
La iniciativa fue impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien desde hace tiempo sostiene que la falta de protección efectiva de la propiedad intelectual en materia de semillas constituye uno de los principales obstáculos para la incorporación de nuevas tecnologías en la agricultura argentina.
Con la puesta en marcha de este esquema, el Gobierno dejó de lado una propuesta intermedia que habían elaborado entidades de productores y organizaciones vinculadas al agro, que planteaban una actualización consensuada de la vigente Ley de Semillas. En cambio, optó por avanzar mediante una resolución administrativa que modifica el sistema de fiscalización y control de las variedades utilizadas por los productores.
La medida establece que las semillas y granos comercializados podrán ser sometidos a controles mediante análisis genéticos o sistemas de identificación tecnológica en puertos, acopios, cooperativas y otros puntos de recepción de mercadería. A partir de esos análisis se determinará qué variedad fue utilizada y si corresponde o no el pago de regalías a la empresa desarrolladora.
Para el Gobierno, el nuevo esquema permitirá cerrar una brecha tecnológica que, según su visión, afecta la competitividad del agro argentino. Al defender la medida, Sturzenegger aseguró que “Argentina salda otra deuda histórica e implementa una gran reforma estructural” que permitirá acercar al país a los niveles de productividad alcanzados por otras potencias agrícolas.
El funcionario sostiene que la falta de controles efectivos desalentó durante décadas la llegada de nuevas variedades al mercado local. Según explicó, muchas empresas optaron por concentrar sus inversiones en países donde existe una protección más estricta de la propiedad intelectual, mientras que en Argentina persistió un alto nivel de reproducción y comercialización informal de semillas.
Uno de los ejemplos utilizados por el ministro para justificar la reforma fue el algodón. Según planteó, los rendimientos obtenidos en algunas regiones argentinas se encuentran muy por debajo de los registrados en Brasil debido, entre otros factores, a la diferencia en la disponibilidad de genética de última generación.
“Por no respetar esos derechos de propiedad nos hemos retrasado en la calidad de las semillas que usan nuestros productores”, sostuvo Sturzenegger al explicar los fundamentos de la medida.
Sin embargo, la interpretación oficial no es compartida por buena parte de los productores agropecuarios. Desde distintos sectores se remarca que los problemas de competitividad del agro argentino responden principalmente a factores económicos y fiscales, entre ellos las retenciones a las exportaciones, la presión tributaria y la falta de previsibilidad para realizar inversiones de largo plazo.
Las críticas también apuntan al impacto económico que podría generar el nuevo sistema de controles. Si bien el Gobierno asegura que los análisis tendrán un costo reducido gracias al uso de nuevas tecnologías, algunos actores de la cadena consideran que esos gastos terminarán trasladándose a productores, acopios y exportadores.
Otro de los puntos que genera debate es el rol que asumirá el INASE. Hasta ahora, el organismo tenía facultades directas de fiscalización y sanción frente a infracciones vinculadas al uso de semillas. Con el nuevo esquema, gran parte del control quedará en manos de privados, mientras que el Instituto actuará principalmente como instancia de revisión ante conflictos o reclamos.
En la práctica, los análisis permitirán identificar la genética presente en cada lote comercializado. Si una empresa considera que un productor utilizó una variedad protegida sin cumplir con los mecanismos previstos para el reconocimiento de regalías, podrá iniciar un reclamo para exigir el pago correspondiente.
Desde el Gobierno argumentan que el objetivo no es perjudicar a los productores sino generar condiciones para que lleguen más tecnologías al país. Sturzenegger aseguró que quienes deseen continuar utilizando variedades tradicionales podrán hacerlo, aunque señaló que el nuevo sistema brindará seguridad jurídica a quienes desarrollen materiales con mayor potencial productivo.
La resolución también reavivó la discusión sobre la protección internacional de la propiedad intelectual en semillas. En los últimos años distintos sectores promovieron la adhesión de Argentina al convenio UPOV 91, un régimen que fortalece los derechos de los obtentores vegetales. Sin embargo, el tema sigue generando resistencias dentro del sector agropecuario y aún no logró avanzar en el Congreso.
Mientras tanto, el nuevo sistema comenzará a aplicarse sobre las variedades registradas bajo el esquema previsto por la resolución. El Gobierno estima que la incorporación de nuevas tecnologías podría traducirse en mayores niveles de producción y exportación, aunque sus detractores consideran que los resultados dependerán mucho más de las condiciones económicas generales que de los cambios regulatorios sobre semillas.
Lo cierto es que la decisión marca un nuevo capítulo en una discusión que lleva más de tres décadas en Argentina y que enfrenta dos visiones distintas sobre el futuro del agro: una que pone el foco en la innovación genética y la protección de la propiedad intelectual, y otra que considera que la clave para recuperar competitividad sigue estando en resolver los problemas estructurales que afectan a los productores.
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