La desregulación del mercado yerbatero, consolidada a partir de la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, ha desencadenado un escenario de profunda preocupación en la cuenca productora. Un amplio frente compuesto por productores, tareferos, cooperativistas, secaderos y representantes gubernamentales se reunió en la localidad de Aristóbulo del Valle con el objetivo de delinear un plan de acción urgente. La propuesta central que cobró mayor fuerza durante el encuentro es el impulso de una ley provincial de emergencia orientada a proteger de manera directa a la actividad primaria de la yerba mate.
La convocatoria multisectorial tuvo como propósito central analizar el escenario actual luego de las gestiones realizadas ante las autoridades nacionales. En diálogo con Canal Doce, el presidente de la Asociación Civil Impulso Yerbatero, Jorge Skripczuk, detalló el origen de la asamblea: “Convocamos a esta reunión para conocer de primera mano el resultado de la reunión que los directores del Inym mantuvieron la semana pasada con el ministro de Desregulación nacional, Federico Sturzenegger, y sobre la base de eso definir medidas a seguir”. El dirigente agroindustrial confirmó que, entre las alternativas evaluadas para mitigar el impacto de la crisis, “hay varias ideas dando vueltas y una de ellas, bastante fuerte, que está encaminada, es el pedido de una ley provincial para resguardar la producción primaria de yerba mate”. El propósito de la concertación es “definir, sobre la base de diferentes propuestas, qué podemos impulsar en beneficio del sector que está muy golpeado después del DNU 70/23”.
El encuentro de carácter técnico-político contó con la participación activa de figuras clave de la conducción del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), entre ellos los directores por la Producción, Roberto Ferreyra, María Soledad Fracalossi y Ramón Rodríguez, sumado a la presencia del representante del Gobierno de Misiones en el organismo de promoción, Ricardo Maciel.
El impacto de la desregulación sobre la estructura de costos y precios
La principal preocupación que manifestaron los actores de la cadena productiva radica en la pérdida de las facultades regulatorias del INYM, entidad que históricamente actuaba como árbitro para establecer los precios mínimos de la materia prima (hoja verde y yerba canchada). Tras la aplicación del DNU 70/23, el libre mercado rige las transacciones, lo que ha provocado una asimetría comercial que perjudica al eslabón más débil de la cadena.
“Estamos con un escenario muy complicado, que se agrava día a día”, aseveró Skripczuk respecto a la coyuntura económica del sector. El titular de Impulso Yerbatero cuestionó las variables macroeconómicas oficiales frente a la realidad de los costos productivos en las chacras: “Llama mucho la atención que digan que no hay inflación, si tenemos incrementos de manera permanente en los insumos básicos y el precio que pagan al productor por la hoja verde no sube, no acompaña desde hace mucho tiempo. Entonces es una situación muy complicada, muy compleja”.
Gestiones ante el Gobierno nacional y la vía legislativa provincial
La búsqueda de consensos a nivel nacional ha chocado contra la firme postura de la administración central de no intervenir en los mercados. Durante la reunión mantenida la semana pasada con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la comitiva integrada por tareferos, productores, cooperativas, secaderos y el Gobierno de la provincia de Misiones planteó formalmente la gravedad de la crisis y solicitó la restitución de las potestades de fijación de precios para el INYM. No obstante, el funcionario nacional ratificó la continuidad de la política económica desreguladora vigente.
La caída de los valores de la materia prima ha sido constante desde el inicio del nuevo esquema normativo, según describen los productores de la región. “Dos semanas después de la vigencia del DNU 70/23, el precio de la hoja verde comenzó a caer. Y desde ahí enfrentamos dificultades. Buscamos el diálogo y el acercamiento para ver si encontramos mecanismos para salir de esta situación, pero vemos que desde el Gobierno nacional no hay voluntad de lograr algo para el productor”, manifestó con preocupación Skripczuk.
Ante la falta de respuestas en la jurisdicción federal, el sector evalúa avanzar en el plano local como último recurso de amparo para la actividad. “Ya acudimos a los tres poderes del Estado, al Ejecutivo nacional, al Legislativo y al Judicial, y hasta ahora no tenemos ningún tipo de respuesta”, recordó el dirigente gremial. En este contexto, la redacción de un proyecto de ley provincial de emergencia se posiciona como la herramienta jurídica e institucional más firme para salvaguardar la sustentabilidad socioeconómica de los pequeños y medianos productores y de los trabajadores rurales de la provincia.
