La discusión en torno al marco regulatorio de la propiedad intelectual en el sector de las semillas ha sumado un nuevo capítulo de negociación clave en la ciudad de Buenos Aires. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación convocó a una nueva mesa de trabajo técnica que reunió a los representantes de las entidades productivas y del sector obtentor, con el propósito de avanzar en un consenso sobre la aplicación de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito agrícola.
El trasfondo de este encuentro radica en la proyección que maneja el Poder Ejecutivo Nacional, el cual prevé que durante el transcurso de este año, o a más tardar en el primer tramo de 2027, el Congreso de la Nación sancionará la adhesión de la Argentina al convenio internacional UPOV 91. Esta iniciativa legislativa responde a un compromiso bilateral asumido por el Estado argentino con los EE.UU.. No obstante, la medida genera un fuerte rechazo en el eslabón productivo primario: la totalidad de las entidades gremiales del campo han manifestado formalmente al gobierno que no concuerdan con los lineamientos de este esquema multilateral, el cual actualmente no se encuentra vigente en ningún otro país de la región de América del Sur.
Ante este escenario, y con el objetivo de mitigar la conflictividad judicial y operativa una vez sancionada la ley, las autoridades nacionales promueven estos espacios de diálogo directo entre la Mesa de Enlace Agropecuaria y la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA). La meta es estructurar una reglamentación técnica y consensuada que amortigüe el impacto de UPOV 91, un marco jurídico general que, por definición, otorga facultades sustancialmente mayores a las compañías desarrolladoras de genética vegetal para limitar o regular el derecho de uso propio que hoy asiste a los agricultores bajo la legislación vigente.
La propuesta de la Mesa de Enlace y el esquema de hectáreas
El núcleo del debate técnico actual se concentra en dos variables críticas: la definición precisa de qué productores quedarán exceptuados del pago para conservar el derecho al uso propio gratuito y, por otra parte, la metodología financiera y temporal que se aplicará para retribuir a las empresas semilleras por el uso de su tecnología.
En este sentido, los representantes de la Mesa de Enlace Agropecuaria —bloque integrado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro y la Sociedad Rural Argentina (SRA)— presentaron una propuesta unificada, elaborada en base a un trabajo técnico previo coordinado con los consorcios CREA y la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid). El planteo establece que aquellos productores que siembren hasta un límite máximo de 500 hectáreas agrícolas por año calendario queden plenamente exceptuados y puedan hacer uso propio de la semilla de manera gratuita.
Para aquellos esquemas que superen dicho umbral, es decir, a partir de las 501 hectáreas, la propuesta del sector productivo contempla la instrumentación de una regalía única y fija. Este canon se abonaría durante un período consecutivo de solo tres campañas agrícolas, de modo tal que, a partir de la cuarta multiplicación de la semilla, el material quede completamente liberado de cualquier tipo de pago adicional. Este esquema de tres años estaría diseñado específicamente para las especies autógamas de mayor volumen de siembra en el país, tales como la soja, el trigo y la cebada. En el caso de las especialidades y los cultivos hortícolas, la Mesa de Enlace propone extender los plazos de amortización; por ejemplo, para el cultivo de porotos, el pago de regalías se extendería obligatoriamente por un período de seis campañas consecutivas.
Asimismo, el documento presentado incorpora un mecanismo para regular el “uso incremental” de la semilla, el cual sería de aplicación universal para todos los estratos de productores, sin distinción de escala. Bajo este concepto, si un agricultor que siembra menos de 500 hectáreas (y que por ende califica para la gratuidad) adquiere semilla original para cubrir un área de 100 hectáreas de soja, pero en el ciclo productivo subsiguiente decide utilizar el grano cosechado de su propia multiplicación para implantar 150 hectáreas, estará obligado a abonar la regalía correspondiente por la diferencia de las 50 hectáreas excedentes.
La posición de la industria semillera y los próximos pasos de la negociación
Por su parte, los representantes de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) manifestaron su conformidad con el principio de establecer excepciones que resguarden la gratuidad del uso propio para ciertos perfiles de productores. Sin embargo, rechazaron de plano la utilización del parámetro de 500 hectáreas agrícolas como el límite de corte para definir la escala de la empresa agropecuaria.
El argumento técnico esgrimido por la industria semillera sostiene que la superficie en hectáreas es una variable sumamente distorsionada por las condiciones agroecológicas y el potencial productivo de cada región. Desde la perspectiva de ASA, no resulta equivalente en términos de rentabilidad y escala económica una explotación de 400 hectáreas emplazada en la zona núcleo bonaerense (norte de Buenos Aires) frente a un establecimiento de idéntica superficie ubicado en ambientes marginales o de menor productividad, como el sudeste de La Pampa. Ante esta discrepancia, la cámara que agrupa a los obtentores se comprometió a elaborar y presentar en la próxima reunión de trabajo una contrapropuesta técnica detallada, donde se especificarán los criterios y variables multidimensionales que, a su entender, deben regir para determinar las excepciones al pago.
La resolución de este punto es considerada prioritaria por las partes para poder avanzar hacia los siguientes eslabones de la negociación, los cuales incluyen la definición de las metodologías tecnológicas que se emplearán para fiscalizar y monitorear el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual en los campos, así como los parámetros objetivos para el cálculo del canon o regalía a pagar.
La mesa de negociación sectorial estuvo presidida por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta. En representación del Estado nacional, también participaron activamente del debate el presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), Martín Famulari, y el subsecretario de Reformas Estructurales del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Eugenio Marí, evidenciando el interés interministerial que reviste la reforma del mercado de semillas para la actual administración.
