La comunidad agroindustrial de la provincia de Misiones se encuentra conmocionada tras revelarse los detalles de una maniobra fraudulenta que damnificó a un grupo de productores tabacaleros. Según informó el portal de noticias Misiones Online, la Asociación de Campesinos Tabacaleros de Misiones (ACTIM) fue escenario de un procedimiento judicial que culminó con la detención de un empleado administrativo de la entidad, acusado de haber perpetrado una estafa que supera los $20.000.000 mediante la falsificación de trámites y el cobro de deudas fiscales inexistentes.
El Juzgado de Instrucción correspondiente ordenó el allanamiento de la sede de la cooperativa, un operativo que fue ejecutado con el apoyo técnico del personal de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (SAIC). El objetivo principal de las fuerzas de seguridad consistió en el secuestro de soportes informáticos, registros de sistemas y documentación de relevancia para la causa, elementos orientados a esclarecer de manera pericial el desvío sistemático de fondos que el administrativo realizaba aprovechando la estructura de la institución y la confianza de los colonos.
El modus operandi y la detección del fraude a los colonos
El diputado provincial de Misiones y referente histórico de ACTIM, Héctor “Cacho” Bárbaro, expuso con precisión técnica el trasfondo de la maniobra delictiva y las acciones inmediatas adoptadas por la comisión directiva al tomar conocimiento de las irregularidades. El sospechoso del fraude, quien es hijo de un histórico dirigente local ya fallecido durante la pandemia de COVID-19, se desempeñaba en el área de atención al público de la cooperativa en la localidad de San Pedro. Desde ese puesto estratégico, utilizaba su posición para exigir cobros indebidos en efectivo bajo la promesa de regularizar supuestas deudas impositivas y realizar trámites del monotributo ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entregando a cambio comprobantes de pago apócrifos.
De acuerdo con las declaraciones de Héctor “Cacho” Bárbaro, la operatoria ilegal comenzó a desmoronarse hace aproximadamente tres semanas: “Hace tres semanas atrás vinieron siete, ocho productores socios de Actim en conjunto a mostrar lo que había pasado, que le habían dado plata para pagar una deuda que no existía”. Ante la presentación de las pruebas físicas por parte de los damnificados, la cúpula de la entidad confrontó al administrativo, quien terminó por confesar la autoría material del ilícito, aduciendo problemas financieros personales. “Se encontró un personal que le estaba estafando a la gente, se llamó a los productores, se fue, se le llevó a la comisaría, le hicieron la denuncia”, detalló el legislador, confirmando que el acusado se encuentra actualmente bajo prisión preventiva en la comisaría local.
Asistencia institucional y límites de la cobertura económica
Frente al impacto financiero que sufrieron las familias tabacaleras, la comisión directiva de ACTIM inició un proceso de evaluación interna para determinar la viabilidad de un auxilio económico que mitigue las pérdidas de los damnificados directos. Héctor “Cacho” Bárbaro enfatizó que la institución asumirá la responsabilidad que le compete por el accionar de un dependiente directo, aunque remarcó una clara distinción jurídica y administrativa respecto de quiénes serán los beneficiarios de dicha asistencia.
“El presidente de Actim está conversando para ver cómo arreglamos esta situación, en realidad acá hay una estafa que hace un empleado de Actim y nosotros no podemos mirar para el costado. Tenemos que ponernos al lado del productor que fue estafado, así que en eso estamos, negociando, estamos hablando, vamos a ayudarle, eso lo dijo el presidente, a los que son socios de Actim”, puntualizó el dirigente. Asimismo, aclaró que aquellos productores independientes que entregaron dinero de manera informal fuera del padrón de la entidad no contarán con el respaldo financiero directo de la cooperativa: “Los que no son socios de Actim y que fueron y le llevaron plata a él y por una comodidad, ese ya es otro problema, eso van a tener que cobrarle vía judicial a él”.
Finalmente, el legislador provincial defendió la celeridad con la que actuó la administración de la cooperativa para denunciar y exonerar al empleado infiel, diferenciando este accionar de otros esquemas de encubrimiento. “Un tipo que estafa a un colono tiene que irse, un tipo que roba a la gente o estafa, no puede seguir trabajando en ninguna institución”, concluyó, ratificando el compromiso de la entidad con la transparencia del sector productivo tabacalero de la región.
