Tras la aprobación de la nueva Ley de Bioinsumos, AMAYADAP destacó que las reglas claras pueden impulsar nuevas inversiones

Enrique Bongers, presidente de la entidad forestoindustrial, valoró que haya quedado sin efecto la prohibición del glifosato y sostuvo que actualmente no existe una herramienta que lo supere en eficacia, tecnología y costos. También planteó que una eventual sustitución deberá estar acompañada por alternativas reales para no afectar la competitividad de Misiones frente a Brasil y Paraguay.

La Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP) recibió con una valoración positiva la modificación de la Ley de Bioinsumos que dejó sin efecto la prohibición del glifosato en Misiones. Para el sector forestoindustrial, la decisión permite contar con un marco más previsible para una actividad que necesita planificar inversiones y producción a largo plazo.

El presidente de la entidad, Enrique Bongers, explicó que desde hace varios años planteaban la necesidad de revisar la prohibición porque, hasta el momento, no existe un producto o herramienta que permita controlar las malezas con una combinación de eficacia tecnológica, costos competitivos y menor impacto ambiental que resulte superadora.

En el caso de la forestación, señaló que el glifosato se utiliza principalmente durante el primer año de las plantaciones, cuando es necesario controlar las malezas para favorecer el crecimiento inicial de los árboles. Una vez que los ejemplares adquieren determinada dimensión, su utilización deja de ser necesaria y el ciclo productivo continúa durante varios años hasta la cosecha.

Una transición con alternativas reales

Bongers sostuvo que el objetivo no debería ser abandonar la búsqueda de alternativas, sino generar las condiciones para que puedan desarrollarse herramientas capaces de reemplazar al producto cuando sean realmente eficientes. Para eso, consideró necesario profundizar la investigación, el desarrollo tecnológico y la capacitación de quienes utilizan fitosanitarios.

En particular, pidió que el Ministerio del Agro continúe fortaleciendo las capacitaciones destinadas a los pequeños productores, con información sobre las dosis correspondientes a cada cultivo, la preparación de las aplicaciones y el uso de elementos de protección personal. Según explicó, una utilización correcta permite reducir los riesgos tanto para las personas como para el ambiente.

El dirigente remarcó además que el problema no se limita a la forestoindustria. También mencionó a las producciones de yerba mate y té, que utilizan herramientas para el control de malezas y que, en algunos casos, deben responder a exigencias específicas de los mercados donde comercializan sus productos.

Para Bongers, una eventual sustitución del glifosato debería contemplar necesariamente el aspecto económico. Advirtió que retirar una herramienta sin disponer de otra que tenga costos y resultados comparables podría hacer inviables algunas producciones y generar una pérdida de competitividad frente a países vecinos como Brasil y Paraguay, donde el producto continúa siendo utilizado.

Certificaciones y competitividad

La discusión también se vincula con las certificaciones que posee la actividad forestal. Bongers señaló que en Misiones existen más de 150.000 hectáreas de plantaciones certificadas bajo estándares FSC y también bajo PEFC, cuyos protocolos contemplan el uso de determinados productos fitosanitarios bajo condiciones específicas.

En ese sentido, explicó que la certificación forestal incluye múltiples requisitos ambientales y de manejo y que el uso de glifosato no constituye por sí solo un impedimento. Para AMAYADAP, el desafío consiste en mantener esos estándares y, al mismo tiempo, garantizar que las herramientas disponibles permitan sostener la productividad.

El presidente de la entidad también relacionó el cambio normativo con la necesidad de recuperar previsibilidad para el sector privado. Consideró que una actividad como la forestoindustria, que requiere inversiones y ciclos productivos extensos, necesita reglas claras para proyectar nuevos emprendimientos.

“Necesitamos darle al sector privado reglas claras para producir”, sostuvo Bongers, quien consideró que, si desde la provincia se generan condiciones adecuadas para la producción, “las inversiones van a venir” y podrán traducirse en generación de empleo y actividad económica.

De esta manera, desde AMAYADAP interpretan la modificación de la ley como el comienzo de una nueva etapa. El objetivo, según planteó Bongers, será sostener la producción y la competitividad mientras se continúa trabajando en alternativas que permitan avanzar hacia sistemas productivos cada vez más sustentables, pero sin imponer una sustitución para la que todavía no existe una herramienta técnicamente superadora.

La crisis de costos y el pedido de alivio al Gobierno provincial

Bongers también puso el foco en la estructura de costos que enfrenta actualmente la forestoindustria y señaló que el sector acumula distintas cargas que afectan su competitividad frente a otras provincias. Mencionó entre ellas la tasa forestal, el impuesto a la industria y el canon por el uso del agua de Misiones, además de otros costos que, según sostuvo, terminan dejando a las industrias locales en una posición de desventaja.

En ese contexto, desde AMAYADAP plantean la necesidad de contar con medidas paliativas mientras atraviesan la crisis. Bongers señaló que solicitaron al Gobierno provincial la suspensión por 12 meses de la tasa forestal, que actualmente representa el 2% del valor del rollo, y también consideró que una suspensión del canon por el uso del agua podría contribuir a aliviar la situación. “Serían paliativos hasta ver cómo salimos de esta crisis, que es compleja”, explicó.

Pero uno de los principales problemas que señaló está relacionado con el costo de la energía para los grandes consumidores industriales. Como ejemplo, detalló que un aserradero que entre enero y febrero pagaba unos $500.000 por la Resolución 976/23, actualmente recibe por ese mismo concepto una factura de alrededor de $22 millones, a lo que luego se suman potencia y consumo. En el caso de un aserradero pequeño, ejemplificó que una factura que hace dos años rondaba los $7 millones hoy alcanza los $23 millones, mientras que industrias más grandes pasaron de pagar unos $23 millones a alrededor de $80 millones.

“Trasladar ese costo a la madera que cortan es prácticamente imposible”, advirtió Bongers y señaló que la situación ya está llevando a algunas industrias a evaluar el freno de sus actividades. Según explicó, los establecimientos que no cuentan con forestaciones propias, trabajan con grandes volúmenes y no logran diversificarse enfrentan un escenario especialmente complejo: “O se reconvierte en otra cosa o para, porque no le van a cerrar los costos”.

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El impacto de El Niño sobre el abastecimiento de madera

Otro de los factores que genera preocupación en la forestoindustria es el escenario climático asociado al fenómeno de El Niño y la posibilidad de atravesar meses con precipitaciones abundantes. Bongers explicó que el principal impacto podría darse sobre los caminos rurales y, en consecuencia, sobre la capacidad de extraer la materia prima de las zonas de producción.

“Debido a la calidad de los caminos rurales actualmente, puede hacer que nos quedemos con poca materia prima disponible”, advirtió. Según detalló, durante los días de lluvia los rollos suelen extraerse desde sectores con caminos en mejores condiciones o cercanos a las rutas, mientras que cuando las condiciones mejoran se intenta ingresar a zonas más alejadas.

Por eso, una temporada con muchos días de lluvia podría dificultar el abastecimiento de los aserraderos y otras industrias forestales. “El efecto de este proceso de El Niño podría afectar ese abastecimiento a las industrias”, señaló Bongers, aunque aclaró que por el momento el sector todavía no observa ese impacto de manera concreta y se mantiene atento a la evolución de las precipitaciones.

El máximo tribunal de Justicia de la Nación falló a favor de la empresa Papel Misionero y determinó que una ley no puede calificar una actividad laboral como riesgosa de manera genérica y abstracta, sin evaluar las tareas específicas de cada trabajador. La ley había sido aprobada… pic.twitter.com/2Df9iA96da— misionesonline.net (@misionesonline) September 10, 2026

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