El escenario político y judicial ha tomado un giro complejo para la administración del presidente Javier Milei. El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ratificó la derogación de la Ley de Tierras ha desencadenado una reacción en cadena en el Congreso de la Nación. Esta resolución judicial, que convalida la apertura del territorio nacional a la adquisición extranjera sin los límites previamente establecidos, ha impulsado a los bloques opositores a unificar posiciones para avanzar con una estrategia legislativa que podría derribar de forma completa el DNU 70/23, pieza fundamental del programa de desregulación económica del Gobierno nacional.
De acuerdo a lo reportado por diversas fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas, las bancadas opositoras en la Cámara de Diputados se encuentran analizando la convocatoria a una sesión especial, barajando como fechas tentativas el 14 o el 15 de octubre. El objetivo primordial de este plenario extraordinario es rechazar de plano el megadecreto. Cabe recordar que el trámite legislativo requiere un quórum mínimo de 129 diputados para habilitar el debate, requiriéndose luego una mayoría simple de los miembros presentes para votar el rechazo. Dado que el Senado de la Nación ya rechazó el instrumento en marzo de 2024, un pronunciamiento en el mismo sentido por parte de la Cámara Baja dictaminaría la derogación total y definitiva del decreto de necesidad y urgencia. Como alternativa paralela, los legisladores exploran la redacción de un proyecto de ley específico que anule el polémico artículo 154 del DNU 70/23, restituyendo formalmente la vigencia de la Ley de Tierras.
La Corte Suprema rechazó la demanda contra la derogación de la Ley de Tierras y quedan sin efecto los límites a la compra por parte de extranjeros
El impacto de la desregulación sobre la cadena de la yerba mate
La eventual caída del DNU 70/23 tendría un impacto directo y de proporciones estructurales en la agroindustria yerbatera del Nordeste Argentino. Dentro del articulado del decreto presidencial se dispuso la pérdida de las herramientas de intervención y regulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Desde la entrada en vigencia de esta normativa, los productores primarios y las organizaciones agrarias de la provincia de Misiones han denunciado un progresivo y severo deterioro de las economías de las chacras, señalando que el nuevo esquema desregulado los ha dejado en una posición de extrema vulnerabilidad frente a los eslabones industriales de la cadena de valor.
La principal controversia radica en la pérdida de la potestad del INYM para fijar los precios mínimos de referencia para el kilogramo de hoja verde y de yerba mate canchada. Este mecanismo, que históricamente actuaba como un factor de equilibrio entre miles de pequeños productores minifundistas y un grupo concentrado de establecimientos molineros con fuerte poder de mercado, quedó desactivado por el decreto de desregulación. Sin esta herramienta de sostén, los dirigentes agrarios sostienen que los valores comerciales que se abonan en las chacras no cubren los incrementos de los costos de producción, lo que ha desencadenado una profunda transferencia de recursos desde el sector primario hacia la industria.
Indicadores de una crisis estructural y caída en los volúmenes de cosecha
La realidad socioeconómica de los productores yerbateros se ha visto reflejada en indicadores técnicos sumamente críticos. El sector agroindustrial arrastra un período de 28 meses consecutivos en señal roja, de acuerdo con las mediciones del Semáforo de Economías Regionales elaborado por la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro). Esta situación de quebranto sostenido se traduce en una pérdida drástica de rentabilidad y en un proceso acelerado de concentración industrial.
La crisis también se manifiesta en los volúmenes de procesamiento primario. Durante el período comprendido entre enero y junio de 2026, se procesaron un total de 417,5 millones de kilos de hoja verde. Esta cifra representa una contracción del 25,9% en comparación con el volumen registrado en el mismo período del año 2024, evidenciando no solo el impacto de los factores climáticos y de manejo agronómico, sino principalmente la desmotivación económica del productor ante la falta de precios de referencia justos que sostengan la actividad en las chacras misioneras.
El Pago Nº 7/2026 estará disponible desde el martes 6 de octubre y contempla recursos por más de $3.600 millones destinados a 12.180 productores y productoras de tabaco Burley, Criollo Misionero y Criollo Argentino.
Leé la nota completa: https://t.co/Y6xQ9tpEY8 pic.twitter.com/SKMIPUuE97— misionesonline.net (@misionesonline) September 30, 2026
