Juan Benítez, gerente de Prevención de Comercio Ilícito de Philip Morris, estimó que el 10% del mercado argentino opera fuera de los canales legales. Además, describió el funcionamiento de una fábrica clandestina en San Luis que producía 26 millones de atados por año y advirtió sobre las pérdidas fiscales que genera la actividad.
El avance del comercio ilegal de cigarrillos representa un desafío para la industria tabacalera argentina y las economías regionales que dependen de esta actividad. El contrabando, la falsificación de marcas y la fabricación clandestina de productos reducen la recaudación impositiva y dejan fuera del sistema recursos que también alcanzan al Fondo Especial del Tabaco (FET), una herramienta de financiamiento para el sector productivo.
El problema adquiere especial relevancia para las provincias del NEA y el NOA, donde miles de familias dependen del cultivo de tabaco. En este contexto, Juan Benítez, gerente de Prevención de Comercio Ilícito de Philip Morris, advirtió sobre las dimensiones del mercado informal y sus consecuencias para la cadena productiva.
“En Argentina aproximadamente el 10% del mercado es ilegal. Esa ilegalidad se combina entre producto de contrabando, producto falsificado y producto 100% ilegal hecho en Argentina”, señaló.
Según explicó el ejecutivo, una parte de la mercadería ingresa al país a través de las zonas fronterizas, con Paraguay como uno de los principales puntos de origen de los cigarrillos de contrabando. A esa modalidad se suma la producción local que funciona al margen de las obligaciones fiscales y los controles correspondientes.
La dimensión de estas redes quedó expuesta, según el relato de Benítez, durante un operativo realizado en mayo en la provincia de San Luis. El procedimiento permitió desarticular una fábrica clandestina que distribuía cigarrillos en distintas regiones del país y también enviaba mercadería ilegal a mercados extranjeros.
“Recientemente en el mes de mayo logramos desarticular una fábrica junto a Prefectura y un trabajo de la Justicia Federal, una fábrica que producía ilegalmente cigarrillos en la provincia de San Luis, con distribución a todo el país y además llevaban de contrabando cigarrillos a Brasil y a Chile”, afirmó.
El directivo describió la capacidad de producción de la planta y el volumen económico que habría movilizado. De acuerdo con sus estimaciones, la estructura fabricaba alrededor de 26 millones de atados de cigarrillos al año y generaba una ganancia neta anual cercana a los 30 millones de dólares.
Una fábrica clandestina con producción a gran escala
El establecimiento de San Luis presentaba características propias de una instalación industrial de grandes dimensiones, pese a operar fuera del circuito legal. Benítez detalló que el predio tenía aproximadamente 100 metros de largo y media cuadra de ancho, con una infraestructura capaz de sostener un elevado volumen de fabricación.
Sin embargo, la situación más grave denunciada por el representante de Philip Morris estuvo relacionada con las condiciones en las que trabajaban algunas de las personas que se encontraban en el lugar.
“Había cinco ciudadanos paraguayos dentro de la fábrica encerrados con inhibidor de señales donde no podían salir”, sostuvo. También describió que la planta funcionaba con condiciones de trabajo que vinculó con la trata laboral.
Más allá de las características del operativo, el caso expone una de las dimensiones del comercio ilícito: la existencia de estructuras organizadas que pueden combinar producción clandestina, evasión impositiva, distribución nacional y contrabando hacia otros países.
Por qué el contrabando afecta al Fondo Especial del Tabaco
El impacto fiscal es uno de los principales puntos de preocupación para la cadena tabacalera. Los cigarrillos comercializados por fuera del circuito formal no cumplen con las obligaciones tributarias correspondientes y, por lo tanto, no generan los mismos recursos que los productos vendidos legalmente.
Benítez sostuvo que la fábrica desarticulada representaba una porción relevante del mercado. Según sus cálculos, su producción equivalía aproximadamente al 1,6% del mercado argentino y no tributaba por la actividad.
“Producía aproximadamente el 1.6 del mercado argentino, 100% ilegal, es decir que pagaba cero impuestos, por ende cero al FET, cero a cualquier programa sanitario”, afirmó.
El gerente recordó que los impuestos representan una parte considerable del precio final de los cigarrillos y señaló que la evasión repercute en la recaudación estatal. “El cigarrillo tiene prácticamente el 80% de su valor es impositivo, con lo cual es una afectación inmensa a la recaudación fiscal del país, al FET y al negocio”, expresó.
Para las provincias productoras, la discusión tiene una dimensión que va más allá de la competencia comercial entre marcas. Los recursos fiscales forman parte del esquema que sostiene distintas políticas vinculadas con la actividad tabacalera, por lo que la comercialización ilegal también abre interrogantes sobre el financiamiento que llega al sector primario.
Las consecuencias para los productores y los consumidores
La cadena tabacalera involucra a productores, trabajadores, industrias y comercios, con una presencia importante en las economías del interior del país. En ese entramado, Benítez remarcó que las consecuencias del mercado ilegal alcanzan a distintos eslabones y no se limitan a las empresas fabricantes.
“El negocio nace desde el productor tabacalero hasta el punto de venta que es el punto final. Y es una cadena que tiene 14.000 productores rurales que siembran y cosechan tabaco y es un entorno, un ecosistema que directa o indirectamente da trabajo a 300.000 argentinos”, afirmó.
El representante de Philip Morris también señaló que la circulación de cigarrillos falsificados puede perjudicar a los consumidores, debido a que se trata de productos cuya procedencia y composición no necesariamente pueden verificarse.
“Al consumidor lo engañan, y muchas veces cae en ese engaño y termina comprando un producto que no es original, que no reúne las características que tienen nuestros cigarrillos, ni la calidad de tabaco que tienen”, sostuvo.
En esa línea, advirtió que la falta de controles sobre la mercadería dificulta conocer su origen y verificar si cumple con los estándares correspondientes. Según Benítez, quienes compran productos falsificados pueden quedar expuestos a riesgos adicionales por la ausencia de certificaciones.
El comercio ilegal, de esta manera, reúne tres frentes de preocupación para el sector: la pérdida de recaudación tributaria, el impacto sobre los recursos destinados al FET y las condiciones en las que se producen y comercializan los cigarrillos fuera del sistema formal. Para las economías tabacaleras del norte argentino, el alcance de este fenómeno resulta especialmente relevante por su vínculo con el empleo rural y el sostenimiento de miles de familias productoras.
Montecarlo, Jardín América, Posadas, San José y Oberá concentraron algunas de las principales propuestas culturales y populares del 10 al 12 de octubre. Las celebraciones reunieron a emprendedores, artistas, productores y visitantes, con actividades que combinaron tradición, música, gastronomía y cine regional.
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