El Gobierno nacional avanza con una nueva reforma sobre el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), esta vez mediante un proyecto de reordenamiento normativo que propone derogar 21 resoluciones y modificar herramientas de control, fiscalización y asistencia que el organismo desarrolló durante más de dos décadas. La iniciativa se inscribe en el proceso de desregulación iniciado con el DNU 70/2023, que le quitó al Instituto la facultad de establecer precios de referencia para la materia prima.
En un escenario marcado por la pérdida de capacidad de negociación de los productores y las dificultades económicas de las familias yerbateras, el Directorio del INYM aprobó un cronograma para avanzar con el tratamiento de la propuesta. La decisión habilita la discusión de una reforma que podría alterar las reglas de funcionamiento del organismo y reducir su intervención sobre una cadena productiva integrada por miles de productores, tareferos, secaderos e industrias.
El proyecto fue presentado el 22 de septiembre por representantes del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, junto con integrantes del Senasa y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Una semana después, la Subcomisión de Legislación, Fiscalización y Control había resuelto postergar su tratamiento ante la magnitud de los cambios y sus posibles consecuencias para el sector.
Sin embargo, el tema volvió a avanzar en el Directorio. La continuidad del proceso recibió el respaldo de Carmelo Rojas, representante de los tareferos; Luis Konopaki, por los secaderos; Marisol Fracalosi y Ramón Rodríguez, por los productores; Gustavo Barreiro y Gerardo López, por la industria; María Herminda Gabur, por el Gobierno de Corrientes; y Rodrigo Correa, presidente del organismo.
En cambio, Denis Bochert, representante del Gobierno de Misiones, se abstuvo, mientras que Roberto Ferreyra y Kevin Knott, por la Producción, y Gerardo Vallejos y Elian Genski, por las cooperativas, rechazaron formalmente la continuidad del tratamiento.
La decisión vuelve a exponer las diferencias dentro del organismo sobre el alcance de la desregulación y el papel que debe cumplir el INYM. En particular, pone bajo discusión el posicionamiento de los representantes que acompañaron el avance de una iniciativa cuestionada por sectores de la producción que reclaman herramientas para defender el valor de la materia prima y sostener la actividad en las chacras.
Menos controles y cambios en las reglas del Instituto
El proyecto oficial consta de 31 páginas y 103 artículos, e incluye la derogación de 21 resoluciones dictadas entre 2003 y 2023. Las normas alcanzadas forman parte del esquema regulatorio que el INYM construyó desde su creación para organizar distintos aspectos de la actividad, desde los registros y la fiscalización hasta los mecanismos de asistencia.
Uno de los cambios más sensibles apunta a las atribuciones de la Presidencia. La propuesta habilita al titular del organismo a negociar, redactar y firmar convenios, acuerdos e instrumentos operativos sin la aprobación previa del Directorio. De esta manera, se modificaría el esquema de decisiones colegiadas que permite la participación de representantes de los distintos eslabones de la cadena yerbatera.
También se plantean modificaciones al Convenio de Corresponsabilidad Gremial, a la Tasa de Inspección y Fiscalización y al régimen sancionatorio. A esto se suman cambios en los programas de asistencia, que quedarían sujetos a una limitación expresa: no podrán interferir en la libre oferta y demanda ni distorsionar los precios.
Esta disposición abre interrogantes sobre la continuidad de herramientas que permitieron acercar tecnología e insumos a productores y trabajadores rurales. Entre ellas se encuentran iniciativas de asistencia técnica y entrega de equipamiento, como guinches y herramientas para secaderos, orientadas a mejorar las condiciones de trabajo y la productividad.
Otro punto en discusión es el sistema de registros y trazabilidad. Su modificación podría alterar mecanismos de seguimiento de la producción y circulación de la yerba mate, además de reducir o transformar las herramientas de fiscalización disponibles para el Instituto.
El avance de la desregulación, en plena crisis yerbatera
El reordenamiento normativo no se limita a una actualización administrativa. Su alcance obliga a discutir qué funciones conservará el INYM y con qué herramientas podrá intervenir en una actividad que atraviesa dificultades económicas, especialmente entre los productores primarios.
Desde la eliminación de la facultad de fijar precios de referencia, el sector viene reclamando respuestas ante los valores que reciben por la hoja verde y las condiciones de comercialización. En ese contexto, reducir mecanismos de control y limitar los programas de asistencia plantea una pregunta central: qué instrumentos quedarán disponibles para acompañar a los eslabones más vulnerables de la cadena.
El cronograma aprobado prevé que la comisión comience a analizar la propuesta el martes 3 de noviembre, con cuatro reuniones de trabajo y una definición prevista para el 25 de noviembre. Luego, el expediente regresará al plenario del Directorio para su votación definitiva.
Mientras tanto, el Gobierno nacional busca avanzar con una reforma que reconfiguraría el funcionamiento del INYM. El debate excede la eliminación de 21 resoluciones: pone en juego el alcance de la regulación estatal sobre la actividad yerbatera y la capacidad del organismo para fiscalizar, asistir y representar a los distintos sectores en un mercado desregulado.
