A tres meses de su entrada en vigencia, y con múltiples aspectos regulatorios y operativos aún por definirse en el plano internacional, los alcances e implicancias del histórico acuerdo firmado entre la Unión Europea y el Mercosur continúan bajo un riguroso análisis técnico y político. Este compromiso internacional no solo establece condiciones y límites regulatorios estrictos para los países del Cono Sur, sino que también abre un abanico de oportunidades arancelarias estratégicas para la colocación de productos agroindustriales en el mercado europeo.
Según informó el portal de noticias agropecuarias Bichos de Campo, en un contexto geopolítico global sumamente complejo, los representantes del bloque europeo insisten en las múltiples ventajas competitivas que ofrece el acuerdo. Asimismo, manifiestan una postura de apertura para debatir las inquietudes técnicas expresadas por la dirigencia del sector agropecuario regional, aunque aclarando de manera oportuna que existen pilares fundamentales de su política interna que no serán objeto de concesiones.
El reconocimiento a la sostenibilidad argentina y los límites de la negociación
Durante una de las jornadas clave del Congreso Aapresid celebrado en la ciudad de Rosario, la jefa de la Sección Economía y Comercio de la Delegación de la UE en Argentina, Inmaculada Montero Luque, ponderó el desempeño del agro local en comparación con sus socios regionales. “Si hay un país, dentro de los cuatro del Mercosur, que ha hecho la tarea, es Argentina. Lo han hecho con ejercicios de trazabilidad y de sostenibilidad, y me gustaría que se replicara a otros países”, señaló la funcionaria europea durante su disertación en un panel especializado.
A pesar de los elogios dirigidos a los sistemas de certificación argentinos, Inmaculada Montero Luque defendió con firmeza las exigencias ambientales y de trazabilidad impuestas por el bloque de los 27 países. Aseguró que, si bien “está en los sectores el poder adaptarse a ellas”, la Unión Europea ofrece “un proceso de acompañamiento y un socio en la misma mesa de diálogo”. Sin embargo, frente a las resistencias y cuestionamientos técnicos que surgen desde los sectores productivos de la región, la funcionaria fue tajante respecto a los estándares de inocuidad: “Eso no lo vamos a negociar, son imprescindibles para la Unión Europea. Pero no son una barrera comercial, son para defender a nuestro consumidor”. Bajo esta premisa, instó a los exportadores locales a visualizar el mediano plazo, afirmando que “una vez que te adaptas a los estándares europeos te adaptas a muchos países del mundo”.
La postura oficial argentina frente a las exigencias ambientales
Las definiciones de la representante europea funcionaron como una respuesta directa a los discursos que las autoridades argentinas habían pronunciado previamente en el mismo evento tecnológico. El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, durante el discurso de apertura oficial del congreso, hizo hincapié en las oportunidades comerciales que plantean los acuerdos globales, pero marcó un límite soberano en la negociación: “No vamos a ceder a las exigencias ambientales, sanitarias o técnicas para que sean utilizadas como nuevas formas de proteccionismo”, sentenció ante el auditorio.
En sintonía con esta postura, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería argentina, Fernando Brun, coincidió en la necesidad de que el país asuma un rol activo en la confección de los estándares globales. “No nos podemos conformar con tomar las reglas que otros, con intereses diferentes a los nuestros, ponen sobre la mesa. Tenemos que ser parte de los procesos donde se definen las reglas del comercio internacional”, argumentó el diplomático. Por su parte, el consultor internacional y director general del IICA, Manuel Otero, respaldó este enfoque estratégico señalando que “el comercio es político, nosotros tenemos que tener una presencia agresiva en foros internacionales, en donde nada se da por sentado. Tenemos que participar, asumir una nueva narrativa y defender inteligentemente todas las transformaciones que están ocurriendo en la agricultura argentina”.
Un cambio de época comercial y el debate por las retenciones
A pesar de las rispideces regulatorias, la representante de la Unión Europea insistió en el valor histórico de la alianza tras un cuarto de siglo de tratativas. “Somos un continente abierto a la negociación. Somos herederos de los fenicios y tenemos bastante experiencia en negociar acuerdos comerciales y en implementarlos”, expresó Inmaculada Montero Luque, para luego añadir: “Para ustedes es el primer gran acuerdo comercial con un bloque muy grande, y eso significa un enorme desafío. Argentina y los países del Mercosur van a pasar de ser proveedores importantes a ser un socio privilegiado para nosotros”.
Por su parte, el subsecretario de Mercados Agropecuarios y Negociaciones Internacionales, Agustín Tejeda, quien compartió el panel de discusión, refrendó la trascendencia del tratado para la política exterior del país. “Es el principal acuerdo que ha firmado la Argentina después del acuerdo de Mercosur, y comienza a nivelar las condiciones que tienen nuestros exportadores en los principales mercados del mundo”, explicó el funcionario, calificando el escenario actual como un verdadero “cambio de época”. En ese sentido, Agustín Tejeda recordó que “Argentina ha estado fuera de las negociaciones internacionales por décadas, mientras nuestros principales competidores han negociado acuerdos con los principales mercados del mundo. Este acuerdo es el primero de una agenda muy ambiciosa de apertura del mercado internacional”.
Finalmente, un aspecto técnico de alta relevancia para la macroeconomía local es el capítulo del acuerdo que aborda los derechos de exportación. El tratado contempla un cronograma de reducción paulatina de estas alícuotas para las próximas campañas agrícolas, un logro que la delegación europea destaca como parte de su influencia negociadora. “Nosotros fuimos parte de un proceso transformador en Argentina, un proceso comprometido en el acuerdo y eso ha de suceder en un plazo máximo de 3 años de su aplicación”, remarcó Inmaculada Montero Luque. No obstante, la funcionaria reconoció que la velocidad de esta descompresión impositiva dependerá de las decisiones de la administración nacional y de sus metas de equilibrio fiscal, concluyendo que “la voluntad es eliminarlos cuando el gobierno argentino estime que está en condiciones de hacerlo”.
