Según informó el Gobierno nacional, el presidente Javier Milei anunció un acuerdo estratégico entre el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y la empresa estadounidense Starlink, subsidiaria de SpaceX, orientado a proveer conectividad satelital a un total de 6.000 escuelas rurales de la República Argentina.
El anuncio formal tuvo lugar el pasado domingo en las instalaciones de la tradicional Expo Rural de Palermo, un espacio de alta relevancia para el sector agropecuario. Durante su discurso, el mandatario detalló el alcance del compromiso asumido por la firma de servicios tecnológicos. “Starlink se comprometió a donar 6000 kits satelitales junto a 24 meses de su servicio de internet más alto, que incluye acceso prioritario por hasta cinco terabytes mensuales”, aseguró Javier Milei ante el auditorio.
En el mismo sentido, el Jefe de Estado expresó su agradecimiento de manera directa: “Sí, es un montonazo. Gracias, Elon”, en clara alusión a Elon Musk, propietario y principal impulsor de la compañía de infraestructura aeroespacial.
La trastienda regulatoria y la habilitación de la banda W
Detrás de la donación de los equipos de telecomunicaciones subyace un andamiaje regulatorio de carácter técnico que se formalizó recientemente en el plano administrativo nacional. El antecedente inmediato y habilitador de este acuerdo se remonta al pasado 1 de junio, fecha en la que se publicó en el Boletín Oficial la resolución 372/2026.
Mediante esta norma, el Enacom autorizó, con carácter de excepcionalidad, a la firma Starlink Argentina para operar las bandas de frecuencia en el rango W (que comprende el espectro de 92 a 114.25 GHz). Estas frecuencias están técnicamente destinadas al funcionamiento de estaciones terrenas denominadas “Gateways Versión 5”, las cuales se encuentran asociadas de forma directa a los servicios satelitales de la compañía.
Estas nuevas estaciones terrestres Gateways V5 consisten en dispositivos de última generación que se conectan de manera directa con la constelación de satélites de órbita baja operada por Starlink. El objetivo técnico de esta infraestructura es ampliar sustancialmente la capacidad de transporte de datos de las redes. A través de un comunicado oficial emitido por el organismo de control, el Enacom detalló las ventajas operativas del despliegue: “Esta autorización permitirá que Starlink realice una implementación tecnológica novedosa, que se verá reflejada en un aumento la capacidad de la red (tres veces), mayor reutilización del espectro radioeléctrico, mayor densidad de usuarios y menor riesgo de interferencia perjudicial son algunas de las ventajas que informa la empresa”.
Asimismo, desde el ente regulador enfatizaron el impacto socioeconómico y educativo que proyectan para las áreas rurales y productivas del territorio nacional. “La medida permitirá fortalecer la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de internet, contribuyendo a reducir la brecha digital y promover la inclusión tecnológica de millones de argentinos. En particular, el despliegue de soluciones satelitales representa una herramienta clave para conectar regiones rurales, aisladas o de difícil acceso”, añadieron fuentes del organismo de control de telecomunicaciones.
No obstante, las autoridades aclararon que la habilitación definitiva quedó estrictamente supeditada al cumplimiento de rigurosas condiciones técnicas y regulatorias, orientadas de manera primordial a la prevención de interferencias perjudiciales en el espectro radioeléctrico y al estricto respeto de los límites establecidos para las radiaciones no ionizantes.
Un escenario global de tensiones y disputas por el espectro
La adopción de esta tecnología por parte de la República Argentina coloca al país en una posición de vanguardia regulatoria a nivel internacional, aunque no exenta de debates sobre la gobernanza del espectro. En la actualidad, existen únicamente dos naciones en todo el planeta que han autorizado a la firma Starlink para el uso de las bandas de frecuencia en el rango W: Estados Unidos y la Argentina. La empresa estadounidense se encuentra en pleno proceso de negociación para replicar este esquema de asignación en otras regiones del globo, aunque ha encontrado resistencias por parte de diversos organismos reguladores soberanos.
Un caso testigo de esta tensión internacional ocurre en Oceanía. SpaceX ha solicitado formalmente al gobierno de Australia la asignación de estas frecuencias específicas, consideradas vitales para consolidar su red de constelaciones de órbita baja, manifestando su rechazo a someterse a los procesos tradicionales de licitación pública.
La postura de la corporación tecnológica fue expresada con firmeza por sus cuadros directivos. “Si Australia procede con la licitación, se convertirá en una excepción importante en la comunidad internacional y los australianos sufrirán las consecuencias en forma de mayores costos o, peor aún, la falta total de servicio”, advirtió en abril pasado David Goldman, vicepresidente del área de políticas satelitales de SpaceX, en declaraciones consignadas por el medio especializado australiano Financial Review.
La respuesta institucional del país oceánico no tardó en materializarse y evidenció un endurecimiento de los controles estatales. En junio pasado, la filial local de Starlink recibió una advertencia formal por parte de la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios (ACMA, por sus siglas en inglés). La sanción administrativa se fundamentó en el incumplimiento por parte de la prestataria satelital en la presentación en tiempo y forma de los informes trimestrales obligatorios vinculados a las quejas y reclamos de los consumidores, reflejando el complejo equilibrio entre la facilitación de inversiones tecnológicas y el cumplimiento de los marcos regulatorios vigentes en cada jurisdicción.
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