La administración de los recursos destinados a las economías regionales vuelve a quedar en el centro de la escena judicial y política. El diputado provincial y referente del Partido Agrario y Social (PAyS), Héctor «Cacho» Bárbaro, formalizó una denuncia penal ante la Justicia Federal contra Marcelo Horacio Reinoso, actual coordinador de Tabaco de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. La presentación acusa al funcionario de la gestión del presidente Javier Milei por presuntas irregularidades y dilaciones injustificadas en la tramitación de los fondos correspondientes al Fondo Especial del Tabaco (FET) dirigidos a la provincia de Misiones.
La acción judicial solicita investigar la comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y omisión de actos de oficio. La acusación central radica en la paralización de la evaluación, tramitación y elevación para aprobación de los Programas Operativos Anuales (POA), herramientas administrativas indispensables para el financiamiento de esquemas productivos, asistencia sanitaria, infraestructura y herramientas operativas de las familias agrícolas. De acuerdo a la documentación adjuntada a la causa, existen 30 subcomponentes trabados a nivel nacional. De ese total, apenas 12 cuentan con expedientes formalmente abiertos por un monto de $74.485 millones, mientras que los 18 restantes ni siquiera tienen número de expediente asignado, sumando otros $22.783 millones. En conjunto, los recursos frenados ascienden a $97.268 millones.
Parálisis sanitaria y vencimiento de plazos institucionales
El impacto del estancamiento administrativo afecta de forma directa las prestaciones básicas de las familias tabacaleras. Entre los programas trabados figuran proyectos de cobertura médica, servicios sanitarios, equipamiento, infraestructura de caminos rurales y esquemas de apoyo a la producción. La denuncia resalta una anomalía puntual en materia de salud: un subcomponente de prestaciones sanitarias aprobado en febrero de 2025 —previo a la llegada de Marcelo Horacio Reinoso al cargo— no obtuvo su validación para el ejercicio 2026 al cierre de octubre, a pesar de que la propuesta contemplaba únicamente un incremento presupuestario del 25% respecto al ciclo anterior.
Asimismo, el texto presentado por Héctor «Cacho» Bárbaro objeta la inacción del organismo nacional en el aspecto institucional, al no haber convocado a la Comisión encargada de fijar los coeficientes de distribución del FET entre las distintas provincias productoras del país. El plazo reglamentario para realizar dicha convocatoria venció el pasado 30 de septiembre de 2026 sin que se formalizara el encuentro. Esta omisión, advierten los denunciantes, genera un marco de severa incertidumbre sobre el reparto final de las partidas que por ley corresponden a las jurisdicciones tabacaleras del Norte Grande.
Fiscalización tributaria y requerimientos a la Justicia Federal
La presentación judicial no se limita al circuito procedimental de los expedientes, sino que exige indagar sobre la fiscalización de los ingresos del fondo. Bárbaro solicitó determinar si la Coordinación de Tabaco dio cumplimiento a sus deberes de seguimiento sobre los aportes de las empresas cigarrilleras, en un contexto atravesado por controversias tributarias y judiciales que afectan la recaudación general del sector. Específicamente, se requiere investigar la falta de ingreso de recursos derivados del impuesto mínimo a los cigarrillos y las eventuales responsabilidades de los funcionarios en la exigencia de dichos montos a los organismos recaudadores.
Ante este escenario, la denuncia —radicada formalmente en la Fiscalía Federal de Oberá— pide al juzgado requerir antecedentes y documentación a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, al Ministerio de Economía, a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y al Banco de la Nación Argentina para reconstruir la trazabilidad de los expedientes y la disponibilidad efectiva de los valores. Asimismo, la parte querellante propuso la citación en calidad de testigos a dirigentes de la Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones (ACTIM), la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM) y la Cámara del Tabaco de Misiones, a fin de acreditar el perjuicio ocasionado en el territorio por el cese de los flujos financieros.
El relevamiento del INYM determinó que 5.045 hectáreas presentan daños leves, 1.389 moderados y 147 severos. Tras el temporal del 23 de octubre, el organismo comenzó a capacitar a productores sobre las tareas de saneamiento necesarias para recuperar las plantas. https://t.co/uHPdtNjLK1— misionesonline.net (@misionesonline) November 2, 2026
