Una delegación representativa de productores tabacaleros independientes provenientes de las provincias de Misiones, Jujuy, Tucumán, Corrientes y Salta mantendrá una serie de reuniones clave en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con miembros del Congreso de la Nación y autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. La comitiva presentará un reclamo formal ante supuestas maniobras de sobrefacturación en la comercialización de la materia prima y una distribución irregular de los recursos económicos articulados a través del Fondo Especial del Tabaco (FET).
El esquema regulatorio del sector se fundamenta en la Ley 19.800, normativa que establece la constitución del FET. Este instrumento de asistencia y fomento se financia fundamentalmente mediante la aplicación de un gravamen directo del 7% sobre el precio de venta al público de las marquillas de cigarrillos, sumado a otros conceptos complementarios como intereses, multas y donaciones. De la masa total recaudada por este tributo, el 80% debe transferirse de manera prioritaria a las provincias productoras para complementar el precio directo al cual el agricultor vende su cosecha, mientras que el 20% restante se asigna a la financiación de planes de reconversión, infraestructura y proyectos de desarrollo regional. La asignación presupuestaria interprovincial se determina proporcionalmente en función del valor total de la producción formalmente declarada, punto central donde se focaliza la denuncia de las delegaciones norteñas.
Inconsistencias en los volúmenes declarados y alteración de los márgenes
El núcleo de las irregularidades denunciadas reside en una sobreestimación artificial de los volúmenes físicos reportados en los acopios provinciales. En diálogo con Bichos de Campo, el productor misionero Maximiliano Hoff explicó la mecánica de la distorsión que afecta al sector: “Lo que tenemos en común las siete provincias tabacaleras es que hubo una facturación fantasma. El mismo tabaco fue facturado tres o cuatro veces. De la recaudación del cigarrillo, el 73% son impuestos. De ese 73%, casi el 10% mandan de vuelta a las provincias a través del FET y se distribuye entre la gente que entregó tabaco. Pero algunos ni siquiera tienen terreno”.
Según los cálculos aportados por el propio Hoff, las divergencias entre la producción real a campo y los registros administrativos resultan severas para el ciclo productivo más reciente. “En la campaña 2025/26 Argentina produjo 80 millones de kilos, pero en los papeles detectamos que figuran más de 120 millones. Todos esos kilos fueron distribuidos entre gente que no tiene nada que ver con el tabaco. Eso hace que un productor, que debería recibir 100 pesos por kilo producido, termine recibiendo 50. La torta se reparte entre más personas”, argumentó el referente de Misiones, quien remarcó la inacción de las entidades gremiales tradicionales frente a las negociaciones de precios de la materia prima.
Por su parte, el productor jujeño Pablo Sánchez profundizó sobre el origen operativo de estas declaraciones apócrifas en las recepciones de las empresas compradoras. “Cada provincia sabe de quiénes se trata, porque las facturan salen de las mismas bocas de acopio”, aseveró, detallando que mientras un agricultor genuino entrega entre 1.000 y 2.000 kilos, se registran sobrefacturaciones multiplicadas a favor de terceros. Esta distorsión limita los márgenes operativos para afrontar insumos dolarizados como fertilizantes y semillas, obligando a los establecimientos de menor escala a recortar su superficie implantada.
Falta de fiscalización, contrabando y petitorio a las autoridades nacionales
Al ser consultado sobre las falencias en la fiscalización institucional de los padrones de beneficiarios, Sánchez detalló las inconsistencias de los entes jurisdiccionales. Pese a que el Ministerio de Producción de cada provincia exige requisitos de inscripción como fechas de implantación, hectáreas declaradas y alta en el monotributo, no existen controles efectivos en el terreno que constaten la existencia real de las plantaciones. El agricultor contrapuso esta negligencia con la estricta presión fiscal y laboral que ejerce la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Ministerio de Trabajo sobre los establecimientos legalmente registrados, los cuales deben sostener al día sus obligaciones tributarias, pagos de IVA, Ganancias, ART y cargas sociales.
A este escenario de presuntas distorsiones internas se le suma el perjuicio generado por el comercio ilícito fronterizo. Según denunció el representante de Jujuy, se registra una constante entrada de paquetes de cigarrillos de contrabando desde Paraguay, Bolivia y Brasil, mercadería que evade totalmente la carga impositiva local y priva de recursos genuinos al FET. En esa misma línea, el productor tucumano Simón Lobo definió la maniobra como “una estafa hacia el FET y hacia el productor genuino que trabaja”, al tiempo que criticó el silencio de las entidades representativas del sector que perciben sus cuotas gremiales sin accionar institucionalmente.
Frente a este panorama, la comitiva presentará un petitorio formal ante las autoridades nacionales exigiendo los siguientes puntos de control e investigación:
- Actualización de los mecanismos de fiscalización sobre la Coordinación Nacional del Tabaco y la estricta aplicación de la Ley 19.800, mediante la intervención de las Unidades de Auditoría Interna (UAI) y la supervisión de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
- Apertura de expedientes investigativos para determinar la presunta confección de documentación contable basada en volúmenes de tabaco inexistentes orientada al cobro indebido de fondos públicos.
- Auditoría exhaustiva sobre el cumplimiento de los plazos, metodologías de rendición de cuentas, identificación final de beneficiarios y destino efectivo de las partidas transferidas en las últimas campañas.
- Diseño e implementación de un sistema de trazabilidad riguroso que certifique de forma fehaciente que cada kilogramo computado corresponda a producción física real.
- Agilización en los giros financieros del FET, garantizando la pronta distribución de los fondos de los Planes Operativos Anuales (POA) destinados a la pequeña escala productiva.
Finalmente, en el ámbito de la provincia de Misiones, los productores confirmaron que la causa ha tomado curso institucional mediante la radicación formal de una denuncia ante la Justicia Federal, con el objetivo de investigar la posible comisión de delitos de fraude contra la administración pública por el cobro indebido de transferencias del FET asociadas a cosechas inexistentes.
El río Iguazú registró este lunes una importante crecida que obligó a evacuar preventivamente establecimientos comerciales cercanos a la costa y suspender las actividades portuarias. Según datos de Prefectura Naval Argentina, el nivel aumentó cinco metros respecto del domingo y continuaba en ascenso. La Policía de Misiones mantiene operativos de vigilancia en los sectores más vulnerables.— misionesonline.net (@misionesonline) October 13, 2026
