Impacto por la desregulación del INYM: estiman pérdidas por $400 mil millones en Misiones

La decisión nacional generó conflicto en el sector yerbatero y derivó en una disputa judicial impulsada por la Provincia. Las consecuencias alcanzan tanto a productores como al circuito económico interno.
En el marco de la apertura de sesiones de la Legislatura misionera, el gobernador Hugo Passalacqua volvió a referirse al impacto económico que generó la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Durante su discurso, advirtió que la medida nacional provocó una significativa caída en los ingresos del sector.

El mandatario señaló que la economía provincial dejó de percibir cerca de 400 mil millones de pesos en circulación, producto de la baja en el precio de la materia prima.

Impacto en la cadena yerbatera

El planteo del Gobierno provincial apunta directamente a la quita de facultades del INYM, lo que derivó en la desaparición de un precio de referencia acordado para la hoja verde.

Desde esta mirada, se sostiene que la desregulación no afecta a todos por igual, sino que profundiza las desigualdades dentro de la cadena productiva, perjudicando especialmente a los productores primarios.

En ese contexto, se remarcó que los pequeños productores son quienes enfrentan el mayor impacto, mientras que los sectores industriales más concentrados logran sostener mejores niveles de rentabilidad.

Desde el Ejecutivo provincial advierten que esta situación no se limita al sector yerbatero, sino que repercute en toda la economía misionera a partir de una menor circulación de dinero.

Según explicaron, la caída de ingresos se traduce en una baja del consumo diario, lo que termina afectando al comercio local y a múltiples actividades vinculadas al mercado interno.

Frente a este escenario, la Provincia confirmó el inicio de acciones judiciales contra el Estado nacional con el objetivo de recuperar las atribuciones del INYM y restablecer herramientas de regulación de precios.

En paralelo, se implementaron medidas de asistencia financiera, entre ellas líneas de crédito, acompañamiento a cooperativas y mecanismos para mejorar la liquidez de los productores.

Desde el Gobierno señalaron que estas iniciativas buscan mitigar el impacto de la crisis, aunque reconocen que se trata de respuestas parciales frente a una problemática de fondo.

De este modo, el debate se instala tanto en el plano económico como político, entre quienes defienden un esquema regulado que ordene la cadena productiva y un modelo desregulado que, según la Provincia, profundiza las asimetrías en el sector.

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