El escenario regulatorio y socioeconómico de la actividad yerbatera en la región ingresa en una etapa de definición legislativa crucial. Este miércoles comienza formalmente el análisis en comisiones del proyecto de “Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera”. La iniciativa, que fue diseñada y presentada por los propios productores primarios con el respaldo político y técnico del Gobierno provincial, tiene como propósito central mitigar la profunda crisis que atraviesa el eslabón primario de la cadena agroindustrial tras las medidas de desregulación económica implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional.
El proyecto tomó estado parlamentario durante la semana pasada mediante la presentación formal realizada por la diputada Arabela Soler. Su tratamiento técnico y político se iniciará en el seno de la comisión de Desarrollo Forestal, Agropecuario y de Cooperativas de la Cámara de Representantes de Misiones. Debido al impacto directo de la actividad yerbatera en el tejido social y económico de la provincia, los legisladores prevén un tratamiento dinámico y una pronta resolución del dictamen de comisión.
Articulación política y posiciones en el arco legislativo
La propuesta de emergencia ya ha cosechado la adhesión explícita de tres bloques legislativos clave dentro de la Cámara de Representantes. Entre los sectores que respaldan el proyecto se encuentra el Partido Agrario y Social, representado por el diputado Cristian Castro; el bloque Encuentro Misionero, a través del legislador Sebastián Macías; y la bancada mayoritaria de Movimiento por lo que Viene, que cuenta con 17 bancas en el recinto. Los legisladores de este último espacio que firmaron el apoyo son Juan Ahumada, Alejandro Arnhold, Rudi Samuel Bundziak, Waldovino Lemes, Roque Soboczinski y la mencionada Arabela Soler.
En contraposición a este núcleo de consenso, aún resta conocer las definiciones formales de otras fuerzas políticas con representación parlamentaria, tales como la Unión Cívica Radical, Algo Nuevo por la Dignidad de los Trabajadores, Por la Vida y los Valores, el PRO, Por Misiones, el Partido Libertario y La Libertad Avanza. Respecto a este último espacio, analistas del sector estiman que los representantes de la fuerza oficialista a nivel nacional mantendrán una postura de rechazo a la intervención provincial, en consonancia con la línea de desregulación de mercados promovida por los funcionarios de la administración central en sus recientes visitas a Puerto Iguazú.
La crisis de rentabilidad del sector y el impacto del DNU 70/23
La crisis estructural que afecta a los pequeños productores y tareferos se agudizó tras la publicación del DNU 70/23 firmado por el presidente de la Nación, Javier Milei. Dicho instrumento legal despojó al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) de sus facultades históricas para regular el mercado y fijar de manera semestral los precios mínimos de la materia prima (hoja verde y canchada).
Como consecuencia directa de este vacío regulatorio, el valor de mercado del kilo de hoja verde se ubica actualmente en una banda que oscila entre los 210 y 285 pesos. De acuerdo con los datos técnicos aportados por las asociaciones de productores, esta cifra representa apenas la mitad del costo real de producción. A esta pérdida de rentabilidad se suma una fuerte precarización en las condiciones de pago, las cuales se realizan mayoritariamente mediante cheques de pago diferido a largo plazo, asfixiando financieramente a las economías familiares de los municipios misioneros.
Mecanismos técnicos del proyecto de ley
El texto de la iniciativa legal propone declarar el estado de emergencia para la continuidad de la producción primaria yerbatera por el término de un año. El argumento jurídico central es que la pérdida de competencias del INYM generó una distorsión de mercado que desprotege al eslabón más débil de la cadena, lo cual faculta a la provincia a establecer un régimen de transición temporal sin colisionar con las atribuciones de la Nación.
Entre sus principales instrumentos técnicos, el proyecto establece la creación de un precio mínimo obligatorio —denominado precio sostén— para la hoja verde entregada en secaderos. Este beneficio de protección de precios estará focalizado de manera exclusiva en aquellos productores que posean explotaciones de hasta 50 hectáreas de yerba mate.
Finalmente, para garantizar la efectividad de la norma y evitar maniobras de elusión por parte de los sectores industriales, el proyecto prevé un régimen sancionatorio riguroso. Este esquema incluye la aplicación de multas económicas, apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones temporales para aquellos agentes de la cadena que adquieran materia prima por debajo del precio sostén fijado, incumplan los plazos de pago acordados o simulen operaciones comerciales para evadir la reglamentación provincial.
“Qué asco que da esta negrada”, dijo una dirigente de La Libertad Avanza al pasar frente a una manifestación de yerbateros y quedó filmada
Ari Godoy, identificada públicamente con La Libertad Avanza en Oberá, fue cuestionada luego de que se difundiera un video en el que se… pic.twitter.com/2z3WBaXgGE— misionesonline.net (@misionesonline) September 7, 2026
