Los representantes de Misiones cuestionaron la falta de precisiones sobre la implementación de la Guía de Tránsito Vegetal, la pérdida de información productiva y los cambios previstos en la fiscalización de la yerba mate. Desde Nación expusieron el funcionamiento del sistema, pero varios interrogantes quedaron sin respuesta y el Directorio resolvió continuar el análisis sin aprobar la reforma.
El Gobierno nacional volvió a Posadas este martes con la intención de avanzar en los cambios normativos que pretende implementar en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Sin embargo, la reunión extraordinaria del Directorio terminó sin definiciones y con una serie de cuestionamientos de los representantes misioneros, que reclamaron mayores precisiones sobre cómo funcionaría el nuevo esquema y qué consecuencias tendría para el control de la actividad.
La presentación estuvo a cargo de funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), quienes expusieron nuevamente sobre la Guía de Tránsito Vegetal (DTE-V), una herramienta que ya se utiliza en otras producciones y que el Gobierno busca incorporar a la cadena yerbatera. La iniciativa forma parte de una reforma más amplia que contempla la eliminación de 21 resoluciones del Instituto y modificaciones en los mecanismos de registro y fiscalización.
No obstante, para los representantes de Misiones, la explicación técnica no alcanzó para responder cómo se adaptaría el sistema a las particularidades de la producción yerbatera. Denis Bochert, director suplente del INYM por la provincia, señaló que durante el encuentro se plantearon dudas sobre el circuito de información, la identificación de los lotes, el control de existencias y las responsabilidades que asumirían los distintos organismos.
“Lo que pretenden habla mucho en potencial. Se va a hacer el control, se va a implementar un registro, se va a firmar un convenio, pero hablan poco en específico”, expresó. Según explicó, los funcionarios nacionales sostuvieron que la herramienta podría adaptarse a las necesidades del sector, aunque no lograron detallar cómo se concretaría esa adecuación ni cuál sería el flujo de información entre el SENASA y el Instituto.
Uno de los aspectos que generó preocupación fue el futuro de los registros que actualmente administra el INYM. Bochert recordó que el Decreto 812 modificó las facultades del organismo y advirtió que la propuesta nacional requiere derogar registros existentes y crear otros nuevos. En ese contexto, consideró que todavía no está claro de qué manera podría avanzar el Instituto con esos cambios si tiene limitaciones para intervenir en la administración de sus propios registros.
La discusión también alcanzó a la información productiva que se encuentra disponible. Actualmente, el INYM cuenta con datos georreferenciados de las superficies implantadas con yerba mate, identificadas mediante polígonos. El esquema que propone Nación, en cambio, plantea trabajar con una identificación por lotes, lo que, según Bochert, podría reducir el nivel de detalle de los registros.
Para el representante provincial, esa modificación no es menor, porque podría limitar futuras herramientas de planificación y diferenciación dentro de la actividad. Mencionó particularmente la posibilidad de utilizar esa información para establecer una tarifa diferenciada del Convenio de Corresponsabilidad Gremial (CCG), en función de las características de la cosecha y de la incorporación de sistemas mecanizados.
“En realidad nosotros estamos perdiendo información”, remarcó durante sus cuestionamientos.
La calidad de la yerba y el alcance de los controles
Otro de los puntos más discutidos fue la modificación de los mecanismos de fiscalización. La propuesta nacional contempla derogar distintas disposiciones relacionadas con el control de calidad de la yerba mate canchada y la estampilla del INYM, que funciona como una tasa de fiscalización sobre ese producto.
Desde la representación misionera señalaron que los cambios presentados parecen concentrarse en el seguimiento de los movimientos y el stock de mercadería, pero no explican de qué manera se garantizará el control de calidad durante las distintas etapas de producción y comercialización.
Los funcionarios nacionales plantearon que una parte de la fiscalización podría realizarse sobre los paquetes en los puntos de venta, mediante acuerdos entre el SENASA y los organismos provinciales de aplicación, como las áreas de Saneamiento Ambiental. Sin embargo, Bochert puso en duda que ese mecanismo pueda reemplazar los controles que actualmente se realizan sobre la materia prima y la yerba mate canchada.
Para explicar su postura, comparó el funcionamiento que se pretende implementar con los controles de la cadena cárnica. “Si querés que la carne llegue bien a la carnicería, tenés que controlar que el animal haya tenido salubridad adecuada, que se haya hecho todo bien en el matadero y que se haya mantenido la cadena de frío”, señaló.
Desde esa perspectiva, consideró que verificar únicamente el producto terminado en las góndolas no garantiza que se hayan cumplido las condiciones necesarias durante el proceso productivo. También mencionó las dificultades que existen en Misiones para controlar el ingreso de productos cárnicos de contrabando, como ejemplo de las limitaciones que puede tener un sistema de fiscalización concentrado en los puntos de venta.
“Que todo esto funcione y que cada provincia controle el paquete en góndola y la calidad en góndola, y que se pueda derogar toda la trazabilidad de controles que hay hoy para decir que después van a controlar, es bastante ilusorio”, sostuvo.
Quién manejará los datos y quién decidirá los cambios
Las inquietudes no se limitaron al funcionamiento técnico de la guía. También hubo cuestionamientos sobre quién tendrá acceso a la información generada y qué garantías tendrá el INYM para continuar utilizándola en sus tareas habituales.
Bochert explicó que los funcionarios hablaron de establecer un convenio para compartir los datos, pero no precisaron cómo se realizará ese intercambio ni qué mecanismos garantizarán que el Instituto mantenga el acceso a la información ante eventuales cambios de autoridades en el Gobierno nacional.
El planteo tiene especial importancia para el funcionamiento del Convenio de Corresponsabilidad Gremial, que requiere información de la actividad para su administración. Desde la representación provincial advirtieron que no alcanza con establecer un compromiso de intercambio si no existen garantías concretas sobre su continuidad.
También se discutió la posibilidad de delegar en el presidente del INYM las facultades para negociar los términos de implementación de la reforma. Sobre ese punto, Bochert explicó que los distintos sectores plantearon la necesidad de que las decisiones sean discutidas por el Directorio en su conjunto y no queden concentradas en una sola representación.
La postura fue permitir que el presidente firme los acuerdos que eventualmente se aprueben, pero sin otorgarle atribuciones para negociar y definir por su cuenta las condiciones del nuevo esquema. “Nosotros queremos como Directorio estar presentes en todo esto y ver en qué avanzamos y en qué no avanzamos”, explicó.
A su vez, quedaron pendientes otras consultas relacionadas con una eventual vinculación del sistema con la administración tributaria nacional y la posibilidad de que se produzcan bloqueos en los movimientos de mercadería por inconvenientes fiscales.
Una negociación abierta en medio de la renovación del Directorio
Pese a las diferencias, Bochert describió el encuentro como una reunión que se desarrolló en buenos términos institucionales, aunque con momentos de tensión por la cantidad de planteos que quedaron sin respuesta. Los funcionarios nacionales tomaron nota de las observaciones y la intención es continuar las conversaciones en nuevas reuniones presenciales y virtuales.
Sin embargo, el representante misionero aclaró que la participación en las discusiones no implica un respaldo automático a los cambios. “No tenemos problemas de discutir sobre el tema, pero tampoco quiere decir que porque discutamos vamos a aprobar todo lo que ustedes nos digan”, señaló.
La negociación se desarrolla, además, en un contexto político particular para el Instituto. Se aproxima la renovación de nueve de las doce bancas del Directorio y distintos sectores productivos interpretan que la insistencia de Nación por acelerar la reforma podría estar relacionada con la intención de conseguir su aprobación antes de que cambie la actual composición del organismo.
Esa lectura se vincula con la correlación de fuerzas que permitió al presidente del INYM, Rodrigo Correa, reunir siete votos para impulsar decisiones que generaron cuestionamientos entre distintas organizaciones yerbateras. No obstante, se trata de una interpretación del sector productivo y no de una motivación reconocida oficialmente por el Gobierno nacional.
En el encuentro de este martes no participaron representantes del Gobierno de Corrientes ni de UATRE. Por Nación estuvieron Martín Fernández, jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca; funcionarios del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y representantes del SENASA, entre ellos Juan Carlos Figueredo, de la Dirección de Tecnologías de la Información del Centro Regional Corrientes-Misiones.
Por ahora, la reforma continúa sin el aval del Directorio. Los cuestionamientos sobre los registros, la trazabilidad, la fiscalización de la calidad y el acceso a la información deberán ser respondidos antes de que los representantes puedan definir si acompañan los cambios. La posibilidad de avanzar dependerá de los acuerdos que se alcancen entre los sectores y de una eventual resolución del organismo.
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