En el marco de la ofensiva oficial por profundizar la desregulación de los mercados agroindustriales, las organizaciones de productores yerbateros de la provincia de Misiones formalizarán este viernes 13 de noviembre un pedido tajante ante el Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM): la suspensión inmediata del tratamiento del proyecto de Reordenamiento Normativo. La propuesta promovida por la administración central busca dejar sin efecto un paquete de 21 resoluciones vigentes sancionadas entre los años 2002 y 2023, transfiriendo competencias operativas del organismo yerbatero hacia dependencias del Gobierno nacional, principalmente el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Esta iniciativa oficial representa un paso más en el esquema iniciado con el DNU 70/23, instrumento que le quitó al INYM la facultad legal de fijar los precios mínimos para la materia prima (hoja verde y yerba canchada). El nuevo proyecto de desregulación fue presentado formalmente a las autoridades del Directorio a mediados de septiembre por técnicos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado —conducido por Federico Sturzenegger—, en conjunto con funcionarios del SENASA y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca dependiente del Ministerio de Economía que encabeza Luis Caputo. La norma se encuentra en etapa de revisión técnica y el Ejecutivo nacional pretende lograr una definición concreta antes de que finalice el mes de noviembre.
Frente a este escenario, el sector productivo primario organizó un frente común para frenar la norma. A través del letrado Federico Padolsky, las entidades confeccionaron un informe técnico de 110 páginas que será entregado al cuerpo directivo del Instituto junto con el petitorio de suspensión. El documento fue encomendado conjuntamente por la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones, la Asociación Civil Impulso Yerbatero, la Asociación de Yerbateros del Alto Uruguay, la Asociación Civil Productores Yerbateros del Norte y el Movimiento Agrario de Misiones. El expediente incluye un análisis jurídico comparativo entre el marco normativo actual y el proyectado, un cuestionario dirigido a los directores del organismo y un requerimiento de documentación para transparentar aspectos procedimentales aún indefinidos por el Gobierno central.
El desmonte de la trazabilidad y los sistemas de control
El informe técnico elaborado por Federico Padolsky fundamenta que el derogamiento masivo de normas destruirá la arquitectura que sostiene el control de la actividad. “Las normas que se prevé abrogar contienen registros, procedimientos de fiscalización, mecanismos de control de calidad, instrumentos de trazabilidad y disposiciones vinculadas con la producción, la cosecha y la comercialización de la materia prima”, enfatiza el documento normativo en sus considerandos iniciales. Asimismo, la presentación remarca que “su modificación tiene consecuencias directas sobre el funcionamiento de la actividad y, particularmente, sobre las condiciones en que los productores primarios entregan y comercializan su producción”.
En su Primer Capítulo, el trabajo aborda el desmantelamiento del sistema de información e inscripción que el INYM consolidó para identificar a los eslabones de la cadena, registrar el catastro de las explotaciones y fiscalizar el movimiento de hoja verde. El texto advierte que este entramado constituye la infraestructura informativa indispensable sobre la que operan las estadísticas, el control legal y la percepción de la Tasa de Inspección y Fiscalización. El plan del Poder Ejecutivo Nacional pretende reemplazar esta estructura por un sistema declarativo articulado a través del Documento de Tránsito Vegetal electrónico (DTV-e) del SENASA.
Sobre esta sustitución, el dictamen técnico elaborado para las asociaciones yerbateras establece diferencias sustanciales: “El INYM no necesita registros únicamente para cumplir una formalidad administrativa, sino para conocer la estructura productiva, identificar operadores, dimensionar la superficie implantada, estimar la capacidad industrial, reconstruir los movimientos de materia prima y detectar inconsistencias”. Por el contrario, los productores alertan que el proyecto de la Nación “propone que esa información provenga de otros organismos, destruyendo las capacidades que el Instituto había desarrollado”. En paralelo, el Capítulo II advierte la eliminación de procedimientos presenciales específicos (como la toma de muestras, contraverificaciones y reserva de identidad del denunciante) para ser suplantados por disposiciones generales de carácter vago.
Sanciones pesificadas, calidad y desprotección en cosecha
Otro de los puntos críticos examinados en la presentación jurídica atañe al régimen sancionatorio y la recuperación de multas (Capítulo III). Aunque la reforma mantiene la clasificación formal de las infracciones en leves, moderadas y graves, erradica el histórico esquema de conductas individualizadas y el cálculo de multas fijado en kilogramos de yerba canchada, sustituyéndolo por un sistema de categorías genéricas con penalizaciones expresadas en pesos, lo cual diluiría el poder disuasivo del organismo.
En lo relativo a la calidad e inocuidad del producto (Capítulo IV), el análisis señala que las 21 resoluciones en la mira facultan hoy al INYM a extraer muestras, realizar ensayos en laboratorios acreditados e intervenir mercadería en resguardo de la salud pública. La propuesta del Gobierno nacional, en cambio, prescinde de parámetros técnicos obligatorios y de protocolos de muestreo estandarizados, limitándose a enunciaciones abstractas. Por último, el Capítulo V detalla el impacto directo sobre la producción primaria al abrogar tres herramientas clave: el Reglamento de Cosecha (Resolución 10/2017), el Registro de operadores de cosecha mecanizada (Resolución 79/2023) y el Convenio de Corresponsabilidad Gremial (Resolución 44/2015).
Las entidades alertan sobre una desprotección operativa inminente ante la eliminación de pautas de trabajo fundamentales, como la supresión del límite de peso para el levantamiento de raídos en el cultivo. De igual forma, la baja del registro de cosecha mecanizada impedirá medir el avance de la tecnología frente a la mano de obra rural. Respecto a la Corresponsabilidad Gremial, si bien se conserva una mención formal al régimen, los productores advierten un severo condicionamiento operativo, dado que su funcionamiento quedará atado a la efectividad con la que el SENASA logre cruzar datos sobre operaciones, retenciones de aportes y pagos de la actividad.
