El presidente del organismo, Rodrigo Correa, consiguió el respaldo del Directorio para concretar el nombramiento, que había quedado frenado el 29 de septiembre por la falta de quórum. Biale había mantenido un conflicto laboral con el Instituto que terminó en 2024 con un acuerdo judicial de $40 millones, al que se sumaron honorarios y otros gastos. Ocho organizaciones yerbateras habían cuestionado la designación.
El Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) designó a Rosana Biale como gerenta general, luego de que el presidente del organismo, Rodrigo Correa, reuniera los siete votos necesarios para avanzar con el nombramiento. La decisión reactivó las diferencias dentro del sector yerbatero, debido a los antecedentes laborales de la funcionaria y al rechazo que habían expresado organizaciones de productores.
La votación se concretó este viernes 9 de octubre y marcó un cambio respecto de la reunión del 29 de septiembre, cuando la conducción del Instituto no pudo avanzar con las designaciones de cargos jerárquicos porque siete directores se retiraron y dejaron al cuerpo sin quórum.
En esta oportunidad, la propuesta consiguió el respaldo de Carmelo Rojas, representante de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE); Marisol Fracalossi, por el sector de la producción; Gustavo Barreiro y Gerardo López, por la industria; Luis Konopacki, por los secaderos; Mariel Gabur, por la provincia de Corrientes; y Rodrigo Correa, en su carácter de presidente del organismo.
La participación de Gabur fue una de las diferencias respecto del encuentro anterior, en el que la ausencia de la representación correntina había contribuido a que no se reunieran las condiciones para avanzar con las designaciones. Con los siete votos, Correa logró destrabar una decisión que ya había generado cuestionamientos entre representantes de la actividad.
El antecedente judicial que rodea la designación
El nombramiento de Biale quedó bajo cuestionamiento por el conflicto laboral que mantuvo con el Inym y que terminó en agosto de 2024 con un acuerdo homologado judicialmente. Según los antecedentes difundidos por Bichos de Campo, la Resolución 171/2024 estableció un pago de $40 millones para cancelar sus reclamos, al que se agregaron $9,68 millones en honorarios de los abogados de la demandante, además de otros gastos del proceso.
Biale ingresó al Instituto en 2003 y ocupó distintos puestos jerárquicos, entre ellos la Subgerencia y la Gerencia General. En 2020 había sido designada al frente de la Gerencia de Modernización. Posteriormente, fue sometida a un sumario y suspendida preventivamente. Tras cuestionar las medidas adoptadas por el organismo, se consideró despedida indirectamente e inició una demanda laboral.
Ese antecedente volvió al centro de la discusión ante la posibilidad de que regresara a ocupar un cargo de conducción. Entre las críticas expresadas desde el sector productivo, el dirigente yerbatero Sergio Delapierre cuestionó la decisión y consideró que la institución no debería designar en una función jerárquica a una persona con la que mantuvo un litigio de esas características.
“Los cambios no sirvieron para nada y me parece una barbaridad nombrar en un cargo a una persona que le hizo juicio y se llevó más de $40 millones de la institución. Es como poner a un ladrón a dirigir una comisaría, salvando las distancias”, sostuvo Delapierre en declaraciones a FM Express.
El dirigente también cuestionó las modificaciones impulsadas en el organismo y advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, tuvo la pérdida de herramientas de intervención en el mercado yerbatero.
El voto de Fracalossi y el reclamo de las organizaciones
Otro de los puntos que profundizó la controversia fue el voto favorable de Marisol Fracalossi, representante de la producción primaria. Su respaldo a la designación ya había generado cuestionamientos de entidades yerbateras que consideran que la directora debe actuar en consonancia con las posiciones expresadas por las organizaciones del sector.
Ocho entidades reclamaron su renuncia y cuestionaron su actuación en el Directorio. Entre ellas figuran la Asociación Rural Yerbatera Argentina (ARYA), la Unión de Agricultores de Misiones (UDAM) y la Asociación de Plantadores del Nordeste Argentino (APNEA), junto con otras cinco organizaciones que firmaron un pronunciamiento conjunto.
El planteo se apoya en la representación sectorial que ejerce Fracalossi y en el rechazo que las entidades habían manifestado frente a la posibilidad de que Biale regresara al Instituto. Para las organizaciones, quienes ocupan esos espacios deben responder a los mandatos de las bases productivas y no actuar exclusivamente según sus criterios individuales.
En la misma línea, Delapierre sostuvo que el productor primario debe tener un papel central en las decisiones del organismo, junto con los secaderos. También cuestionó que la representante de la producción respaldara una decisión resistida por las asociaciones yerbateras.
La designación de Biale profundiza así una discusión que excede la cobertura de un cargo jerárquico. Las diferencias involucran la representación de los productores dentro del Instituto, el funcionamiento de su Directorio y el rumbo de la política yerbatera en el escenario abierto por la desregulación.
Un organismo atravesado por la desregulación
La decisión se produce mientras el Inym atraviesa una etapa de cambios en sus funciones y atribuciones, luego de que el DNU 70/2023 eliminara su facultad de establecer precios de referencia obligatorios para la materia prima.
Para una parte del sector productivo, esa modificación debilitó la capacidad del organismo para intervenir en las relaciones comerciales entre productores, secaderos e industria. En ese contexto, las designaciones de autoridades y gerentes también se convirtieron en un foco de disputa por el perfil institucional y las prioridades del Instituto.
Delapierre cuestionó los resultados de las modificaciones y sostuvo que la pérdida de herramientas de intervención perjudicó a los productores. Sus críticas se suman a los reclamos de organizaciones que vienen manifestando preocupación por los bajos valores de la materia prima y por la capacidad del organismo para representar los intereses de quienes producen la hoja verde.
Con la votación del 9 de octubre, Correa consiguió avanzar con el nombramiento que había quedado frenado diez días antes. Sin embargo, los cuestionamientos por el antecedente judicial de Biale y el rechazo de distintas entidades a la postura de Fracalossi mantienen abierta la disputa entre la conducción del Inym y una parte del sector yerbatero.
