El conflicto en torno a la reestructuración y desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) suma nuevos capítulos de tensión. Un importante sector de la cadena productiva yerbatera mantiene un firme reclamo frente a las modificaciones que se han venido implementando en el organismo rector, un proceso que continúa activo y que actualmente se enfoca en la puja por la designación de nuevos funcionarios en cargos claves por parte del Gobierno nacional.
El malestar dentro del sector primario es profundo y se fundamenta en la falta de consensos para llevar adelante estas reformas estructurales. En diálogo con dicho medio, Jorge Skripczuk, presidente de la Asociación Civil Impulso Yerbatero, manifestó su abierta disconformidad con el rumbo de la gestión actual y la metodología empleada para intervenir el instituto.
“Lo que se viene haciendo es recibir órdenes de nación y no hay consenso entre productores, siempre que el presidente del Instituto manifestó en estos meses que se iba a reunir, la realidad es que nunca lo hizo”, denunció de forma categórica Jorge Skripczuk, evidenciando la ruptura de los canales institucionales de comunicación entre las bases productivas y la conducción del organismo.
El reclamo por la pérdida de herramientas de control y la trazabilidad de la cadena
Uno de los puntos más críticos señalados por la dirigencia yerbatera radica en la pérdida de controles técnicos y de fiscalización que garantizaban un equilibrio relativo entre los diferentes eslabones de la actividad agroindustrial. Para la Asociación Civil Impulso Yerbatero, las reformas implementadas representan un desmantelamiento de la estructura operativa que protegía a los eslabones más débiles del complejo productivo frente a los sectores concentrados de la molienda.
“La trazabilidad tiene que ser para toda la cadena, no solo para productores. El instituto tenía toda esa herramienta y lo desguazaron”, puntualizó Jorge Skripczuk, haciendo hincapié en que las exigencias de control no deben recaer únicamente sobre el eslabón primario, sino que deben alcanzar de manera equitativa a la industria y la comercialización.
En este sentido, el dirigente recordó que el eje de la movilización sectorial pasa por restituir el marco normativo que otorgaba sustentabilidad económica a las familias agrícolas. “Lo que se pide es recuperar todas las facultades del instituto que vinieron a desmantelar. Porque hoy el productor no tiene un precio justo, digno y razonable, no tienen en cuenta los costos de producción tampoco”, sentenció el presidente de la entidad.
Desconocimiento técnico oficial y la advertencia de protestas en la región
La tensión se incrementa ante lo que los productores califican como una alarmante falta de conocimiento técnico y operativo de la actividad por parte de los representantes legislativos del oficialismo nacional. Esta situación quedó expuesta tras los últimos encuentros mantenidos en la localidad de Puerto Iguazú, donde se evidenció la distancia entre las propuestas teóricas y la realidad de las chacras.
“Es impresionante el nivel de desconocimiento porque siempre tratamos de buscar el diálogo y en esta última vez que estuvimos en Iguazú, los diputados de la Libertad Avanza, me han manifestado que cada productor tenga que tener un secadero propio en la chacra, y eso es inconcebible porque no tienen noción de lo que significa”, relató Jorge Skripczuk, cuestionando la viabilidad económica y logística de tales planteos para el segmento de la pequeña agricultura familiar.
Ante la falta de soluciones concretas y el freno en las mesas de negociación, los productores no descartan profundizar las medidas de fuerza en el corto plazo para visibilizar la crisis del sector. “Por lo que vemos queremos que llevemos algunos tractores a la sede del Instituto porque no hay ninguna medida que beneficie al productor, tarefero y pequeñas industrias”, deslizó el dirigente, anticipando una posible movilización con maquinaria agrícola hacia las oficinas del INYM.
Finalmente, el titular de la Asociación Civil Impulso Yerbatero trazó un panorama sombrío sobre el impacto socioeconómico que este modelo de desregulación genera en las comunidades rurales del nordeste argentino. “Al pequeño productor lo están desprotegiendo del todo, con esto quedamos a la deriva y muchos migran a países vecinos, es la triste realidad que vivimos con este modelo”, concluyó.
