La iniciativa propone reemplazar el artículo de la Ley de Bioinsumos que establece la prohibición del glifosato en Misiones por un esquema condicionado a la autorización de alternativas por parte de organismos nacionales e internacionales. El proyecto fue presentado por Juan José Szychowski, Sara Carolina Butvilofsky y Anazul Centeno.
Un grupo de diputados misioneros presentó un proyecto de ley que busca modificar el esquema vigente para la utilización de fitosanitarios en la provincia y establecer una transición progresiva hacia el uso de bioinsumos. La iniciativa apunta a que la obligatoriedad de estas alternativas quede vinculada con la existencia efectiva de productos autorizados para reemplazar a los fitosanitarios actualmente utilizados.
El proyecto lleva las firmas de los diputados Juan José Szychowski, Sara Carolina Butvilofsky y Anazul Centeno, y plantea modificar el artículo 7 de la Ley VIII N.º 103, conocida como Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos.
La propuesta establece, en su primer artículo, la derogación del actual artículo 7 de la normativa y, en el segundo, incorpora una nueva redacción. El objetivo es modificar el mecanismo previsto para la entrada en vigencia de la prohibición y establecer condiciones vinculadas con la disponibilidad de alternativas.
Un nuevo esquema para la transición
El texto propuesto establece que la utilización de bioinsumos será exigible en el territorio provincial “en la medida que los distintos organismos competentes en el orden nacional y/o los que correspondan a los países de destino de las exportaciones de los productos de origen de la Provincia de Misiones, hayan autorizado la utilización de fitosanitarios amigables con el ambiente”.
A su vez, la iniciativa faculta al Poder Ejecutivo provincial a establecer los plazos, condiciones y requisitos correspondientes a un proceso de transición progresiva. De esta manera, el cambio de modelo quedaría sujeto a la disponibilidad de herramientas que puedan ser utilizadas por los distintos sectores productivos.
La propuesta plantea así trasladar al texto de la ley un criterio que ya había sido incorporado mediante decretos del Poder Ejecutivo. El objetivo es que la transición hacia los bioinsumos pueda desarrollarse de manera gradual y en función de las alternativas que cuenten con las autorizaciones correspondientes.
Qué establece actualmente la Ley de Bioinsumos
En los fundamentos del proyecto, los legisladores recuerdan que el artículo 7 de la Ley VIII N.º 103 estableció originalmente la prohibición de utilizar glifosato, sus componentes y afines en todo el territorio provincial.
La normativa había previsto un período de dos años desde su publicación oficial antes de la entrada en vigencia de la prohibición. Ese plazo había sido planteado como una etapa de transición hacia métodos productivos considerados más amigables con el ambiente, en línea con la política provincial de promoción de los bioinsumos.
Sin embargo, posteriormente el Poder Ejecutivo provincial estableció una prórroga de cinco años mediante el Decreto N.º 1608/24. Más adelante, a través del Decreto N.º 1675/25, volvió a extender el plazo hasta que los organismos nacionales e internacionales competentes autoricen la utilización de fitosanitarios considerados más amigables con el ambiente.
El proyecto presentado en la Legislatura busca ahora incorporar ese criterio directamente en la ley. De esta manera, la obligatoriedad del uso de bioinsumos quedaría vinculada con la existencia de alternativas autorizadas y disponibles para los sistemas productivos.
Entre la protección ambiental y la realidad productiva
Entre los argumentos utilizados para fundamentar la iniciativa, los diputados plantean que Misiones debe “buscar un equilibrio entre la vanguardia agroecológica y la realidad de los sectores productivos provinciales”.
En ese sentido, consideran necesario otorgar al sector agropecuario un marco temporal adecuado para incorporar bioinsumos que cuenten con la aprobación de las autoridades nacionales competentes y/o que estén autorizados en los países hacia los cuales se destinan productos misioneros.
Según los fundamentos, este esquema permitiría avanzar en materia de protección ambiental sin generar dificultades para las actividades productivas y exportadoras de la provincia. La propuesta parte de la necesidad de que el reemplazo de los fitosanitarios actualmente utilizados esté acompañado por alternativas que puedan aplicarse de manera efectiva.
“La Provincia necesita buscar un equilibrio entre la vanguardia agroecológica y la realidad de los sectores productivos provinciales”, remarcan los autores del proyecto. En esa línea, sostienen que antes de avanzar con una prohibición definitiva debe garantizarse la disponibilidad de herramientas que permitan a los productores realizar la transición.
La iniciativa también plantea que este criterio no se vincula únicamente con la cuestión ambiental, sino con la necesidad de proteger el entramado productivo y económico provincial. Para los legisladores, contar con alternativas autorizadas constituye una condición necesaria para avanzar de manera ordenada hacia un nuevo esquema de manejo.
De esta manera, el proyecto vuelve a poner en debate dentro de la Legislatura misionera el futuro del uso del glifosato y el ritmo de transición hacia un modelo basado en bioinsumos. La discusión queda ahora centrada en cómo compatibilizar los objetivos de protección ambiental con las condiciones concretas que enfrentan las distintas actividades productivas de la provincia.
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