El debate legislativo para tipificar el delito de vandalismo rural en el marco del Código Penal argentino ingresa formalmente en una etapa de tratamiento institucional. Según informó el portal de noticias agropecuarias Bichos de Campo, la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Nación dará inicio al tratamiento de una iniciativa legislativa que busca dar respuesta a una de las problemáticas de seguridad más recurrentes y complejas que enfrenta el sector agroindustrial en el territorio nacional.
La propuesta, estructurada originalmente por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) a fines del año pasado en un contexto de creciente conflictividad delictiva en el ámbito rural, fue asumida e impulsada formalmente en el ámbito parlamentario por el diputado nacional por La Pampa, Martín Ardohain, perteneciente al bloque del PRO. El tratamiento de la iniciativa, pautado para comenzar este martes en la mencionada comisión, representa un nuevo intento por consolidar un marco legal robusto, buscando evitar que la propuesta naufrague en el trámite legislativo, tal como ocurrió en el año 2020 con un proyecto de características análogas que había sido presentado por el entonces legislador Sergio Massa.
Modificaciones al Código Penal y escalas punitivas proyectadas
La propuesta de reforma legislativa apunta de manera directa a la reconfiguración de la normativa penal vigente para brindar herramientas efectivas a la Justicia ante ataques contra la propiedad y la producción agropecuaria, tales como la rotura de silobolsas, el corte de alambrados o la destrucción de cultivos, hechos que actualmente carecen de un encuadre penal específico y severo. En lo técnico, el proyecto propone la modificación de los artículos 186 y 189 del Código Penal de la Nación, así como la incorporación del artículo 184 Bis, con el objeto de tipificar de forma autónoma la figura de “vandalismo rural”.
El núcleo del proyecto establece una escala penal que contempla de 2 a 5 años de prisión efectiva para aquellas personas que destruyan, inutilicen o dañen de forma deliberada silobolsas, granos, cultivos, plantaciones, ganado, forrajes y otros bienes estrechamente vinculados al proceso productivo primario. Asimismo, el texto normativo moderniza la figura del delito de estrago, incorporando nuevas modalidades delictivas de alta gravedad técnica, tales como la liberación de agentes biológicos o patógenos. El proyecto también estipula escalas penales diferenciadas de acuerdo con el nivel de responsabilidad del autor, distinguiendo entre dolo, imprudencia o negligencia, con especial agravamiento de las penas cuando dichas acciones generen un riesgo directo para la vida de las personas o deriven en consecuencias fatales.
Reclamo gremial y apoyo de las entidades del sector agropecuario
La cúpula dirigencial de CRA ha aprovechado el marco de las tradicionales exposiciones rurales del interior del país para manifestar la urgencia de este tratamiento legislativo y presionar políticamente para lograr la sanción de la ley. Durante su discurso oficial en la Exposición Rural de Salta, el presidente de la entidad, Carlos Castagnani, enfatizó la trascendencia de este avance institucional.
“Durante mucho tiempo quienes vivimos y trabajamos en el campo sentimos que estos hechos quedaban impunes. Hoy el Congreso tiene la oportunidad de saldar una deuda con miles de productores que invierten, generan empleo y producen alimentos para la Argentina y el mundo”, sostuvo Carlos Castagnani. En esa línea, el dirigente santafesino remarcó que el vandalismo rural se ha convertido en una problemática recurrente que excede el mero perjuicio económico: “Estamos defendiendo el trabajo de miles de familias, la inversión productiva, la generación de empleo y la seguridad jurídica que necesita cualquier país que quiera desarrollarse. El delito evoluciona y la legislación también debe hacerlo para evitar la impunidad”.
Por su parte, el vicepresidente primero de la entidad gremial, José Colombatto, se pronunció en términos similares durante su alocución en la Exposición Rural de Hasenkamp, ubicada en la provincia de Entre Ríos, destacando la canalización de la demanda gremial en los carriles institucionales correspondientes.
“Es una enorme satisfacción que una preocupación concreta de los productores haya llegado al Congreso. Esto demuestra que el trabajo gremial no termina en un comunicado; cuando un problema del productor se convierte en una discusión parlamentaria, estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad institucional”, expresó José Colombatto.
El tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados contará con la participación de expositores invitados y, debido a la naturaleza de las reformas penales propuestas, no solo será evaluado por la Comisión de Agricultura y Ganadería, sino que también ha sido girado a la Comisión de Legislación Penal. Hasta el momento, la iniciativa cuenta con un amplio respaldo político que incluye a legisladores del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y un diputado perteneciente al bloque de La Libertad Avanza (LLA).
