La interna en el seno del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) ha sumado un nuevo capítulo de alta tensión política y técnica. El director por la Producción en el organismo yerbatero, Roberto Ferreyra, ratificó la decisión del Directorio de frenar una serie de iniciativas clave impulsadas por la gestión de su actual presidente, Rodrigo Correa, quien se encuentra alineado con los lineamientos políticos del Gobierno nacional. Ferreyra advirtió sobre la necesidad imperiosa de sostener esta postura de control interno con el objetivo de evitar una mayor degradación institucional en el ente regulador de la actividad.
De acuerdo a lo expresado por el representante del sector productivo, el escenario posterior al Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el Poder Ejecutivo ha alterado de forma drástica las condiciones de la cadena de valor. “Desde la implementación de la desregulación del mercado por parte del Gobierno nacional, el Instituto viene sufriendo distintas modificaciones, lo cual viene siendo muy negativo para el sector primario, sobre todo para tareferos y productores”, detalló Ferreyra al medio televisivo, agregando una alarmante cifra sobre el desfasaje de precios en las chacras: “Tal es así que la materia prima, como es de público conocimiento, se entrega al 50% de lo que cuesta producir el kilo de hoja verde”.
Defensa de las reglas institucionales y el rol colegiado frente al apuro oficial
La controversia interna escaló debido a los intentos de la presidencia de acelerar nombramientos jerárquicos clave sin el consenso requerido por la normativa interna de la entidad. Ferreyra profundizó en los detalles de la última sesión del Directorio y señaló que, como estrategia de conducción, “se plantean temas con apuro en el Directorio obviando que es un cuerpo colegiado, que hay pasos que cumplir”. En este sentido, puntualizó que existió “una observación con respecto a las posibles designaciones de Gerencia, Auditor Interno, algo que expuso el director por el Gobierno de Misiones, Ricardo Maciel”.
Para fundamentar técnicamente la decisión de bloquear estas designaciones, el dirigente de la producción trazó un paralelo con los procesos legislativos. “El Inym básicamente funciona, a modo de ejemplo, como la Cámara de Representantes: primero los temas se tratan en subcomisión y después se hace una recomendación al Directorio. Entonces el Directorio puede decidir o no, o solicitar más datos. Eso no se respetó con las propuestas de designaciones para cubrir cargos. Nosotros ayer lo que hicimos fue parar eso, y pedir más datos”, remarcó. Asimismo, aclaró que la premura oficial carece de sustento operativo real, debido a que “actualmente esos puestos están cubiertos interinamente, o sea no es necesario tanto apuro”. A esto se suma el mandato de representación que poseen los directores: “Nosotros, que actuamos por mandato, tenemos un grupo grande de asociaciones, tenemos que hacer las consultas pertinentes antes de votar”, sentenció.
Críticas al modelo de gestión empresaria y el costo de las indemnizaciones
El director por la Producción fue categórico al diferenciar la naturaleza jurídica y social del INYM respecto de una corporación privada, apuntando directamente contra el estilo de conducción del referente libertario Rodrigo Correa. “Las autoridades nacionales por ahí piensan que el Instituto es una PyME. Que los directores van para firmar. Pero tienen que saber que nosotros actuamos por mandato y tenemos que respetar eso”, fustigó.
En la misma línea de análisis técnico-financiero, el directivo expuso el impacto económico de las primeras decisiones de la gestión de Correa, caracterizadas por el recorte de personal técnico calificado. “Una de las cosas que llevamos a todas las reuniones es la situación de crisis y lamentablemente solo recibimos silencio como respuesta. Ni siquiera nos contestan cuando planteamos este tema. Pero en nombre de la eficiencia, por ejemplo, en el primero o segundo Directorio que tuvo esta gestión con Rodrigo Correa, despidieron a 20 profesionales, sin demasiado análisis, y eso derivó en casi $1000 millones en indemnizaciones y problemas futuros que pueda llegar a acarrear”, denunció. Ferreyra insistió en que “la imprudencia no es recomendable; que esto es un cuerpo colegiado, no una empresa donde un dueño decide y después si se equivoca se hace cargo. Pero acá cuando se equivoca, quien tiene que pagar es la institución”.
Patrimonio edilicio y el impacto de la “motosierra” en la cadena yerbatera
Otro de los puntos de conflicto técnico dentro del Directorio es el intento de enajenación de activos del organismo. Específicamente, se debate la intención de la presidencia de vender dos terrenos propiedad del INYM. Al respecto, el representante productivo analizó los costos de infraestructura a mediano y largo plazo: “Entendemos que este gobierno no va a invertir, pero la yerba mate ya tiene 100 años de cultivo sistemático y nosotros estamos trabajando para que dure mucho más. Entonces, debemos tener un lugar para la sede de la institución, porque actualmente se están pagando 70 mil dólares anuales de alquiler”.
Finalmente, el dirigente se mostró optimista respecto al futuro legal del organismo, manifestando que “en algún momento el Inym va a recuperar todas sus facultades y nosotros seguimos trabajando para el desarrollo del sector yerbatero en su conjunto”. No obstante, concluyó con una fuerte advertencia sobre la política de desguace que impulsa la gestión nacional: “Esta gente un poco más y reparte motosierras a cada uno. Supongamos que el Inym es una mesa grande y en cada reunión cortamos un pedazo. Entonces, va a llegar un momento en que no va a haber nada y los afectados van a ser la mayoría de las 30 mil personas que están en la actividad”.
