El abogado representante de asociaciones de productores yerbateros, Federico Padolsky, cuestionó el proyecto de reordenamiento normativo presentado por Nación y señaló que el nuevo esquema podría trasladar al sector primario parte de las obligaciones de registración que actualmente recaen sobre la industria. También advirtió que la eliminación progresiva de declaraciones de secaderos y molinos podría reducir la información disponible para controlar el recorrido de la hoja verde dentro de la cadena.
Federico Padolsky, en Radio Up.
El proyecto de reordenamiento normativo impulsado por el Gobierno nacional para modificar el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) continúa bajo análisis luego de que la Subcomisión de Legislación, Fiscalización y Control resolviera no avanzar con su tratamiento en los términos planteados y recomendara profundizar la discusión. La iniciativa contempla la derogación de 21 resoluciones y modificaciones sobre los sistemas de registro, fiscalización e información de la actividad yerbatera.
En ese contexto, uno de los puntos que genera especial atención entre las asociaciones de productores es el cambio propuesto sobre las declaraciones juradas y los mecanismos de trazabilidad. Para Federico Padolsky, abogado representante de entidades de productores yerbateros y asesor legal del sector, la denominada simplificación podría terminar trasladando obligaciones y costos hacia quienes producen la materia prima.
Según explicó, el esquema vigente contempla que determinados datos vinculados con el ingreso y movimiento de la yerba sean declarados principalmente por los operadores industriales, entre ellos secaderos y molinos. La propuesta bajo análisis modificaría ese esquema y trasladaría parte de las obligaciones de registración hacia el productor primario.
“Significa una infraestructura y costos nuevamente para el productor”, sostuvo Padolsky al analizar el cambio. Desde su perspectiva, la discusión no debería centrarse solamente en la cantidad de trámites que se eliminan, sino en quién queda obligado a generar la información y qué costos implica sostener ese nuevo sistema.
El planteo adquiere mayor relevancia porque el proyecto también propone modificar el esquema de información y fiscalización del sector, con una mayor participación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Entre los cambios planteados aparece la creación de un Registro Unificado de Operadores y el reemplazo de parte de los registros propios del INYM por información proveniente del organismo sanitario nacional.
El punto crítico: qué ocurre después de que sale la hoja verde
Para Padolsky, uno de los principales interrogantes está en la trazabilidad. El abogado explicó que el Documento de Tránsito Vegetal electrónico (DTV-e) permite registrar el movimiento de la materia prima, pero advirtió que ese dato por sí solo no permite conocer necesariamente qué cantidad terminó ingresando efectivamente al establecimiento receptor.
El ejemplo que planteó permite dimensionar la diferencia: si un productor declara el traslado de 8.000 kilos de hoja verde, el documento permite conocer ese movimiento. Pero si se eliminan otros mecanismos de declaración en los establecimientos receptores, aparece una segunda pregunta: cuánto de esa materia prima ingresó finalmente al secadero y quedó registrado allí.
“Ahora, cuánto de eso se declara: ponele 8.000; cuánto ingresa al secadero. Bueno, ahí ya perdemos el dato”, explicó.
El planteo apunta a una cuestión central para el funcionamiento de la cadena: la trazabilidad no depende únicamente de saber que una carga salió de un determinado yerbal, sino también de poder reconstruir su recorrido y contrastar la información entre los distintos eslabones.
Actualmente, el propio INYM mantiene entre sus herramientas registros de operadores, yerbales y establecimientos, además de mecanismos de presentación de declaraciones juradas. La normativa del organismo incluye, entre otros instrumentos, el Registro Unificado de Operadores, el Registro de Yerbales y distintos regímenes vinculados con las declaraciones juradas.
Desde el INYM, en tanto, también se viene trabajando sobre la articulación con SENASA. En septiembre, el organismo informó que analizaba un convenio para coordinar acciones de fiscalización, registro, inspección y control de la materia prima y de la yerba mate elaborada.
¿Simplificación o traslado de obligaciones?
La discusión que quedó planteada dentro del INYM excede entonces la eliminación de trámites administrativos. El punto de conflicto está también en cómo se distribuirían las responsabilidades entre productor, secadero y molino y qué organismo concentraría la información necesaria para controlar la actividad.
Padolsky sostuvo que, en lugar de eliminar los mecanismos de información existentes, una alternativa sería fortalecerlos mediante la interoperabilidad entre el INYM y SENASA. Es decir, sumar la información sanitaria y de tránsito que genera el organismo nacional a los datos que ya produce el Instituto sobre la cadena yerbatera.
“Lo lógico sería que se refuerce justamente la trazabilidad ya generada por los propios datos del INYM”, planteó el abogado, al considerar que la incorporación de información de SENASA podría complementar el sistema existente en lugar de reemplazarlo.
La diferencia no es menor para el sector productivo. En un escenario en el que el productor continúa afrontando dificultades para obtener una remuneración que acompañe sus costos, cualquier nueva obligación administrativa también implica tiempo, infraestructura y gastos para el eslabón primario.
El proyecto presentado por funcionarios nacionales todavía no fue aprobado y continúa en discusión dentro del Instituto. La propuesta contempla cambios sobre 21 resoluciones dictadas a lo largo de más de dos décadas, por lo que el debate actual también pone en juego qué herramientas de registro y control permanecerán dentro del esquema de funcionamiento del INYM.
Para las asociaciones de productores representadas legalmente por Padolsky, la cuestión de fondo es si la simplificación normativa terminará efectivamente reduciendo cargas para toda la cadena o si parte de esas obligaciones se trasladará hacia quienes producen la hoja verde, al mismo tiempo que se reducen herramientas para seguir su recorrido desde el yerbal hasta la industria.
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