La conducción del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), bajo la gestión de Rodrigo Correa y en sintonía con los lineamientos del Gobierno nacional, se encuentra en el centro de una profunda controversia sectorial. La administración del organismo yerbatero buscará aprobar este martes una serie de polémicas designaciones en cargos jerárquicos clave, decisión que ha despertado el rechazo inmediato de los representantes de la producción y de las cooperativas.
La propuesta más cuestionada apunta a la cobertura de la Gerencia General, para la cual se postula a una exempleada que recientemente percibió una indemnización y un acuerdo judicial por un monto de $40.000.000 tras haber demandado a la propia institución. En paralelo, se proyecta que la Auditoría Interna quede bajo la responsabilidad de un empleado que actualmente se desempeña como gerente a cargo, quien ha sido señalado por su rol en el marco del despido de personal y el desmantelamiento de áreas operativas fundamentales para el sector yerbatero.
“Claramente el gobierno libertario incumple sus promesas de combatir a la casta y garantizar la transparencia al promover la reincorporación de una exgerente despedida que ya cobró una indemnización y un acuerdo judicial”, cuestionó con dureza el director representante de la Producción en el INYM, Roberto Ferreyra. Estos nombramientos ya habían cosechado un rechazo orgánico a fines de agosto, cuando fueron bloqueados por los directores representantes del Gobierno de Misiones, Ricardo Maciel; de los Trabajadores Rurales, Ramón Sorondo; y de las Cooperativas, Gerardo Vallejos y Elián Genski.
El paralelismo con el caso Enacom y las críticas al proceso de selección
Durante el debate, el director Roberto Ferreyra trazó un paralelismo directo con el controvertido caso de Daniel Neira, exempleado del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). En aquella oportunidad, tras percibir una indemnización cercana a los $110.000.000 al cesar en sus funciones el 31 de julio de 2026, el exfuncionario fue nombrado al día siguiente de forma transitoria y sin concurso previo en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), desatando fuertes cuestionamientos políticos y legales por la superposición de un pago indemnizatorio estatal y una recontratación inmediata en la administración pública.
“En el INYM estamos en una situación muy parecida”, advirtió el director de la Producción. “Hace pocos meses la gestión promovió el despido de 21 personas con el argumento de cuidar los números, y ahora insisten en traer a alguien que ya cobró indemnización y una suma abultada por un juicio contra la misma institución, una suma que en ese momento -entre indemnización y costas- se podría comprar un Toyota Hilux. Es una incoherencia que demuestra que no vinieron a cuidar al sector”, agregó Roberto Ferreyra.
Por otra parte, el proceso de selección quedó bajo sospecha al trascender que la búsqueda de perfiles estuvo a cargo de la consultora Dichi Recursos Humanos, firma vinculada a Edit Posdeley, actual responsable del Área de Recursos Humanos del INYM y persona de estrecha confianza de Rodrigo Correa. Entre los postulantes preseleccionados en esta terna figuran la contadora Rosana Biale y un empleado del área de Administración, este último señalado por su presunta vinculación con los despidos masivos y el vaciamiento de las áreas Técnica, de Fiscalización y de Registro del instituto.
El historial judicial de Rosana Biale y el conflicto de fondo
La postulación de Rosana Biale posee un peso político singular debido a su trayectoria y sus nexos históricos con la Cooperativa Agrícola de la Colonia Liebig, una de las firmas líderes en el mercado de molienda y comercialización de yerba mate envasada. Biale, contadora pública de profesión, ingresó al INYM en junio de 2006 y ascendió progresivamente hasta ocupar la Gerencia General. En mayo de 2021 fue sumariada y suspendida preventivamente por la conducción de aquel entonces. Luego de un intercambio de intimaciones cruzadas, la profesional se dio por despedida de forma indirecta e inició una demanda laboral contra el organismo en noviembre de 2022. El conflicto judicial se resolvió en agosto de 2024, cuando el Directorio acordó saldar el litigio mediante el pago de $40.000.000 en concepto de indemnización, sumado a $9.680.000 por costas judiciales.
“Prometieron erradicar a la casta y liderar una gestión transparente, pero no hacen nada de eso”, remarcó Roberto Ferreyra en alusión a las directrices de la actual conducción nacional. “Insisten en reincorporar en el mismo cargo a una empleada que fue apartada porque se requería una mejor gestión, luego de haber cobrado sumas millonarias en un arreglo judicial. ¿Qué mensaje estamos dando? ¿Hay dinero para estas incoherencias pero no para programas destinados a los productores?”, inquirió el representante productivo.
La reactivación de este debate se produce en un escenario de extrema tensión, signado por el proceso de reestructuración que impulsa el Poder Ejecutivo nacional sobre el INYM, orientado a desregular la actividad yerbatera y limitar las facultades de control y fijación de precios del instituto, medidas que son resistidas de forma mayoritaria por los directores que representan la cadena primaria e industrial de la región.
