Discriminado por provincias y departamentos, un nuevo relevamiento expone dónde se concentra la propiedad extranjera de la tierra en Argentina, en un contexto en el que el Gobierno busca flexibilizar —o directamente derogar— los límites vigentes.
En el paquete de reformas estructurales que el Gobierno nacional proyecta para los próximos meses, la modificación de la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad de las Tierras Rurales aparece como una de las iniciativas más sensibles. Conocida comúnmente como Ley de Tierras, la norma establece límites claros a la extranjerización del suelo rural, un punto que hoy vuelve a estar en discusión.
El DNU 70/2023 ya había avanzado en esa dirección al disponer su derogación en el artículo 154. Sin embargo, una medida cautelar presentada a comienzos de 2024 por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) logró frenar su aplicación. A casi dos años de aquel intento, el tema volvió a la agenda pública: el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó a principios de diciembre que la revisión de la ley forma parte de los ejes del denominado Consejo de Mayo.
Ese contexto político fue el disparador para la creación de un Observatorio de Tierras, integrado por investigadores de distintos espacios académicos, entre ellos el Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y el Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias (MILPA). El trabajo colectivo desembocó en la publicación de un mapa interactivo que permite visualizar la extranjerización de tierras en Argentina, con datos desagregados por provincia y departamento.
“Esto no debe leerse desde una lógica ideológica, sino desde una perspectiva de defensa de las capacidades del Estado”, explicó la socióloga Julieta Caggiano, becaria del Conicet y una de las investigadoras involucradas. En diálogo con Bichos de Campo, remarcó que el problema no es la presencia de extranjeros como tal, sino la capacidad estatal de “medir, controlar y registrar” quiénes son los propietarios de la tierra y qué tipo de recursos estratégicos se concentran en esos territorios.
El abordaje del fenómeno no se limitó a una foto actual. Por el contrario, el equipo reconstruyó el proceso histórico de la extranjerización, que se remonta a fines del siglo XIX. Según recordó Caggiano, fue Julio Argentino Roca quien impulsó las primeras regulaciones, al entender que el Estado debía tener información precisa sobre qué tierras eran públicas y cuáles estaban en manos extranjeras. Esa preocupación derivó en una ley sancionada en 1903 y, más tarde, en el decreto 15.385 de 1944, que estableció zonas de seguridad fronteriza con venta restringida exclusivamente a ciudadanos argentinos.
Ese esquema comenzó a desarmarse hacia fines de los años noventa. Los investigadores identifican como punto de quiebre la creación de la Secretaría de Seguridad Interior durante el gobierno de Carlos Menem, que habilitó la venta de más de 8 millones de hectáreas en áreas históricamente protegidas. “La estructura económica ya era mucho más compleja, con sociedades financieras y entramados empresariales que facilitaban operaciones irregulares”, señaló la socióloga, al mencionar casos paradigmáticos como Lago Escondido, en Río Negro, o las extensas compras de tierras realizadas por el grupo Benetton en la Patagonia.
A ese escenario se sumaron, en los años 2000, el aumento internacional del precio de los commodities, la revalorización de la tierra y la devaluación del peso. Fue en ese contexto que, en 2011, se sancionó finalmente la Ley de Tierras, que fijó un tope del 15% de extranjerización tanto a nivel nacional como provincial y departamental.
El primer intento de flexibilización llegó en 2016, durante la gestión de Mauricio Macri. A través del decreto 820/2016 se modificaron los mecanismos de aplicación de la ley: se redujeron controles, se simplificaron procedimientos y se permitió informar cambios societarios con posterioridad a las operaciones. Desde el Observatorio advirtieron que esas modificaciones “alteraron sustancialmente la forma de medir la extranjerización”, sobre todo en casos de sociedades, sucesiones, condominios y participaciones indirectas.
Hoy, el argumento oficial para avanzar sobre la norma es que los límites se cumplen y que ninguna provincia supera el 15% establecido. Sin embargo, los investigadores sostienen que esa lectura es incompleta.
“Cuando se mira el promedio provincial, el problema parece diluirse. Pero cuando se desagrega por departamentos, la situación cambia drásticamente”, explicó el historiador Matías Oberlin, también becario del Conicet. Según los datos relevados, cerca del 5% del territorio nacional —más de 13 millones de hectáreas, una superficie equivalente a Inglaterra— está en manos de extranjeros.
El dato más sensible surge al observar el mapa en detalle: hay al menos 36 departamentos que ya superan el límite legal. En cuatro casos —Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta)— la extranjerización excede el 50%. Se trata de territorios que concentran recursos estratégicos como agua dulce, minerales o ventajas logísticas clave. A ellos se suman otros departamentos ubicados sobre el río Paraná, como Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes) y Campana (Buenos Aires), donde los niveles superan ampliamente el 30%.
“El patrón es bastante claro: las situaciones más críticas se dan en zonas fronterizas, áreas con recursos hídricos o minerales, y territorios con acceso a infraestructura estratégica”, señalaron desde el Observatorio.
En cuanto al origen de los propietarios, el ranking lo encabezan ciudadanos de Estados Unidos, con más de 2,7 millones de hectáreas, seguidos por Italia y España. Entre esos tres países concentran cerca del 50% de la tierra extranjerizada en Argentina.
Oberlin aportó un ejemplo concreto para ilustrar la complejidad del fenómeno: “Malargüe, en Mendoza, apenas supera el 15%. Pero es un departamento de cuatro millones de hectáreas. Eso implica que unas 600 mil están en manos extranjeras. Si a eso se le suman los recientes anuncios de inversiones mineras, empieza a aparecer un problema de competitividad social y de control territorial”.
Desde el Observatorio advierten que la posible derogación de la Ley de Tierras no es un debate abstracto. “Se apunta a habilitar compras en zonas con un valor natural y estratégico excepcional: lagos patagónicos de agua dulce, bosques nativos, cordillera con minerales críticos, áreas fronterizas sensibles y regiones sobre grandes ríos o acuíferos”, concluyeron. En un escenario global atravesado por tensiones en torno al agua, la energía y los recursos naturales, sostienen que relajar los controles implica reducir la capacidad del Estado argentino para responder de manera soberana a las necesidades de su población.
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