En un movimiento estratégico para acelerar las definiciones regulatorias en el mercado de germoplasma, el Gobierno nacional convocó formalmente a las entidades de la producción y a la industria semillera a un encuentro clave de carácter virtual. La reunión contará con la participación de Yolanda Huerta, vicesecretaria general de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), con el objetivo de avanzar en el proceso de análisis para la adhesión de la República Argentina al Acta de 1991 de dicho organismo especializado.
La convocatoria, programada para este miércoles a las 11:00 horas, representa un paso decisivo en la estrategia del Poder Ejecutivo para despejar las discrepancias técnicas e ideológicas que demoran la actualización del marco legal de semillas. El Gobierno mantiene firme su decisión de impulsar la integración del país a este convenio internacional, un compromiso que además fue asumido en el marco de los acuerdos bilaterales con Estados Unidos. No obstante, la administración federal busca consolidar consensos previos entre el sector primario y las empresas obtentoras antes de remitir la iniciativa legislativa al Congreso de la Nación.
La organización del encuentro virtual estuvo a cargo del Instituto Nacional de Semillas (INASE), organismo descentralizado bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. La convocatoria fue extendida de manera amplia a toda la cadena agroindustrial, abarcando a las entidades de la Mesa de Enlace, las cámaras semilleras, obtentores, instituciones del ámbito técnico y otros actores interesados en la materia.
La disertación principal estará a cargo de Yolanda Huerta, quien detallará los lineamientos jurídicos y operativos del Acta de 1991 y responderá de manera directa las consultas de los participantes. De acuerdo con lo reconstruido por el mencionado matutino, la meta gubernamental es que “no queden dudas conceptuales sobre el alcance de la normativa internacional”, cerrando formalmente la etapa de consultas técnicas.
“Después de esta instancia alguien podrá decir que está a favor o en contra o que considera que la adhesión es o no conveniente. Lo que ya no podrá decir es que no entiende de qué se está hablando”, señaló a LA NACION una fuente allegada a las negociaciones. Con el fin de evitar dilaciones fundadas en el desconocimiento de la norma, la funcionaria internacional manifestó su predisposición para responder consultas adicionales por correo electrónico o coordinar reuniones breves de aclaración con los participantes que lo requieran.
La presentación de la vicesecretaria general de la UPOV se focalizará en los conceptos introducidos por el Acta de 1991 que difieren del esquema actual de la Argentina, la cual rige bajo el Acta de 1978. Entre estos puntos se destacan las variedades esencialmente derivadas (VED), la extensión de los derechos del obtentor, la protección jurídica sobre el material cosechado y los mecanismos de reglamentación que el país deberá instrumentar en caso de ratificar el tratado.
La controversia por el uso propio y el horizonte legislativo
Un aspecto central que divide las posturas de los agricultores y los desarrolladores de tecnología es el tratamiento del “uso propio” de las semillas autógamas, fundamentalmente en los cultivos de soja y trigo. Bajo el Acta de 1978 de la UPOV, se permite de manera implícita guardar e intercambiar semillas para uso propio sin una prohibición expresa. En contraste, el Acta de 1991 establece que la excepción del uso propio es opcional para cada Estado miembro, el cual puede autorizarlo de forma restrictiva en las explotaciones de los propios productores, pero prohíbe taxativamente la venta o el intercambio libre de ese material.
Cabe señalar que el encuentro técnico con la UPOV no abordará de manera directa el debate sobre el uso propio. Dicha discusión se mantiene en una mesa de negociación paralela conformada por los representantes de los productores agropecuarios y las empresas semilleras. En ese ámbito se analizan variables como la fijación de un umbral de escala productiva, medido por superficie sembrada u otros indicadores socioeconómicos, para definir qué estratos de productores quedarían exceptuados de los pagos de regalías.
Este proceso de revisión técnica y política se acopló a la agenda que la gestión del presidente Javier Milei desarrolla desde hace más de un año para modernizar el régimen de propiedad intelectual vegetal en el país. Semanas atrás, en el marco de una jornada de la Cámara de Legumbres de la República Argentina (CLERA), el presidente del INASE, Martín Famulari, ratificó el compromiso oficial de enviar el proyecto de ley al Congreso antes de fines de 2027, supeditando la velocidad del trámite a la obtención de consensos sólidos que doten de sustentabilidad política a la reforma.
