La tensión institucional en el sector agroindustrial de la región yerbatera ha alcanzado un nuevo punto crítico tras conocerse los detalles de la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo nacional para reestructurar el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). El gobierno de la provincia de Misiones ha manifestado su profunda preocupación ante lo que consideran un desmantelamiento operativo de la entidad encargada de regular y promover la actividad.
En declaraciones formuladas a RadioUp 95.5, el director suplente por el Gobierno de Misiones en el directorio del INYM, Denis Bochert, alertó de manera contundente sobre los efectos que tendría la aplicación del proyecto de resolución enviado por la administración nacional, denominado formalmente “Propuesta de reordenamiento normativo”. El funcionario y dirigente cooperativo advirtió que, en caso de avanzar la medida en sus términos actuales, “quedaría muy poco” del organismo regulador, afectando la representatividad y el equilibrio de toda la cadena productiva.
Traspaso de fiscalización, quita de controles y apertura a la importación
La propuesta oficial no constituye una mera actualización de carácter administrativo, sino un cambio de matriz en el control de la actividad. El proyecto contempla el traspaso de las funciones de fiscalización hacia el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la eliminación de la base de datos de control del sector yerbatero y la anulación de los programas de apoyo orientados a la producción primaria. Asimismo, se prevé la unificación de los registros propios del INYM —que actualmente abarcan de forma diferenciada a productores, secaderos y molinos— en un registro único administrado por el Senasa.
“La semana pasada lo calificaron como un proyecto de modernización reglamentaria, pero lo que realmente buscan derogar representa un cambio estructural importantísimo”, aseveró Denis Bochert. El representante misionero detalló que el esquema propuesto delega el control de calidad de la materia prima en góndola al Senasa, en coordinación con los estados provinciales. “Si prospera, habría que hacer un acuerdo provincia por provincia, y años atrás el Senasa no contaba con los recursos para cubrirlo. Lo veo como una liberación de los controles de calidad que afectará tanto al consumidor como a la cadena productiva”, advirtió el directivo.
Otro de los puntos de mayor sensibilidad técnico-comercial radica en la supresión de las facultades de control del INYM sobre la yerba mate importada, tanto en su variante canchada como molida. Según la advertencia de Denis Bochert, esta modificación regulatoria abre una “vía libre al ingreso de materia prima de otros países”, debilitando la posición competitiva de los productores locales en un escenario ya complejo de desregulación de mercados.
Adicionalmente, el nuevo marco normativo obligará a los secaderos a inscribirse en el Registro Nacional de Establecimientos. Al respecto, el funcionario señaló que, si bien existen grandes empresas que ya cumplen con este requisito, persisten numerosas barreras burocráticas para que los pequeños y medianos establecimientos puedan concretar dicho trámite. En el mismo sentido, la revisión de los programas de asistencia técnica y financiera representa un riesgo directo para el eslabón primario: “Hay que ser muy cuidadoso porque en este contexto de desregulación donde tanto se habla de mejorar la competitividad, quitarle a los productores el acceso a los programas es muy complejo, o sea los estamos perjudicando más todavía”, remarcó.
Concentración de poder y debate en el Directorio
El rediseño institucional propuesto por la Nación no solo altera las herramientas de control, sino también la gobernanza interna del INYM. De acuerdo al texto bajo análisis, se suprimen las capacidades fiscalizadoras de la entidad y se otorga una concentración de facultades de ejecución en la figura del presidente de la institución, cargo actualmente ocupado por Rodrigo Correa, en detrimento de la representatividad de las provincias y de los diferentes sectores que componen el Directorio.
“Otorga superpoderes al presidente para implementar todo esto. ¿Para qué estamos como directores si la cadena yerbatera es la que tiene que decidir?”, cuestionó Denis Bochert, poniendo el foco en la pérdida de consenso democrático dentro del ente. A pesar de haber sido presentado originalmente como un reordenamiento de trámite simplificado, el directivo reveló que, si bien el documento formal consta de solo tres artículos resolutivos, incluye un anexo técnico que contiene 103 artículos y determina la derogación de 21 resoluciones vigentes.
“No es un proyecto corto de unificación de registros, es un cambio de gran escala. Cada uno de los sectores que componen el INYM (trabajadores rurales, productores, cooperativas, secaderos, molinos y las provincias de Misiones y Corrientes) debe evaluar si lo acepta, lo modifica o lo rechaza. La Nación es solo una de las 12 partes sentadas en la mesa”, enfatizó el directivo, recordando el carácter colegiado e interprovincial del organismo.
Frente a este escenario, el único punto de convergencia técnica identificado por el representante del gobierno de Misiones radica en la propuesta de digitalización de la estampilla yerbatera. “Implicaría una modernización que mejora la trazabilidad y reduce costos; en eso podemos estar de acuerdo todos los sectores, pero el resto del texto amerita una discusión extensa y profunda”, concedió.
Finalmente, se advierte que la reestructuración generará un impacto directo sobre la estructura de recursos humanos del instituto. Al prescindir de las áreas de fiscalización y de los programas de asistencia técnica, la operatividad del INYM se reduciría drásticamente, limitándose casi con exclusividad al área de Promoción, inspecciones de carácter excepcional y la administración del Convenio de Corresponsabilidad Gremial. El tratamiento preliminar de este proyecto de reforma está pautado para evaluarse inicialmente en el seno de la Subcomisión de Fiscalización de la entidad, previo a su debate formal y definitivo en el Directorio.
