La entidad forestoindustrial consideró que la modificación del artículo 7° permitirá dar previsibilidad a una actividad que necesita herramientas eficaces para el control de malezas y destacó la importancia de avanzar hacia opciones más sustentables sin afectar la competitividad.
La modificación de la Ley de Bioinsumos que dejará sin efecto la prohibición general del glifosato generó una reacción positiva dentro del sector forestal misionero. Desde la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP) señalaron que la decisión permite adecuar la normativa a las condiciones actuales de producción y evitar que una prohibición avance sin contar con sustitutos que tengan la misma eficacia.
El presidente de la entidad, Enrique Juan Bongers, explicó que el planteo del sector no busca frenar el desarrollo de alternativas más amigables con el ambiente, sino evitar que la transición se produzca sin herramientas suficientes para sostener la producción.
En el caso de la forestoindustria, el glifosato se utiliza principalmente durante los primeros años de implantación de las plantaciones, cuando el control de malezas resulta determinante para favorecer el crecimiento de los árboles. Para AMAYADAP, reemplazarlo requiere contar previamente con productos que hayan demostrado su eficacia en condiciones reales y que, además, sean económicamente viables.
“Hasta que no haya un producto superador en cuanto a la ecología y a la economía, no podemos prohibir el uso del glifosato”, sostuvo Bongers.
El debate por las alternativas
La discusión sobre el herbicida se encuentra vinculada directamente con el objetivo de avanzar hacia sistemas productivos más sustentables. La Ley VIII N.º 103 había establecido originalmente la prohibición del glifosato en toda la provincia, con un período de transición de dos años.
Desde AMAYADAP consideran que el camino hacia una producción con menor utilización de productos químicos debe continuar, pero acompañado por investigación y desarrollo de alternativas capaces de responder a las necesidades de las distintas cadenas productivas.
Bongers también planteó que las exigencias ambientales de los mercados internacionales forman parte de la realidad cotidiana de la actividad forestal. En este sentido, remarcó que existen sistemas de certificación que establecen protocolos específicos para el manejo de las plantaciones y el uso de fitosanitarios.
Según explicó, alrededor de 150.000 hectáreas de plantaciones cuentan con certificación PEFC y otras 117.000 hectáreas se encuentran bajo certificación FSC. Para la entidad, estos estándares demuestran que es posible compatibilizar producción, control de malezas y cuidado ambiental mediante protocolos de aplicación adecuados.
Una decisión que impacta en distintas producciones
Aunque la forestación es una de las actividades que plantea con mayor claridad la necesidad de contar con herramientas para el control de malezas, el debate atraviesa a buena parte de la matriz productiva misionera.
Yerba mate, té y otros cultivos también utilizan herbicidas como parte de sus esquemas de manejo. Por eso, desde AMAYADAP advierten que una prohibición general podía generar consecuencias sobre los costos, los rendimientos y la competitividad de diferentes actividades.
Las declaraciones de Bongers fueron realizadas durante una entrevista en El Noticiero de Canal 12, donde analizó el nuevo escenario y sostuvo que la modificación normativa representa también un cambio en la relación entre el sector productivo y las decisiones políticas.
“Se terminó el divorcio entre el sector productivo y la política”, afirmó el dirigente, al valorar que las necesidades de quienes producen hayan vuelto a formar parte de la discusión legislativa.
Previsibilidad para las inversiones
Para AMAYADAP, uno de los principales efectos de la modificación será recuperar previsibilidad. La forestoindustria trabaja con ciclos productivos extensos y requiere inversiones que se proyectan durante muchos años, por lo que las condiciones regulatorias tienen un peso importante al momento de definir nuevos proyectos.
En ese contexto, Bongers consideró que las reglas deben contemplar tanto los objetivos ambientales como las posibilidades concretas de las empresas y productores. “Necesitamos producir cuidando el medio ambiente, pero también ser eficientes”, señaló.
La entidad sostiene que el desafío será avanzar en una transición ordenada, en la que el desarrollo de bioinsumos continúe pero sin imponer una sustitución inmediata cuando todavía no existen productos que puedan cumplir las mismas funciones con resultados comparables.
De esta manera, el cambio en el artículo 7° es interpretado por AMAYADAP como una oportunidad para dejar atrás una discusión marcada por la prohibición y avanzar hacia una agenda basada en investigación, innovación y desarrollo de alternativas que permitan combinar sustentabilidad con productividad.
Para el sector, el objetivo final no pasa solamente por definir qué producto puede utilizarse, sino por establecer las condiciones necesarias para que Misiones pueda seguir produciendo, agregando valor y atrayendo inversiones sin dejar de avanzar en materia ambiental.
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