El debate en torno a la sustentabilidad económica de la cadena de valor de la yerba mate ha sumado un nuevo capítulo de consenso sectorial en la provincia de Misiones. Diversos actores de la producción primaria y del trabajo rural manifestaron su respaldo explícito al proyecto de ley que busca declarar la emergencia para la continuidad de la producción primaria yerbatera. La iniciativa legislativa propone establecer un marco de protección para el eslabón más vulnerable de la actividad en un contexto marcado por la desregulación y la caída sostenida de la rentabilidad real.
El proyecto de Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera contempla una declaración de emergencia por un plazo de 360 días. El alcance de la norma está delimitado para aquellos productores que posean explotaciones de hasta 50 hectáreas. Entre sus puntos centrales, la propuesta plantea la determinación de un precio mínimo sostén para la hoja verde, el cual deberá ser calculado de manera técnica a partir de una matriz que integre los costos de producción, las variables laborales, las obligaciones impositivas y las cargas de la seguridad social, previendo además un esquema de actualizaciones periódicas.
La demanda de los productores: costos desfasados y un valor de referencia de 700 pesos
Desde las bases productivas, las voces de respaldo coincidieron en que el libre mercado actual no garantiza la subsistencia de las familias agrícolas de menor escala. En la zona sur de la provincia de Misiones, el productor yerbatero Alberto Andruzicyn analizó la coyuntura y consideró que la iniciativa parlamentaria representa una alternativa indispensable para los pequeños y medianos colonos. “Queremos que la Provincia fije un precio base para la hoja verde”, sostuvo el productor, argumentando que las dinámicas de desregulación vigentes no se adaptan a la realidad de los pequeños agricultores: “El mercado libre es para los grandes empresarios, para nosotros no”.
Asimismo, Andruzicyn detalló el desfasaje financiero que sufre el sector primario mediante una comparación histórica de poder de compra. Según explicó, en períodos anteriores la relación de intercambio permitía adquirir un litro de combustible con el valor equivalente a tres kilos de hoja verde, mientras que en la actualidad la estructura de costos exige la entrega de aproximadamente 35 kilos de materia prima para cubrir el mismo insumo básico. Ante esto, propuso que el nuevo valor de referencia surja de una mesa de concertación convocada por el Gobierno provincial que reúna a los industriales y a la producción.
Por su parte, el productor de la localidad de Aristóbulo del Valle, Jorge Skripczuk, coincidió en la urgencia de sancionar el proyecto legislativo para evitar la desaparición de explotaciones agrícolas. Skripczuk reveló que los valores que actualmente perciben los productores en las transacciones de hoja verde oscilan entre los 220, 230 y 270 pesos por kilo, dependiendo de los plazos y condiciones de pago acordados con los secaderos. El productor advirtió que estos montos se encuentran muy por debajo de los costos operativos reales y fijó la meta del sector: “Solamente pedimos un precio justo, un precio digno”, afirmó, señalando que la cadena primaria necesita de manera urgente un precio mínimo de $700 por kilo de hoja verde para hacer frente a las subas constantes en insumos, combustibles y energía eléctrica.
El reclamo de los tareferos y la necesidad de intervención estatal
La crisis de rentabilidad del sector primario impacta de manera directa en los trabajadores de la cosecha, quienes demandan que la legislación de emergencia no se limite exclusivamente a los propietarios de las tierras. Desde el Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR), su secretaria general, Ana Cubilla, expresó su acompañamiento al proyecto de ley, aunque condicionó un éxito integral a la incorporación del sector laboral. “Apoyamos la emergencia yerbatera, pero también pedimos una emergencia tarefera”, declaró la dirigente, argumentando que el ingreso familiar del cosechero está directamente atado al valor final de la materia prima que recibe el colono.
En sintonía con este planteo, el presidente de la Asociación Civil de Tareferos, Roque Pereyra, describió un panorama de extrema vulnerabilidad social en las zonas rurales. “Los tareferos están pasando hambre, están trabajando por la comida”, aseveró Pereyra. El representante de los cosecheros reclamó que el Estado provincial formalice y convierta en política pública permanente la asistencia financiera y alimentaria durante el período de interzafra, con el fin de otorgar previsibilidad y sustento a las familias rurales durante los meses de paralización de la cosecha.
Finalmente, desde el Movimiento Agrario de Misiones (MAM), su referente Salvador Torres respaldó la creación de este instrumento legal de emergencia y abogó por un retorno a los esquemas de regulación de la actividad yerbatera. Para el dirigente del MAM, la historia económica de la región demuestra que la pequeña agricultura familiar solo logra condiciones de sustentabilidad y equidad distributiva cuando existen mecanismos estatales de arbitraje. “Hay una crisis muy profunda en el sector y sí o sí es necesario que el Estado intervenga”, concluyó, sumando la fuerza de su organización al reclamo colectivo de una tarifa sostén para la hoja verde.
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