La crisis estructural que atraviesa la cuenca yerbatera ha sumado un respaldo institucional de peso en el ámbito social y religioso. El obispo de la Diócesis de Posadas, monseñor Juan Rubén Martínez, mantuvo una reunión clave con referentes y productores del sector yerbatero de la provincia de Misiones. Durante el encuentro, el prelado analizó el impacto directo que la desregulación de la actividad tiene sobre las familias rurales, respaldó formalmente el pedido de declaración de emergencia sectorial y cuestionó con dureza el enfoque macroeconómico del gobierno nacional encabezado por el presidente Javier Milei, advirtiendo que las metas fiscales no deben consolidarse a expensas de la exclusión social.
“Todo proyecto económico si no incluye a la gente no nos sirve para nada”, disparó el obispo de Posadas, quien diferenció la composición socioproductiva de la provincia de Misiones respecto a otras regiones de la Argentina. De acuerdo con sus declaraciones, la fisonomía agraria local se caracteriza por una alta densidad de minifundistas y trabajadores rurales: “Nuestra realidad en Misiones hace que tengamos miles de pequeños productores y tareferos que son todos pobres en realidad, es otra cosa cuando uno va a la Sociedad Rural y escucha por ahí a grandes terratenientes”.
Durante la audiencia concedida a los representantes agrarios, se expuso cómo la depresión de los ingresos en el eslabón primario de la cadena yerbatera se traslada de forma inmediata al consumo y a la actividad comercial de las localidades del interior misionero. El titular de la diócesis capitalina detalló que la problemática excede las fronteras de las chacras y genera un efecto de arrastre negativo en toda la economía regional.
“Comentaban las consecuencias que traen en nuestros pueblos porque que todos estén deprimidos económicamente y socialmente hace que por ahí no funcione un supermercado, no funcionen comercios”, remarcó Juan Rubén Martínez, al tiempo que advirtió sobre las preocupantes consecuencias humanitarias de la crisis, tales como la falta de alternativas laborales y el inicio de un proceso de migración transfronteriza. Según la descripción del obispo, la falta de rentabilidad en la cosecha local está empujando a los tareferos a cruzar la frontera de manera temporal: “Hoy muchos no pueden sobrevivir y se cruzan al lado brasileño”, alertó, señalando además que el escenario tiende a agravarse con la finalización del calendario agrícola, ya que “dentro de poco termina también la etapa de la cosecha y después vienen problemas peores”. Ante este panorama, la Comisión de Justicia y Paz de la diócesis ya se encuentra analizando la viabilidad técnica y política de convocar a una mesa de emergencia sectorial.
En su análisis sobre la coyuntura nacional, el obispo de Posadas no eludió el debate sobre el rumbo económico de la administración federal y su correlato en las provincias. El religioso insistió en que el éxito de una política económica debe evaluarse en función de la integración de la población en la estructura productiva y no únicamente a través del equilibrio de las variables fiscales.
“Queremos estabilidad, pero en una situación en que esos números se logren con la gente. Sin la gente, con números que vayan cerrando en lo macro pero que la pobreza y las situaciones sociales estén muy mal, eso nos daña profundamente”, argumentó el prelado. Asimismo, transmitió un mensaje de resiliencia y articulación colectiva para los tareferos y colonos de la provincia: “El mensaje es que la esperanza en Dios nos ayuda a que tengamos fortaleza en este momento, nunca hay que bajar los brazos. En estos momentos difíciles es clave juntarse y organizarse”.
Pérdidas millonarias y el reclamo de un precio sostén
La representación técnica y gremial de los productores estuvo encabezada por Hugo Sand, referente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), quien calificó la situación del precio de la hoja verde como un “problema humanitario”. El dirigente agropecuario apuntó de manera directa contra la pérdida de potestades de regulación de precios del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) a partir de las normativas de desregulación dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional.
“Jamás de los jamases ellos van a competir entre sí para mejorar los precios. Se ponen de acuerdo para bajar los precios. Y esa unión que hacen los industriales para bajar los precios repercute luego en la miseria que hay en el interior”, denunció Hugo Sand. Según los cálculos presentados por la entidad agropecuaria, el impacto de la desregulación ha significado una transferencia de recursos masiva en detrimento de los productores primarios: “Hemos dejado de percibir 200.000 millones de pesos por año, desde que asumió Milei, cuando desreguló el Instituto Nacional de la Yerba Mate por esta política totalmente errónea y nefasta hacia nuestro sector”.
Frente a esta situación, el sector productivo adelantó que presentará formalmente ante el gobernador de la provincia, Hugo Passalacqua, un proyecto de ley de emergencia yerbatera que contemple la reinstauración de un precio mínimo sostén garantizado por el Estado provincial mediante sus mecanismos institucionales. Hugo Sand detalló el desfasaje financiero que sufren las chacras al precisar que “el precio hoy debería ser arriba de 700 pesos el kilo de hoja verde, si lo fijamos a 50 centavos de dólar como siempre venimos haciendo desde el INYM. Pero si lo ajustamos por inflación, supera los 1.100 pesos, y estamos cobrando 230 a 280”. Esta brecha entre los costos de producción y los valores de liquidación vigentes en el mercado desregulado es el principal argumento técnico que fundamenta la urgencia del reclamo sectorial.
