En su cruzada contra lo que define como el “monopolio” de la vacuna contra la fiebre aftosa, el ministro de Desregulación intervino de forma directa en el Senasa para destrabar la importación de dosis extranjeras, ahora con Colombia como nuevo proveedor potencial.
Federico Sturzenegger volvió a quedar en el centro de la escena. A dos años de iniciada la gestión de Javier Milei, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado profundizó su embestida contra el mercado de la vacuna contra la fiebre aftosa, un insumo clave para la ganadería argentina. Su objetivo declarado es terminar con lo que considera un monopolio abusivo, pero los métodos elegidos, las presiones institucionales y los atajos regulatorios comienzan a encender alertas dentro y fuera del sistema sanitario.
Desde hace meses, Sturzenegger viene señalando al laboratorio Biogénesis Bagó como el principal responsable de un supuesto sobreprecio en la vacuna antiaftosa. El argumento es conocido: mientras en Argentina cada dosis llegó a costar alrededor de 2 dólares, en países vecinos el mismo insumo se comercializaba por valores sensiblemente menores. Sobre ese dato real, el ministro construyó una ofensiva política que incluyó críticas públicas, comparaciones con viejos “poderes concentrados” y una presión constante sobre el Senasa para flexibilizar normas sanitarias.
La pelea no fue gratuita. En el camino quedó la renuncia de Pablo Cortese, entonces presidente del organismo sanitario, quien se resistió a llevar la desregulación hasta los extremos exigidos por el ministro. Cortese había advertido que relajar ciertos controles podía comprometer estándares construidos durante décadas en materia de sanidad animal y estatus sanitario internacional.
Que la vacuna argentina haya sido cara es un hecho que incluso el propio sector reconoce. De hecho, las primeras quejas públicas surgieron desde entidades rurales, que advirtieron sobre la brecha de precios con países limítrofes. Sin embargo, en esa discusión quedaron convenientemente fuera del foco otros factores determinantes. Uno de ellos es el esquema local de vacunación: dos campañas anuales obligatorias sobre un rodeo de más de 51 millones de cabezas, administradas por un entramado de fundaciones sanitarias que también agregan costos al sistema.
A eso se sumó una responsabilidad directa del propio Estado. Durante meses, el Gobierno demoró la reglamentación que excluye de la segunda vacunación anual a los animales menores, una medida largamente consensuada que recién comenzará a regir en 2026. Según estimaciones del Senasa, ese cambio permitirá un ahorro de unos 22 millones de dólares anuales para los productores. La resolución estuvo lista desde mediados de 2024, pero quedó inexplicablemente archivada.
El llamado “costo argentino” y el atraso cambiario completaron el cuadro. Bajo presión oficial, Biogénesis Bagó y el laboratorio CDV —el otro productor local— anclaron el precio de venta de la vacuna en torno a los 1.400 pesos por dosis. Con la devaluación reciente, ese valor equivale hoy a cerca de un dólar, sin contar el costo de aplicación. Aun así, la ofensiva política no se detuvo.
Lejos de convocar a todos los actores para rediscutir reglas, transparentar costos o fortalecer mecanismos de control estatal, Sturzenegger optó por una estrategia directa: importar vacunas para forzar una baja de precios. Para ello, impulsó una serie de modificaciones regulatorias que alteraron de manera significativa el marco sanitario vigente.
Una de las primeras decisiones fue reducir las exigencias sobre las cepas que debía cubrir la vacuna. La formulación local pasó de ser tetravalente a bivalente, alineándose con estándares regionales y facilitando el ingreso de productos importados. En paralelo, se desmontaron procedimientos de análisis y evaluación que históricamente habían funcionado como una barrera sanitaria, a veces engorrosa, pero central para preservar el estatus libre de aftosa.
El paso más controvertido fue la creación del régimen de “países equivalentes”. A partir de esa resolución, Senasa y la Aduana deben aceptar medicamentos veterinarios provenientes de determinados países sin exigir el proceso completo de registro, bastando una declaración jurada. En la lista figuran Estados Unidos, la Unión Europea, Gran Bretaña, Israel, Suiza y, de manera llamativa, Uruguay como único socio del Mercosur. La omisión inicial de Brasil y Paraguay obligó a una corrección de urgencia apenas 48 horas después.
Brasil era la pieza clave del plan original. No solo por su peso regional, sino porque desde allí se buscaba importar la vacuna capaz de “romper” el mercado argentino. El laboratorio Tecnovax había avanzado en un acuerdo con la firma paulista Ourofino para traer dosis brasileñas, pero una sucesión de trabas administrativas desde el Senasa frustró esos intentos.
El problema de fondo es que Brasil dejó de vacunar. En mayo de 2023 interrumpió la aplicación de la vacuna para avanzar hacia el estatus de país libre de aftosa sin vacunación, condición que finalmente obtuvo en 2025. Las últimas dosis producidas por Ourofino vencieron y la reactivación de la planta quedó atada a la creación de un banco de antígenos, una reserva estratégica para eventuales brotes.
Cuando el Ministerio de Agricultura brasileño anunció que ese banco se instalaría en Paraná y estaría a cargo del instituto estatal Tecpar, con Biogénesis Bagó como socio estratégico, el plan de Sturzenegger quedó seriamente herido. La empresa argentina, además, ya opera bancos similares en Estados Unidos, Canadá, Argentina y varios países asiáticos.
Ese anuncio fue leído en el Gobierno como un revés político. Y allí comenzó a tomar forma un nuevo giro. Según relataron fuentes oficiales, Sturzenegger se presentó personalmente esta semana en la sede central del Senasa, donde se reunió a puertas cerradas con su nueva presidenta, María Beatriz “Pilu” Giraudo, y con Alan Wauters, gerente general de Calier Argentina, empresa perteneciente al grupo español Indukern.
Calier tiene plantas de producción en España y Colombia y presencia en más de una decena de países. La alternativa que empezó a explorarse es importar vacunas antiaftosa producidas en Colombia, un país que, al igual que Argentina, continúa vacunando. Allí, la producción se concentra en firmas como VECOL y LIMOR, bajo la supervisión del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
VECOL, de origen estatal, informó haber entregado más de 42 millones de dosis durante la campaña 2024. Es esa empresa la que ahora aparece en el radar del ministro como potencial proveedora del mercado argentino. La vacuna en cuestión cumple con los requisitos actuales del Senasa, al contener las cepas A24 Cruzeiro y O1 Campos.
El principal obstáculo es que Colombia no figura en el listado de países equivalentes. Pero la ingeniería regulatoria ya encontró una salida: importar las dosis vía Uruguay, país reconocido por el Senasa, para luego ingresarlas a la Argentina de manera “tercerizada”, evitando así controles más estrictos.
Aún resta saber si los actores privados avanzarán con la operación. Lo que sí está confirmado es la intervención directa del ministro para destrabarla. Con Brasil fuera de juego, Colombia aparece como el nuevo plan B en una cruzada que, más que sanitaria, se ha vuelto política.
Mientras tanto, el debate de fondo sigue pendiente: cómo garantizar precios razonables sin erosionar la institucionalidad ni poner en riesgo uno de los pilares históricos de la sanidad animal argentina. En esa tensión, Sturzenegger parece decidido a no ceder, aun cuando el equilibrio entre desregulación y responsabilidad pública comience a tambalear.
Misiones | La crisis yerbatera tras la desregulación golpea con fuerza a la cooperativa Km 16: “Les debemos a los productores la cosecha a fin de zafra, no tenemos cómo pagarles”https://t.co/suvaZ5yZeq
— misionesonline.net (@misionesonline) December 24, 2025
