Ricardo Maciel asumió como subsecretario de Asuntos Yerbateros y advirtió que la “crisis” de la que se habla en torno al sector no es de consumo, sino de “distribución de ganancias”. Señaló que el precio de la hoja verde quedó por debajo del costo, reclamó herramientas legales y alertó sobre el riesgo de concentración.
La designación de Ricardo Maciel como subsecretario de Asuntos Yerbateros del Ministerio del Agro de Misiones abrió una nueva etapa en la estrategia provincial frente a la crisis que atraviesa el sector.
El funcionario, que continua como integrante del directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), asumió el desafío en un contexto marcado por la caída del precio de la hoja verde como consecuencia de las medidas del gobierno nacional.
Maciel reconoció que la coyuntura resultó compleja, aunque valoró el rol que le tocó asumir: “Sí, en un momento complicado, pero un lindo desafío como para tratar que en forma conjunta podamos revertir esta situación que se profundizó a partir de determinadas decisiones políticas que desregularon al organismo que fue creado para justamente corregir una situación como la que estamos pasando hoy”.
Según explicó, el gobernador Hugo Passalacqua le pidió priorizar la articulación y el consenso entre los distintos actores del sector, más allá de las diferencias políticas o de intereses. “Articulación con todos los actores, donde no haya esa disputa y esa pelea entre los mismos productores muchas veces, o enfrentados, o cada uno opinando cuál es la vía, el camino a desarrollar, sino tratar de acordar un esquema y que avancemos todos juntos detrás de ella”, señaló y agregó que el objetivo fue “sumar todos aquellos que de alguna manera quieren o tienen para aportar, mientras sea para mejorar la situación”.
La prioridad: el precio de la hoja verde
La prioridad inmediata, remarcó, es el precio que reciben los productores. Sin embargo, advirtió que la ausencia de herramientas legales complicó cualquier intento de corrección. “La prioridad es el tema precio, por supuesto, siempre. Pero el tema es cuando no tenés elementos legales o herramientas legales de exigencia, se complica mucho. Y esto no es ahora, sino que ya nos pasó y fue la causal de la creación del instituto”.
En ese sentido, recordó que la provincia insistió ante la Corte Suprema para que el Inym recupere facultades que le permitan intervenir. Mientras tanto, sostuvo que se debieron explorar alternativas. “Lo esencial es mejorar el pago a los productores. Muchos plantean que el negocio yerbatero está en crisis y no es así. Lo que está en crisis, otra vez, es la distribución de la ganancia que genera ese negocio yerbatero”, arguyó.
Maciel detalló que los indicadores comerciales no mostraron un derrumbe del sector. “Vos mirás los números y el mercado interno, a pesar de la crisis de consumo que hay en distintos productos, estamos mejorando comparativamente a lo que fue el año pasado. Exportación estamos muy bien y con una línea de crecimiento hacia afuera realmente muy interesante”.
El problema, indicó, apareció cuando esas mejoras no se trasladaron al precio de la materia prima. “Si esa mejor venta, tanto del mercado interno o mercado externo, no se traduce en mejores condiciones de la compra de materia prima, no tiene mucho sentido”.
El funcionario alertó que los valores ofrecidos durante la zafriña quedaron muy por debajo de lo necesario para sostener la producción. “Los valores que se están ofreciendo en esta zafriña, haciendo un testeo en distintos lugares, realmente es muy bajo. Es menos de la mitad del costo de producción”.
Al referirse al funcionamiento del mercado, Maciel cuestionó la asimetría entre productores e industrias. “El productor negocia libremente, pero es muy difícil que el productor con poca capacidad de negociación, no por condiciones sino por el volumen que maneja, pueda discutir de igual a igual. Hay uno que impone las condiciones”, indicó.
“El productor tiene el principal costo de producción, que es la mano de obra, regulado por ley, lo mismo que otros costos como el combustible, que todos los días va creciendo. No hay compatibilidad entre esa libertad que se manifiesta con el condicionamiento que tiene el productor”, agregó.
En paralelo, confirmó que el gobernador le solicitó continuar en el Inym para sostener la representación provincial: “Antes, hasta hace dos años atrás, toda la política yerbatera la resolvíamos dentro del ámbito del Inym. Al estar acotadas las herramientas, nos ponemos también dentro de la estructura del Ministerio para ver de qué manera contrarrestamos esta situación desde dos espacios”.
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Sobre la normalización del instituto, consideró clave la designación del presidente. “El primer paso fundamental era que Nación defina a su representante porque es la figura legal que normaliza al instituto”, afirmó. No obstante, aclaró que mientras no se restituyan formalmente las facultades, el organismo “legalmente, no puede convocar a sesiones de precios”.
Las diferencias con el negocio yerbatero correntino
Por otro lado, analizó la relación con Corrientes, provincia que sostuvo históricamente una postura distinta en el esquema yerbatero. “Corrientes tiene un modelo de desarrollo muy diferente al nuestro. Ellos tienen una integración vertical mucho mayor, donde los productores son secaderos y molinos”, explicó.
Aun así, advirtió que la competencia a la baja terminó afectando a todos. “Esta situación también va a arrastrar a las grandes industrias. No sirve para nadie que los precios se paguen cada vez más hacia la baja”, afirmó, y remarcó que los productores misioneros resultaron los más perjudicados por su perfil mayoritariamente primario.
Como proyección del escenario hacia 2026, descartó soluciones inmediatas y apostó a un trabajo colectivo. “No hay una solución mágica y menos de una subsecretaría o de un ministerio. Necesitamos una herramienta legal o administrativa para encauzar y controlar. Tenemos el control físico del producto, pero nos falta el control del flujo económico de cómo se pagan esas condiciones”.
Finalmente, insistió en la necesidad de recuperar un precio de referencia. “La regulación no es cortar libertad a la industria. Lo que la ley del Inym determinaba era poner un piso del precio a la materia prima para los productores y que la competencia a partir de ese piso sea libre”, explicó. Y concluyó con una advertencia histórica: “En los 90 hubo un proceso de concentración muy grande. Si esta situación se mantiene, vamos a tener nuevamente esa concentración y queremos evitarlo”.
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