Las asociaciones yerbateras difundieron un duro comunicado en el que cuestionan las decisiones recientes del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Advierten sobre la pérdida de facultades, la falta de regulación y un escenario crítico para productores y tareferos.
Antonio Franca, titular de la Asociación Civil de Productores y Tareferos del Alto Uruguay – Radio Santa María de las Misiones.
Las asociaciones yerbateras encendieron una señal de alarma al emitir un comunicado titulado “El INYM ¿De mi ley o del sector yerbatero?”, en el que cuestionan con dureza el rumbo que viene tomando el Instituto Nacional de la Yerba Mate y el impacto directo que sus decisiones están teniendo sobre los productores. El documento refleja un profundo malestar y una creciente incertidumbre en toda la cadena productiva.
Antonio Franca, titular de la Asociación Civil de Productores y Tareferos del Alto Uruguay, describió el momento como “muy complejo” y aseguró que lejos de traer alivio, el reciente nombramiento de un presidente en el INYM profundizó la preocupación. “Esperábamos señales de mejoría, pero ocurrió todo lo contrario: hoy hay más inquietud, más crisis y hasta una crisis institucional”, afirmó, al recordar que el Instituto estuvo casi dos años acéfalo.
Según explicó, el actual presidente asumió sin contar con todas las facultades previstas en la Ley 25.564, marco normativo que durante más de dos décadas ordenó la actividad. “Durante más de 20 años, con altos y bajos, la actividad funcionó y el productor pudo estabilizarse en su chacra. Hoy vivimos una incertidumbre total”, sostuvo Franca.
Uno de los puntos más sensibles tiene que ver con las resoluciones aprobadas por el directorio, que, según denuncian las asociaciones, perjudican gravemente al sector. “Se tocaron aspectos clave como la fiscalización y los registros, y se despidió personal fundamental para el funcionamiento del Instituto. Esto no sólo nos afecta a nosotros, también al consumidor, que ya no va a saber qué yerba está consumiendo”, advirtió.
Para Franca, la pérdida del rol original del INYM no es reciente. “Venimos perdiendo la espina dorsal del Instituto desde los primeros DNU, como el 2370, que buscó eliminar herramientas como la limitación de plantaciones. Esa regulación, mal o bien, funcionaba y equilibraba la cadena”, remarcó. A su entender, la eliminación de controles y de la fiscalización profundiza el desorden en el mercado.
La falta de un precio mínimo para la hoja verde es otro de los reclamos centrales. “No tenemos ni una referencia de precio base para el productor. Sin eso, la situación se agrava totalmente: no hay recursos, las chacras están abandonadas y los yerbales, especialmente en el Alto Uruguay, se están perdiendo”, describió.
El dirigente explicó que medidas como el aumento de la estampilla y de la corresponsabilidad gremial terminaron impactando negativamente en el precio que recibe el productor. “En nuestra zona se pagaban 70 pesos en planta y hoy bajaron a 60 o incluso 50. Mientras tanto, la yerba en góndola sigue subiendo, sobre todo en Buenos Aires. Esa desigualdad es inexplicable”, cuestionó.
En ese contexto, Franca advirtió que, si el Instituto no vuelve a operar en favor del productor, el conflicto podría escalar. “El INYM es nuestra casa, fue creado para el productor yerbatero. No es una amenaza, pero hay un malestar enorme. Ojalá el tractorazo quede en la historia, pero la situación recuerda a momentos muy duros”, expresó.
Respecto al diálogo institucional, reconoció que el Gobierno de Misiones mantiene canales abiertos, pero señaló que no ocurre lo mismo con la conducción actual del INYM. “Ni la provincia ni los directores de producción están teniendo respuestas del presidente, que asumió hace apenas dos meses. Da la sensación de que no entiende lo que significa la actividad yerbatera”, afirmó.
Entre las medidas que reclaman para recuperar el rol del Instituto, Franca fue contundente: restitución plena de las facultades del INYM, regulación de la actividad, control de calidad y un precio mínimo para el productor. “Sin eso, los secaderos chicos no arrancan, la zafriña no empezó y la zafra gruesa está en duda. Hay cooperativas fundidas y nadie quiere hacer un kilo de hoja verde”, advirtió.
El impacto también se siente con fuerza entre los tareferos. “El trabajador está peor que el productor. Hoy se pagan 40 o 50 mil pesos la tonelada, que no se junta en un día sino en dos. Muchos están migrando a Brasil u otros lugares porque no hay cosecha”, relató, y calificó la situación como “muy triste”.
Si bien no prevé un desabastecimiento inmediato en góndola, Franca alertó sobre una posible quiebra masiva de pequeños y medianos productores, cooperativas y secaderos. “Estamos atravesando el peor momento de los últimos 20 años. Ni en los 90 estuvimos tan complicados. Por eso necesitamos que se escuchen nuestras voces y se recupere el sentido original del INYM”, concluyó.
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