Las entidades de productores y cooperativas yerbateras que impulsan la demanda contra la desregulación de la actividad volverán a la Justicia para intentar que el expediente se tramite de manera unificada. La decisión surge luego de que la Cámara Federal de Apelaciones confirmara que la causa deberá dividirse entre los juzgados federales de Oberá y Puerto Iguazú, una resolución que, según la defensa, podría derivar en criterios judiciales diferentes sobre un mismo conflicto.
El planteo judicial fue presentado en abril por referentes de distintos sectores de la producción yerbatera de Misiones, quienes buscan que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 164 al 168 del DNU 70/2023. Esas disposiciones eliminaron facultades históricas del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), entre ellas la posibilidad de establecer el precio de referencia para la hoja verde y la yerba mate canchada, una herramienta que durante más de dos décadas reguló las negociaciones dentro de la cadena productiva.
La demanda fue promovida por el presidente de la Asociación Civil Impulso Yerbatero, Jorge Skripczuk; el titular de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam), Hugo Sand; el presidente de la Cooperativa Río Paraná Limitada, Salvador María Torres; el presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte, Julio Alfredo Petterson; el titular de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones (Fecam), Edgar Gustavo Hein; y el referente de la Asociación de Productores y Tareferos del Alto Uruguay, Antonio Rodríguez Franza.
En el escrito, que supera las 130 páginas, las entidades sostienen que el Poder Ejecutivo modificó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia aspectos esenciales de una ley aprobada por el Congreso sin que existieran las condiciones excepcionales previstas por la Constitución. A criterio de los demandantes, la medida desnaturalizó el funcionamiento del INYM y dejó sin mecanismos de protección al sector primario, profundizando la crisis económica que atraviesan miles de productores.
El abogado patrocinante de la presentación, Federico Padolsky, explicó que la eliminación de las atribuciones del organismo cambió por completo su función institucional. “Se produjo un cambio de naturaleza jurídica en la institución, que pasó de ser un órgano de concertación entre todos los integrantes de la cadena yerbatera a convertirse en un simple apéndice de la industria”, sostuvo.
La Cámara confirmó la división del expediente
Aunque la demanda fue presentada originalmente ante el Juzgado Federal de Posadas, ese tribunal se declaró incompetente por una cuestión territorial y dispuso que las actuaciones fueran remitidas a los juzgados federales correspondientes al domicilio de los demandantes. La Cámara Federal de Apelaciones ratificó posteriormente ese criterio.
Como consecuencia, el expediente quedó dividido. La presentación realizada por Julio Petterson continuará su trámite en el Juzgado Federal de Puerto Iguazú, mientras que las acciones impulsadas por Jorge Skripczuk, Hugo Sand, Salvador María Torres, Edgar Hein y Antonio Rodríguez Franza fueron remitidas al Juzgado Federal de Oberá.
La defensa de los productores adelantó que recurrirá nuevamente a la Justicia para que el expediente vuelva a concentrarse en un solo juzgado. Según argumentan, tratar un mismo planteo en procesos separados incrementa el riesgo de que existan fallos contradictorios y genera un desgaste procesal innecesario.
“Consideramos que no corresponde que esta causa sea tratada de forma fragmentada. Vamos a solicitar su unificación por razones de economía procesal, para mantener un criterio único y evitar resoluciones incompatibles entre sí”, afirmó Padolsky.
Además del planteo de fondo, las entidades solicitaron una medida cautelar para suspender la aplicación de los artículos cuestionados del DNU 70/2023 y del Decreto 812/2025 hasta que exista una sentencia definitiva. Sin embargo, como el Juzgado Federal de Posadas se declaró incompetente antes de ingresar al análisis del expediente, ese pedido todavía no fue resuelto.
Mientras la discusión sobre la competencia continúa, la cautelar permanece sin tratamiento y los productores sostienen que la actividad sigue enfrentando las consecuencias de la desregulación sin una respuesta judicial inmediata.
